La energía cara es un impuesto oculto sobre toda la economía, y el Sr. Asfura tiene razón al señalar que la crisis de la ENEE es estratégica. Afecta la industria, el comercio, la agricultura, la inversión extranjera, la calidad de vida y, en consecuencia, la disponibilidad de recursos para los demás servicios esenciales. Sin energía confiable y competitiva, el crecimiento siempre encuentra un techo bajo que detiene el despegue.
En lo que no tiene razón el gobernante actual es en la idea de que privatizar la ENEE es la solución, poniéndola en manos del capital corporativo que cabildea por apropiársela y esconde su nombre propio y el de la acción. La empresa privada debe regirse por las reglas del mercado, mientras que la seguridad energética tiene un valor que trasciende lo puramente comercial. La industria energética de un país produce una sustancia preciosa, que ha llegado a ser vital para la civilización actual.
Solo tendría sentido abdicar por completo de la inversión y la operación públicas si existiera una gran abundancia de capital y una verdadera competencia entre numerosos inversores, como ocurre en algunos países ricos. En muchas de las economías más avanzadas, el Estado mantiene, sin embargo, una presencia decisiva en el sector —mediante empresas nacionales, regionales o municipales— porque la seguridad energética se considera demasiado importante para dejarla exclusivamente al mercado.
En nuestra condición actual de búsqueda de desarrollo, el Estado debe además asegurar el suministro de la energía más barata posible, mediante inversiones cuya rentabilidad solo se recupera a muy largo plazo para la dinámica de la corporación privada. También debe contribuir a la actualización tecnológica permanente del sistema.
En Honduras, una privatización fragmentada como la que se está planteando en el Congreso Nacional produciría, tarde o temprano, un nuevo monopolio con capacidad para imponer condiciones al país., so pena de extorsión.
Recursos para la producción limpia existen. Aún contamos con agua en varias regiones, y un potencial hidroeléctrico, además de sol tropical, alguna geotermia, viento y potencial mareomotriz en dos océanos. Y la tecnología de generación y almacenamiento evoluciona aceleradamente.
Lo que nos hace falta es cooperación internacional genuina, capacidad técnica e inversión sustancial. Debemos buscarlas sin prejuicios ni exclusiones: inversiones para generar, almacenar y transmitir energía de manera eficiente.
Acaso por sabotaje externo, quizá por en parte por torpeza administrativa, pero sobre todo por la perversa politización partidaria de su administración —más que por una falla inherente al modelo público—, los gobiernos, dizque democráticos, no han logrado construir una empresa eficiente, como el ICE costarricense. Aunque hoy padezca graves achaques, la ENEE es hermosa: custodia un patrimonio inestimable.
Se afirma machaconamente que la deuda de la empresa es impagable y que no existe capital para realizar las inversiones necesarias para volverla eficiente y rentable. Pero ese diagnóstico olvida el mayor de los capitales: el capital social del país. Se ahogan así en la lógica interesada de un supuesto falso: que el único capital disponible es el financiero.
Democraticémosla de verdad, la ENEE, señores diputados. Abramos su propiedad a la clase media con capacidad de ahorro, a los trabajadores organizados del sector industrial y a los cooperativistas; también a los empresarios, a las municipalidades fortalecidas y, en general, a todos los usuarios de la electricidad, que son los principales interesados en su buen funcionamiento, y a los buenos empleados de la misma ENEE, de quienes es doblemente patrimonio.
Veamos entonces si sigue mal administrada, si se toleran los paracaidistas, las corruptelas, la negligencia y la pereza. No es una idea original mía. La ha propuesto desde hace varios años Lorenzo Pineda, respetado empresario, financista y ejecutivo, pero también compatriota responsable.
Pongamos en el mercado la capitalización de una mitad de la propiedad de la empresa, abierta exclusivamente a ciudadanos hondureños de buena fe, naturales y jurídicos, con acciones de L. 500. Entonces veremos si realmente falta capital.
