Por Giovani Funa
¿Cómo el capital sionista se incrusta en la crisis hídrica de América Latina?
América Latina posee cerca del 31% de los recursos mundiales de agua dulce, una riqueza que contrasta de forma obscena con la realidad de sus poblaciones: según la CEPAL, más de 160 millones de personas en la región carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura. Esta fractura no es fruto de la escasez física ni del atraso, sino la consecuencia deliberada de un modelo de acumulación por desposesión que, desde las reformas estructurales impuestas por el Consenso de Washington en los años noventa, convirtió el líquido vital en un activo financiero.
En la fase actual de ese proyecto neoliberal, la participación del Estado de Israel no se reduce a una simple exportación de tecnología; constituye una pieza central de una alianza que articula capital transnacional, doctrina de seguridad y control territorial, proyectando sobre los cuerpos hídricos de la región la lógica del apartheid ensayada contra el pueblo palestino.
La primera embestida privatizadora dejó un reguero documentado de desastre social y fracaso contractual. Durante la década de 1990, el Banco Mundial condicionó préstamos a la entrega de los servicios públicos a consorcios extranjeros. El Banco mismo admitió tiempo después, en una evaluación interna de 2006, que esas privatizaciones en América Latina habían generado incrementos tarifarios que excluyeron a los sectores pobres sin mejorar sustancialmente la cobertura.
El emblema de aquella resistencia fue la Guerra del Agua de Cochabamba, en Bolivia, donde la subsidiaria de la transnacional Bechtel, Aguas del Tunari, impuso alzas de entre un 35% y un 200% en las facturas y osó reclamar derechos sobre los sistemas de agua comunales. La movilización popular de abril de 2000, que costó vidas y detenciones, logró expulsar a la corporación y anular el contrato.
Aquel hito fue seguido por una ola continental de remunicipalizaciones: en 2006, el gobierno argentino rescindió la concesión de Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez, tras incumplir el 80% de las metas de inversión y expansión del alcantarillado en Buenos Aires; un año después, en La Paz y El Alto, el mismo grupo Suez fue forzado a abandonar el servicio ante las protestas masivas por las tarifas abusivas. Según el Transnational Institute, entre 2000 y 2015 se registraron 235 casos de remunicipalización en todo el mundo, muchos de ellos en ciudades latinoamericanas como Rosario, Santa Fe y la propia Cochabamba, donde la gestión pública y comunitaria mejoró el acceso tras la salida de los operadores privados.
Pero el capital aprende de sus derrotas y se sofistica. Tras la resistencia popular que hizo inviables las privatizaciones burdas, el despojo del agua mutó hacia formas más silenciosas e igualmente letales: las Asociaciones Público-Privadas, los contratos de operación especializada y, sobre todo, el control de los insumos tecnológicos y la infraestructura digital de monitoreo. En esta nueva fase, Israel se ha convertido en un actor de primer orden. El complejo hídrico-militar israelí factura anualmente alrededor de 2.500 millones de dólares en exportaciones de tecnología del agua, y América Latina es uno de sus mercados prioritarios. Empresas como Netafim, controlada en un 80% por el fondo mexicano Meif 4 pero con su matriz original israelí y ligada al desarrollo del riego por goteo en el desierto del Néguev, o Mekorot, la compañía nacional de agua de Israel, operan en la región con un discurso inmaculado de eficiencia y adaptación climática. Pero ese discurso encubre una práctica de segregación hídrica, concebida y perfeccionada en el laboratorio de la ocupación palestina.
Para entender lo que Israel exporta hay que mirar hacia Cisjordania. Allí, como documentan Amnistía Internacional en su informe de 2022 sobre el apartheid y B’Tselem con mediciones sistemáticas, el régimen israelí administra un sistema dual de agua basado en la identidad étnica. Mientras los colonos israelíes consumen hasta 300 litros diarios y riegan cultivos de exportación, los palestinos sobreviven con menos de 70 litros, a menudo por debajo del mínimo de 100 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Israel controla más del 80% del Acuífero de la Montaña y utiliza a la empresa estatal Mekorot para extraer agua de territorios ocupados y revendérsela después a las propias comunidades palestinas a precios inflados, al mismo tiempo que el ejército destruye cisternas y pozos construidos sin permiso. Es la fórmula más cruda de la acumulación por desposesión: confiscación del recurso natural, destrucción de la autogestión y reventa de la necesidad. Este modelo biopolítico se ha traducido en una experticia que Israel vende hoy al mundo como “soluciones” para América Latina.
La penetración israelí en la región sigue un patrón documentado y sistemático. En México, Mekorot firmó en 2017 un acuerdo de cooperación técnica con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para asesorar en la modernización del organismo operador del Cutzamala, uno de los sistemas de suministro más grandes y desiguales del país. En paralelo, Netafim ha expandido el riego por goteo en los estados del norte y del Bajío, pero la tecnología no ha democratizado el acceso, sino que se ha convertido en un insumo exclusivo del agronegocio. En Michoacán y Jalisco, los cultivos de berries y aguacate para exportación, regados con sistemas israelíes, demandan volúmenes de agua que están esquilmando los acuíferos de las comunidades aledañas. Un estudio publicado en 2020 en la revista Water documentó cómo en el acuífero de Zapotitlán, Jalisco, la extracción para el riego de berries superaba en un 163% la recarga natural, profundizando el conflicto social. El llamado “milagro del aguacate” se sostiene sobre la sed de los pueblos originarios.
En Perú, la situación es igualmente ilustrativa. En el valle de Ica, convertido en la cuna del espárrago, la uva de mesa y la palta de exportación, las tecnologías de riego por goteo de origen israelí permitieron que las grandes agroexportadoras incrementaran la productividad por hectárea. Sin embargo, según la Autoridad Nacional del Agua, el acuífero de Ica presenta un déficit hídrico de más de 45 millones de metros cúbicos anuales.
El espejo freático ha descendido entre 1.5 y 5 metros por año en las últimas dos décadas, secando los pozos de pequeños agricultores y familias rurales. La misma tecnología que se promociona como ahorradora se utiliza para concentrar aún más la tierra y el agua en pocas manos: los fundos con riego por goteo de alta precisión consumen el 80% del agua subterránea, mientras los campesinos ven desaparecer sus pozas ancestrales. La empresa israelí Netafim, ganadora de contratos por millones de dólares en los megaproyectos de irrigación de Chavimochic y Majes-Siguas, celebra la “revolución del desierto”, pero omite que el desierto lo produce su misma lógica de agronegocio extractivista.
El caso colombiano completa el mapa de la incursión. Tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Israel en 2013, las partidas de equipos de riego y tecnología hídrica se dispararon un 200% en los años subsiguientes, según datos del DANE. En la altillanura de la Orinoquía, considerada la última frontera agrícola del país, Netafin e Hydro-Irrigation han diseñado sistemas de riego para la siembra intensiva de soya, palma aceitera y caña de azúcar, en una región que alberga ecosistemas de sabana inundable vitales para la regulación hídrica continental.
Al igual que en Palestina, el patrón consiste en que la tecnología no fluye hacia la economía campesina ni hacia la garantía del mínimo vital, sino que se blinda para los grandes capitales. Agencias de cooperación israelíes capacitan a funcionarios estatales en la filosofía de la “gestión de la demanda”, eufemismo técnico para la imposición de medidores prepago y tarifas plenas que criminalizan a los hogares más pobres, mientras se subsidia con exenciones fiscales la infraestructura de riego corporativa.
La conexión entre el modelo palestino y la praxis latinoamericana no es retórica; es estructural. Israel exporta un paquete indisociable de tecnología y doctrina de seguridad hídrica. En los foros internacionales, como la bienal WATEC, se promueve la idea de que la escasez se combate con sensores, drones y software de vigilancia de caudales, una visión que criminaliza el uso comunitario e invisibiliza la raíz del problema: un modelo agroexportador y minero que consume el 70% del agua de la región. En Chile, durante el gobierno de Sebastián Piñera, empresas israelíes asesoraron la tecnificación del riego en la cuenca del Petorca, donde los monocultivos de paltos controlados por familias terratenientes han dejado a miles de personas con agua traída en camiones aljibe, en un paisaje de desigualdad que la periodista Sandra Crucianelli equiparó con un “apartheid hídrico” de características similares al palestino.
La izquierda latinoamericana no puede leer esta dinámica como una mera transferencia técnica neutral. Las mismas compañías que lucran con el riego de la palta en Ica y la fresa en Michoacán forman parte de un ecosistema de innovación que en Israel prueba sus prototipos en el contexto de un régimen militar que niega a millones de personas el acceso al agua por razones de limpieza étnica. Comprar su tecnología sin exigir el fin de la ocupación y la restitución de los acuíferos palestinos es validar un modelo de negocios que se nutre del despojo.
Frente a esta avanzada, los datos de la resistencia son la contracara necesaria. En América Latina existen más de 80.000 organizaciones comunitarias de agua, desde los comités de agua potable rural en Chile hasta las juntas administradoras de acueductos en Colombia, que gestionan el suministro de decenas de millones de personas con criterios de solidaridad y sin ánimo de lucro. Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia halló que, en zonas rurales, la cobertura y continuidad del servicio es superior en los acueductos comunitarios que en aquellos operados por empresas privadas. En México, la Coordinadora de Pueblos Unidos de Oaxaca ha frenado, mediante consultas vinculantes, la instalación de megaproyectos de irrigación corporativa. La alternativa no es una utopía; es una realidad que las cifras de gestión pública y comunitaria, avaladas por la ONU, demuestran más eficiente y equitativa que la lógica de la ganancia.
La privatización del agua en su tercera fase ya no necesita un contrato de concesión; le basta con el control de la tubería de alta precisión, el algoritmo que monitorea el consumo y el tratado de libre comercio que convierte el derecho humano en un servicio. La presencia del Estado de Israel en esa trinchera es la expresión más refinada de cómo el sionismo, como proyecto de colonialismo de asentamiento, se alía con las élites extractivistas latinoamericanas para convertir la sed en un activo y la solidaridad, en un delito. El milagro del desierto no consiste en hacer florecer la tierra, sino en vaciar de gente los territorios condenados a la sed.
