Por: Redacción CRITERIO.HN
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Entre el 2010 y 2014 gobernados por Porfirio Lobo Sosa desde el ejecutivo y Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras consolidaron su poder conquistado durante el golpe de estado militar ejecutado en junio del 2009, contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales.
En ese momento, Honduras atravesaba por una severa crisis de violencia que con una tasa de criminalidad de 87 asesinatos por cada 100 mil habitantes era el país más violento del mundo.
Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil iniciaron esfuerzos para disminuir los índices de criminalidad e incidieron en el gobierno para revisar la institucionalidad y finalmente determinar que al menos cinco direcciones de la Policía Nacional estaban contaminadas de corrupción y que muchos de los asesinatos eran ordenados y ejecutados por policías.
La criminóloga, Arabesca Sánchez, explica que para empujar un proceso de depuración en ese momento conformaron la Comisión de Reforma de la Justicia y la Seguridad, pero alternamente, el Congreso Nacional y el Ejecutivo inician las acciones para incorporar a las Fuerzas Armadas en las actividades de seguridad ciudadana.
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Agregó, que para cumplir la promesa de campaña de Juan Orlando Hernández, en abril del 2014 aprobaron la Ley de la Policía Militar argumentada en que los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República las facultan a contribuir en orden público y a colaborar con las demás instituciones en situaciones de emergencia.
“Juan Orlando Hernández incorpora a las Fuerzas Armadas a la política de seguridad ciudadana”, dice Arabesca Sánchez, en su participación el foro, Militares y Pandemia en medio de un País sin Garantías Constitucionales”, desarrollado este jueves 13 de agosto por el centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Sostuvo, que al inicio, la gente pensó que la policía Militar solo era para darle acompañamiento a Policía Nacional, en los temas de crimen organizado y delitos transnacionales. Sin embargo, les delegaron funciones como las de dirigir las secretarías de Seguridad y de Defensa, en sustitución de los civiles que desempeñaban esos puestos.
Afirmó, que también crearon la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) con un papel protagónico de la Policía Militar en los temas de expropiaciones, capturas a personas extraditables y con representantes en todos los aportes que hace Honduras a nivel centroamericano en el tema de crimen organizado, y que luego, aparecieron los escudos marítimos y terrestres que supuestamente servirían para el combate del tráfico de drogas.
Asimismo, sostuvo que en el Marco de la pandemia, a través de los Decretos PCM, también se les ha delegado al acompañamiento de la Salud de Salud en todas las labores relacionadas con el Covid 19 y los servicios epidemiológicos de orden público, labor que se acrecentó con los decretos de toque de queda porque son los militares los que ejecutan las detenciones por no atender las medidas de restricción para circular.
En la entrega de medicinas, alimentos y hasta en los protocolos de bioseguridad, las Fuerzas Armadas han sido protagónicas en los últimos cinco meses de emergencia.
A los militares también les asignaron millonarios recursos para la compra de insumos médicos y equipos para el combate de la enfermedad. A ellos también les delegaron el manejo de los hospitales móviles.
Guardaespaldas de una figura ilegítima
Para el sociólogo, Eugenio Sosa, cuando se da un crecimiento desmedido del armamento y el aumento exponencial no solo del presupuesto nacional sino también con la tasa de seguridad, con préstamos y con las ayudas de otros países, mientras que la parte social de salud y educación se estancan o decrecen, Honduras demuestra que un país militarizado.
Aparte, Sosa dice, que no menos de 30 puestos importantes que deberían estar ocupados por personas civiles están en posesión de militares en condición de retiro.
“Podríamos afirmar que hay un buen sector del ejecutivo militarizado en migración y uno más reciente es el caso de INVEST-H” relató Sosa. Mencionó que hay varios militares que hasta han incursionado en la política partidaria y aspiran hasta a dirigir el país.
Reprochó, las declaraciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien hace unos días regañó a la a la oposición social y la llamó al silencio por las críticas contra el gobierno. “Eso significa falta de respeto a las fuerzas militares apolíticas no deliberantes, que se vuelven desafiantes y en guardaespaldas de una figura ilegítima como es Juan Orlando Hernández”, dice Sosa.
Coincide, que la pandemia también refleja ese protagonismo porque en toques de queda los militares son los llamados a garantizar el orden y el respeto de las medidas establecidas, que en el caso de Honduras con un gobierno ilegítimo la ciudadanía casi siempre las desafía.
En la última década en Honduras ha sido prevaleciente la presencia de militares en las calles reprimiendo protestas sociales, interviniendo instituciones como salud y educación y hasta ocupando titularidades de secretarías de estado y de otras entidades que son exclusivas de los civiles. Ante tal situación la pregunta es ¿Cuál ha sido la contribución de los militares en la construcción de la democracia?
