Juan Orlando Hernández, expresidente indultado, vuelve al país para enfrentar el caso Pandora II, en un proceso que pondrá a prueba la independencia del sistema judicial y la capacidad del Ministerio Público para actuar contra un expresidente que aún conserva influencia política.
Mientras el expresidente enfrentará una acusación por desvió de 62 millones de lempiras, persisten interrogantes sobre decenas de denuncias registradas durante su mandato que nunca derivaron en requerimientos fiscales.
Tegucigalpa, Honduras. – El retorno de Juan Orlando Hernández (JOH) a Honduras, tras recibir un indulto en Estados Unidos, no solo marca el inicio de un proceso judicial por el denominado caso Pandora II, sino que también reabre el debate sobre la capacidad del sistema judicial hondureño para procesar a una de las figuras políticas más controvertidas del país y que anticipa una nueva etapa de polarización política.
Después de permanecer poco más de cuatro años fuera del país, luego de haber sido extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión por delitos de tráfico de armas y droga, Hernández regresó el domingo 26 de julio a bordo de un lujoso jet privado que despegó de Fort Lauderdale a las 8:19 a.m. hora de Miami y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA) a las 8:35am saltándose los controles migratorios que son obligatorios en todas las terminales aéreas del mundo.
El exmandatario fue recibido por familiares y simpatizantes del Partido Nacional, quienes lo acompañaron desde su llegada hasta su salida de la terminal aérea desde donde Salió hacia la Finca Rocío Celeste, en la Villa de San Antonio, Comayagua, donde brindó un discurso y culminó con un mitin en las afueras del Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.
Más allá del regreso de Hernández y el apoyo brindado por las bases y líderes de su partido, esto ocurre mientras enfrenta una imputación del Ministerio Público por el presunto desvío de alrededor de 62 millones de lempiras en el caso Pandora II, una causa que también involucró a otros exfuncionarios y en la que tres de los acusados, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), ya obtuvieron sobreseimientos definitivos.
Sin embargo, el proceso judicial es apenas una de las aristas que deja su regreso. Analistas consultados por Criterio.hn consideran que la presencia de Hernández vuelve a colocar en el centro del debate la polarización política, la vigencia de las estructuras de poder construidas durante su administración y la fortaleza de un sistema de justicia que deberá demostrar independencia frente a un exmandatario que aún conserva respaldo político fuerte en el Partido Nacional.
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JOH PONE A PRUEBA EL SISTEMA DE JUSTICIA HONDUREÑO
El retornó de Hernández no solo reactiva uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos del país, el denominado caso Pandora II, heredado de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) sino que también abre un nuevo capítulo sobre la capacidad de las instituciones hondureñas para investigar y juzgar a uno de los políticos más poderosos de las últimas décadas.
Hernández deberá comparecer el próximo 3 de agosto por el proceso en el que el Ministerio Público lo acusa de los delitos de fraude y lavado de activos por el presunto desvío de al menos 62 millones de lempiras, recursos que, según la acusación fiscal, habrían financiado los movimientos políticos Azules Unidos y Amigos de JOH.
La acusación del Ministerio Público sostiene que entre 2010 y 2013 operó una red de corrupción integrada por funcionarios del Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola (Banadesa), mediante la cual se desviaron más de 288 millones de lempiras hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
Según la Fiscalía, parte de esos recursos terminó financiando proyectos políticos vinculados a Hernández Alvarado.
A juicio del abogado y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, el principal desafío será demostrar que las instituciones hondureñas son capaces de investigar y juzgar al expresidente con independencia.
Durante una conversación con Criterio.hn, el jurista señaló que Pandora II no debería ser la única investigación pendiente contra Hernández y considera que el Ministerio Público tiene el reto de determinar si otras denuncias e investigaciones abiertas reúnen los elementos suficientes para convertirse en requerimientos fiscales.
Acevedo también cuestionó que se haya planteado la designación de un juez natural para conocer el proceso, al considerar que Hernández ya no posee inmunidad alguna y debe ser tratado como cualquier ciudadano sometido a la justicia.
A su criterio, el comportamiento del sistema judicial durante este proceso será determinante para medir la independencia institucional del país.
En similares términos se pronunció el exjefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, al señalar que Juan Orlando Hernández no goza de ningún tipo de inmunidad, por lo que su proceso debe ser llevado en los Juzgados del Circuito Anticorrupción, y no en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Él (Juan Orlando) ya no ostenta el cargo de presidente ni de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). No obstante, creo que cuando los casos se dilucidan ante la Corte, ya todos sabemos de qué manera está integrada la Corte Suprema de Justicia”, dijo a un medio de comunicación el fiscal.
Por su parte el director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, aseveró que el proceso judicial contra el exmandatario hondureño es una prueba para el sistema judicial, que si bien es cierto ha enjuiciado a expresidentes hondureños entre ellos: Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), pero ambos fueron beneficiados con sobreseimientos definitivos y cartas de libertad.
Irías expresó que el exmandatario retorna a un país que poco o nada a cambiando, donde “el proyecto que dejó instalado en sus 12 años de gobierno continua vigente”.
DENUNCIAS Y ACUSACIONES PENDIENTES CONTRA JOH
A Juan Orlando Hernández no solo lo persigue el caso Pandora II, ya que en el pasado reciente las autoridades del Ministerio Público le atribuyeron una estela de denuncias. De hecho, en abril de 2022, cuando la fiscalía realizó el aseguramiento de bienes estableció que el exmandatario habría participado en la creación de empresas mercantiles y productos financieros.
En un comunicado de la fiscalía informó sobre el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles ubicados en Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros, pertenecientes al exmandatario y su núcleo familiar.
En ese momento el ente acusador argumentó que la solicitud de medidas precautorias se sustentaba en supuestos vínculos financieros y societarios con personas relacionadas con actividades de narcotráfico.
En la nota de presa la fiscalía señaló como fundamento “su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades”.
Pese a la dimensión del señalamiento, el aseguramiento de bienes no derivó en ese momento en un requerimiento fiscal contra Hernández por parte del Ministerio Público.
En abril de 2023, el portavoz de la fiscalía, Yuri Mora, confirmó la existencia de 32 denuncias interpuestas contra Hernández durante los ocho años que ejerció la Presidencia de la República.
Durante una entrevista brindada a un medio digital capitalino el funcionario explicó que la información fue remitida al juez natural que conoció el proceso de extradición del exmandatario, tras una solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fue ejecutada el 21 de abril de 2022.
“En efecto, en los ocho años que él –Juan Orlando Hernández— estuvo como mandatario diversas organizaciones y personas naturales vinieron a interponer denuncias y eso fue lo que se envió al juez natural”, explicó Mora.
Al ser consultado si se confirmaban las 32 denuncias contra Hernández, el portavoz respondió que estas correspondían al registro general del Ministerio Público y no únicamente a una sede fiscal.
Sin embargo, aclaró que la existencia de denuncias no implica necesariamente la apertura de procesos penales, debido a que cada caso debe ser analizado por los fiscales correspondientes.
Entre las acusaciones que marcaron el gobierno de Hernández se encuentra la relacionada con la reelección presidencial, un proceso que sectores de oposición y organizaciones civiles calificaron como contrario a la Constitución.
El 7 de noviembre de 2016, el entonces diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Juan Orlando Hernández por el delito de traición a la patria, argumentando que la búsqueda de un segundo mandato violentaba artículos pétreos de la Constitución de la República.
Además, solicitó la suspensión del cargo del mandatario y la realización de un juicio político. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2016, una coalición de organizaciones y ciudadanos defensores de la Constitución presentó otra denuncia contra Hernández y 24 funcionarios por considerar que habían participado en una modificación constitucional para permitir la reelección presidencial.
La acción también fue respaldada por el abogado René Adán Tomé, quien en ese momento fungía como fiscal de defensa de la Constitución.
Para Gustavo Irías, director de Cespad, y Javier Acevedo, abogado y director de Ciprodeh, el Ministerio Público debería actuar de oficio por la violación a la Constitución de la República, luego de haberse postulado a un segundo periodo –y ganado con serias acusaciones de fraude que fueron respaldadas por fiscales de Estados Unidos en la acusación por tráfico de drogas— las elecciones de noviembre de 2017.
Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el principal desafío será demostrar que las instituciones hondureñas son capaces de investigar y juzgar al expresidente con independencia.
Acevedo aseveró que Pandora II no debería ser la única investigación pendiente contra Hernández y considera que el Ministerio Público tiene el reto de determinar si otras denuncias e investigaciones abiertas reúnen los elementos suficientes para convertirse en requerimientos fiscales.
Lea: Narcotráfico financió fraudes electorales de JOH en 2013 y 2017: Fiscalía EUA
REGRESO PROFUNDIZARÁ LA POLARIZACIÓN
Para el director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, la presencia de Hernández volverá a colocar en el centro del debate temas que siguen sin resolverse en la política hondureña, particularmente la reelección presidencial y la crisis poselectoral de 2017.
A juicio del analista, el regreso del exmandatario profundizará la confrontación entre quienes consideran legítima su reelección, respaldada en una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y quienes sostienen que ese proceso violó los artículos pétreos de la Constitución.
Irías considera que, independientemente de que Hernández aspire nuevamente a un cargo de elección popular, su presencia lo convierte nuevamente en un actor con capacidad para influir en las decisiones del Partido Nacional y en la configuración de la oposición de cara a las elecciones generales de 2029.
Mientras el proceso judicial avanza, el regreso de Juan Orlando Hernández no solo representa el retorno de un expresidente acusado de corrupción. También constituye una nueva prueba para la institucionalidad hondureña, que deberá demostrar si está en condiciones de impartir justicia con independencia frente a una figura que durante más de una década concentró buena parte del poder político del país.
