Por: Giovany Funa
Salvador Nasrralla en 2017 en un partido de fútbol eliminatorio entre Honduras y Panamá, se refirió al defensor panameño Román Torres como “mono”. Y al periodista Jorge Zelaya en un pleito a lo interno de Televicentro también lo llamó «mono»
El Último caso sonado de este racismo sistemático es el del periodista Ulises Aguirre también de Televicentro (¿casualidad?)
Pero esto también es cotidiano e invisible entre la población de a pie porquéno saben reconocerlo.
Pero no son “deslices” individuales, son la expresión mediática de un racismo estructural que los grandes medios —concentrados en pocas familias blancas-mestizas reproducen y legitiman el racismo. Si hubiera una ley contra el racismo como mínimo estos personajes deberían ser despedidos de sus programas de televisión.
En América Latina, el racismo no es un accidente histórico ni un simple residuo cultural de épocas pasadas: es un pilar estructural sobre el cual se edificaron los Estados nacionales, las economías extractivistas y las jerarquías sociales que persisten hasta hoy. Resulta insuficiente reducir el problema a una cuestión de «ignorancia» o «falta de educación», porque el racismo no nació de la ignorancia, sino de relaciones de dominación concretas: la conquista, la esclavitud, el despojo territorial y la explotación capitalista. Honduras es un laboratorio trágico de esta realidad, donde los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos empobrecidos cargan con el peso de siglos de exclusión estructural.
Raíces históricas: la invención del «otro» como justificación del saqueo
El racismo en América Latina es inseparable del proyecto colonial europeo ya que cuando los españoles llegaron a lo que hoy es Honduras en el siglo XVI, no encontraron un «vacío» sino sociedades complejas como los lencas, mayas-chortís, tolupanes, pech, tawahkas y miskitos. La Corona española necesitaba justificar ideológicamente la esclavitud, el trabajo forzado y el despojo de tierras, y para ello construyó una jerarquía racial que situaba a los europeos blancos en la cúspide y a los pueblos originarios y africanos esclavizados en la base. Las Leyes de Indias, lejos de proteger a los indígenas, regularon su explotación bajo un paternalismo hipócrita que los consideraba «menores de edad».
Con la independencia de Honduras en 1821, las élites criollas —descendientes de europeos— no rompieron con el orden colonial: lo heredaron y lo modernizaron. La «República» se fundó sobre la exclusión de las mayorías indígenas y afrodescendientes, a quienes se les negó ciudadanía efectiva, representación política y derecho a la tierra. Los garífunas, descendientes de africanos y caribes insulares, fueron desplazados de sus territorios ancestrales en la costa caribeña; los miskitos vieron su autonomía histórica cercenada por la imposición del Estado central; los lencas fueron despojados de sus tierras comunales en nombre del «progreso» y la propiedad privada.
En Honduras el racismo estructural, no solo es cultural, si no que se manifiesta hoy de formas brutales y cotidianas. No se trata únicamente de insultos o estereotipos solamente: se trata de quién tiene acceso a la tierra, al agua, a la salud, a la justicia y al poder. Los pueblos indígenas y garífunas son sistemáticamente excluidos de las decisiones que afectan sus territorios, mientras el Estado otorga concesiones mineras, hidroeléctricas y turísticas a empresas transnacionales sin consulta previa, libre e informada, violando el Convenio 169 de la OIT.
El caso de Berta Cáceres, líder lenca asesinada en 2016 por oponerse a la represa de Agua Zarca, es emblemático: no fue un crimen aislado, sino la expresión de un sistema que criminaliza y elimina a quienes defienden los derechos colectivos de los pueblos racializados. Los garífunas de Triunfo de la Cruz y otras comunidades han sido hostigados, desalojados y asesinados por defender sus tierras frente al avance del turismo depredador y el narcotráfico.
El racismo hondureño también se expresa en la desigualdad económica porqué la pobreza se concentra de manera desproporcionada en los municipios con mayor población indígena y afrodescendiente, que carecen de infraestructura básica, servicios de salud y educación de calidad.
En las ciudades, los migrantes internos de origen maya o garífuna son relegados a empleos precarios, discriminados en el acceso a vivienda.
Desde la izquierda, es crucial entender que estas desigualdades no son «fallas» del sistema, sino su funcionamiento normal. El capitalismo depende de la existencia de poblaciones racializadas a las que se pueda explotar con salarios más bajos, despojar de sus territorios y criminalizar cuando resisten. El racismo es una tecnología de dominación que permite acumular riqueza en manos de una minoría blanca-mestiza, mientras las mayorías empobrecidas, en su diversidad étnica, son mantenidas como fuerza de trabajo barata y desechable.
¿Cómo erradicar el racismo? Más allá de la educación que es necesaria, pero no suficiente, reducir la lucha antirracista con campañas de sensibilización, reformas curriculares o talleres de «diversidad» es un error político grave. La educación, por sí sola, no redistribuye la tierra, no desmantela las estructuras oligárquicas, no devuelve la soberanía a los pueblos originarios ni garantiza justicia para los desplazados y asesinados.
Para erradicar el racismo de raíz, se requieren transformaciones materiales y estructurales profundas:
1. Reforma agraria integral y restitución territorial
El racismo en Honduras es, ante todo, una cuestión de tierra. Los pueblos indígenas y garífunas han sido despojados de sus territorios ancestrales durante siglos. Una verdadera política antirracista debe incluir la restitución de tierras comunales, el reconocimiento de la propiedad colectiva y la anulación de concesiones extractivas otorgadas sin consentimiento. La reforma agraria no puede limitarse a repartir parcelas individuales, sino que debe garantizar el control territorial colectivo y la autonomía de los pueblos.
2. Autonomía política y poder real para los pueblos racializados
No basta con «incluir» a los indígenas y afrodescendientes en el Estado existente: hay que transformar el Estado para que reconozca formas de autogobierno, sistemas jurídicos propios y autoridades tradicionales. Esto implica descentralizar el poder, otorgar autonomía territorial a la Mosquitia miskita, a las comunidades garífunas y a los territorios lencas, y garantizar que las decisiones sobre sus recursos naturales sean tomadas con su consentimiento, no solo por el gobierno central ni por empresas transnacionales.
3. Justicia y reparación material
El racismo histórico ha generado un daño acumulado que no se resuelve con disculpas simbólicas. Se necesitan políticas de reparación económica: inversión estatal masiva en infraestructura, salud y educación en las comunidades históricamente excluidas, pero no como «ayuda» paternalista, sino como restitución de una deuda histórica. También es imprescindible el fin de la impunidad: juzgar y castigar a los responsables de crímenes racistas, desmantelar las redes de poder que protegen a los asesinos de líderes indígenas y garífunas, y reformar el sistema judicial para que deje de criminalizar a los defensores del territorio.
4. Democratización de la economía y fin del extractivismo
El modelo extractivista —minería, represas, monocultivos, turismo masivo— es inherentemente racista, porque se sostiene sobre el despojo de los territorios de los pueblos racializados. La izquierda debe impulsar un nuevo modelo económico basado en la soberanía alimentaria, la agroecología, la economía comunitaria y el control popular de los recursos naturales. Esto implica expropiar o nacionalizar las industrias extractivas, cancelar las concesiones a empresas transnacionales y garantizar que los beneficios de la explotación de recursos, si ocurre, vayan directamente a las comunidades locales con su consentimiento previo.
5. Descolonización del Estado y de las instituciones
Las fuerzas de seguridad, el poder judicial, la burocracia estatal y los medios de comunicación son reproductores activos del racismo. Se necesita una depuración profunda: desmantelar las unidades policiales y militares entrenadas para reprimir a las comunidades, eliminar la doctrina de «seguridad nacional» que justifica la criminalización de la protesta social, y democratizar los medios de comunicación para que las voces de los pueblos racializados tengan espacio real. El Estado debe dejar de ser un instrumento de la oligarquía blanca-mestiza y convertirse en un espacio de poder compartido.
6. Internacionalismo y solidaridad entre pueblos
El racismo en Honduras no es un problema aislado: está conectado con las cadenas globales de capital, con la migración forzada, con la demanda internacional de minerales, energía y turismo. La lucha antirracista debe ser internacionalista, vinculando la resistencia hondureña con las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de todo el continente, y denunciando a las empresas y gobiernos extranjeros que se benefician del despojo.
Insistir en que la educación es la principal herramienta contra el racismo es una forma de evadir la responsabilidad de las clases dominantes y de las instituciones que ellas controlan. El racismo no existe porque la gente sea «ignorante», sino porque hay estructuras económicas, políticas y jurídicas que lo reproducen y se benefician de él. Erradicarlo exige confrontar el poder real: expropiar a las élites, devolver la tierra a los pueblos, desmantelar el Estado racista y construir, desde abajo, un orden social basado en la igualdad material, la autonomía de los pueblos y la justicia histórica.
Honduras, con su historia de resistencia lenca, garífuna, miskita y de tantos otros pueblos, es un ejemplo vivo de que el racismo no se supera con discursos: se supera con organización popular, lucha territorial y transformación radical de las estructuras que nos oprimen. La tarea de la izquierda no es «incluir» a los excluidos en el sistema, sino destruir el sistema que los excluye.
«El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas de América, el exterminio, la esclavización y el sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en coto de caza de esclavos negros: tales son los hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista.»
Ese origen sangriento, racializado, es el que hay que desmontar. No con discursos ni con reformas cosméticas, sino con la transformación radical de las estructuras que lo perpetúan: Karl Marx en El Capital