António Guterres llegó a la Secretaría General de Naciones Unidas en 2017 con fama de socialdemócrata comprometido, ex primer ministro portugués y ex alto comisionado para los Refugiados. Su mandato será recordado por la pandemia, la invasión rusa de Ucrania, la emergencia climática y, sobre todo, por Gaza. Allí se juega su legado y allí se mide la distancia entre lo que la ONU dice y lo que puede —o quiere— hacer.
Guterres no es el villano principal. Es, más bien, el rostro visible de una contradicción: un hombre que ha pronunciado algunos de los diagnósticos más lúcidos sobre la desigualdad, el colonialismo financiero y la crisis climática, pero que dirige una institución secuestrada por las potencias que diseñaron su arquitectura en 1945.
Lo que Guterres hizo bien
No todo es crítica. Guterres invocó el artículo 99 de la Carta de la ONU —un mecanismo casi olvidado— para advertir al Consejo de Seguridad sobre la catástrofe humanitaria en Gaza. Denunció que Gaza se había convertido en un “cementerio de niños”. Defendió a UNRWA cuando varios países le retiraban fondos. Criticó la ocupación, los asentamientos ilegales y el castigo colectivo. Puso sobre la mesa la reforma del Consejo de Seguridad, la deuda del Sur Global y la financiación climática.
Eso no es poco. Sus antecesores no siempre se atrevieron. Guterres ha sido, en muchos momentos, más lúcido que la institución que representa.
Los límites de un secretario general
Pero un secretario general no tiene ejército, ni presupuesto propio, ni capacidad de obligar a los Estados. La ONU no es un gobierno mundial; es un club de Estados donde cinco miembros permanentes tienen derecho a veto. Guterres puede hablar, pero no puede detener una guerra. Puede pedir un alto el fuego, pero no imponerlo.
Aun así, también hay críticas de fondo. Tardó en nombrar el genocidio. Se refugió en el lenguaje diplomático. Equilibró condenas como si la violencia del ocupante y la del ocupado fueran simétricas. No impulsó sanciones ni un embargo de armas. No rompió con Washington. Su legado será el de un secretario general más valiente que sus predecesores, pero atrapado por la realpolitik.
La ONU ante el genocidio en Gaza: anatomía de una impotencia cómplice
Lo que la Corte Internacional de Justicia consideró “plausible” —el riesgo de genocidio contra el pueblo palestino— y lo que numerosos juristas, organismos de derechos humanos y gobiernos del Sur Global califican directamente como genocidio, ha sido gestionado por la ONU con una mezcla de palabras firmes y hechos débiles.
El Consejo de Seguridad fue bloqueado una y otra vez por Estados Unidos. Cuando por fin aprobó una resolución de alto el fuego —la 2728, en marzo de 2024—, Israel simplemente la ignoró. La Asamblea General aprobó resoluciones no vinculantes. La CIJ ordenó medidas provisionales que Israel no cumplió. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra líderes israelíes, pero nadie las ejecuta. UNRWA fue desfinanciada, atacada y luego prohibida por Israel, y la ONU no pudo protegerla.
El principio de “Responsabilidad de Proteger” demostró ser selectivo: se invocó en Libia, se reivindicó en Ucrania, pero en Gaza se convirtió en un susurro. El humanitarismo se usó como alivio y, a veces, como coartada: se negociaba la entrada de camiones mientras seguían cayendo bombas. La ayuda era un parche, no una solución. A veces, incluso, una forma de lavar la conciencia de quienes armaban al agresor.
El derecho internacional sin mecanismos de aplicación es un archivo moral. La ONU lo sabe. Y Gaza lo ha demostrado con una crudeza insoportable.
El doble estándar y la complicidad estructural
No es solo Guterres. Son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea. Son los Estados que arman a Israel y luego piden “moderación”. La ONU no puede detener un genocidio cuando uno de sus miembros permanentes es el principal proveedor militar del país que lo comete. El veto no es un defecto técnico; es la garantía de impunidad para las potencias.
La prensa debe decirlo con claridad: la ONU no es neutral. Es un terreno de disputa. A veces sirve para frenar, a veces para legitimar. En Gaza, ha servido sobre todo para gestionar la catástrofe, no para impedirla.
Guterres sigue aferrado a la solución de dos Estados, mientras la expansión colonial la hace cada vez más inviable. Es un reflejo de la impotencia: repetir una fórmula que el propio terreno ha enterrado.
¿Qué queda?
No fetichizar la ONU. Defender sus agencias humanitarias, la CIJ, la CPI y la Asamblea General como espacios de legitimidad. Pero no esperar salvación de Guterres ni del Consejo de Seguridad.
La solidaridad con Palestina pasa por exigir un alto el fuego permanente, un embargo de armas a Israel, sanciones, el fin de la ocupación y del apartheid, el derecho al retorno, el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS), y el apoyo a la sociedad civil palestina e israelí que se opone a la ocupación. Y pasa por presionar a los Estados, no por rogarle a un secretario general.
El legado de Guterres es agridulce: invocó el artículo 99, denunció la catástrofe, defendió a UNRWA, pero no pudo —o no supo— detener el genocidio. La ONU, como sistema, falló. No porque le faltaran palabras, sino porque le sobra estructura imperial. Gaza no es un accidente: es la prueba de que el orden internacional protege a los poderosos y administra el dolor de los débiles.
Si algo enseña Gaza es que la paz no se pide en un comunicado. Se conquista con presión, organización y solidaridad. Guterres pasará; el problema quedará. Y la izquierda no puede limitarse a lamentarlo: tiene que organizarse para cambiarlo.
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