Tegucigalpa, Honduras. – No bastó con el desalojo de las tierras que cultivaban, ni con que sus cosechas de valeriana fueran arrasadas el pasado 6 de agosto. Ahora, la comunidad de El Tulito, en Choluteca, enfrenta la amenaza de un segundo desalojo que podría reducir aún más las escasas tierras que les quedan para cultivar y pastorear su ganado.
Esta es la denuncia que realizaron desde el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida) y la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, luego que el 1 de septiembre un supuesto representante de la empresa ganadera “La Matilde” arribó a la comunidad acompañado por la Policía Nacional, y presuntamente sin contar con una orden judicial, a realizar un desalojo.
Desde la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos exigieron se investigue y garantice la integridad de las familias y evite cualquier acción de desalojo que no sea respaldada por el debido proceso y las garantías legales correspondientes.
Al jefe regional de la Policía Nacional en la zona sur, comisionado José Anariba Martínez, presentaron una solicitud urgente en representación de las 86 familias campesinas y la empresa asociativa campesina El Nuevo Amanecer, para que dicha institución se abstenga de ejecutar el desalojo solicitado por la empresa Ganadera La Matilde, en tanto no exista fundamento jurídico, autoridad competente y garantías procesales para las personas afectadas.
“Las familias de El Tulito ya han enfrentado un primer desalojo y actualmente se pretende nuevamente privarlas de la poca tierra que les queda, afectando directamente sus viviendas, cultivos, animales, producción y medios indispensables de subsistencia”, lee el escrito dirigido al jefe policial regional.
Además, el escrito cuestiona que la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026) sea utilizada para que la Policía Nacional resuelva unilateralmente una disputa sobre propiedad o ejecute un desalojo únicamente a solicitud de una empresa privada.
Noticia relacionada: Expertos de la ONU cuestionan Ley Agroindustrial y reforma antiterrorista en Honduras
Precisamente sobre este punto, el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales y tres relatores especiales de Naciones Unidas cuestionaron al Estado el pasado 21 de agosto, sobre el artículo 6 del Decreto 107-2026, al advertir que permite ordenar desalojos inmediatos sin autorización judicial previa. Señalaron que esta disposición podría socavar el acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a ser oído, además de impedir que un juez valore los derechos e intereses en conflicto antes de ordenar un desalojo.
Desde MASSVida lamentaron que mientras al expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump por delitos ligados al narcotráfico, y a quien recientemente un juzgado otorgó un sobreseimiento definitivo por la supuesta comisión de los delitos de fraude y lavado de activos en el caso Pandora II, a los campesinos y campesinas de El Tulito se le criminalice y trate como delincuentes.
Tanto desde MASSVida, como la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, se exige el cese inmediato del hostigamiento, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento del debido proceso.
Denia Castillo, de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, explicó en agosto que la comunidad de El Tulito se estableció en 1964 y que las tierras están tipificadas como nacionales. Solicitudes previas de desalojo fueron declaradas sin lugar por los juzgados, debido a que aún no se ha establecido con precisión la ubicación de los terrenos en disputa con los agroindustriales.
Previo a la entrada en vigencia de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, seis solicitudes de desalojo contra la comunidad fueron declaradas sin lugar, planteó Denia Castillo, de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, el pasado 6 de agosto, cuando se ejecutó el primer desalojo contra la comunidad de El tulito.
Desde que inició el conflicto socio territorial, 76 personas han recibido requerimientos fiscales, según informó la abogada Denia Castillo en agosto. De ellas, 37 enfrentan medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y deben presentarse periódicamente ante los juzgados, mientras nueve permanecen bajo arresto domiciliario, acusadas de usurpación.
La comunidad de El Tulito, Choluteca, fue la segunda ejecución de desalojo conocida mediáticamente a la luz de la cuestionada normativa. Previamente se efectuó un desalojo violentó en la comunidad garífuna de San Juan, en el Caribe hondureño, que culminó en la detención y criminalización bajo la figura de usurpación de cinco personas defensoras del territorio.
Actualmente, integrantes del pueblo garífuna permanecen frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir el cese del proceso contra las cinco personas defensoras, mientras las autoridades judiciales, lejos de atender su demanda, han trasladado la responsabilidad del desencuentro a los propios garífunas, al afirmar a la red de medios corporativismo que son ellos quienes se niegan a reunirse.
Apoya el periodismo independiente
Para seguir leyendo noticias y coberturas que importan, añade a Criterio.hn a tus preferencias de contenido y recibe nuestras actualizaciones directamente en tu feed.
Añadir Criterio.hn a mis preferencias