Los informes del IUDPAS y del Cespad coinciden en que el incremento de la conflictividad responde a la falta de respuestas institucionales, la debilidad del Estado y el agravamiento de las disputas socioterritoriales.
Trabajadores, estudiantes, pueblos indígenas, comunidades garífunas y organizaciones sociales encabezaron las protestas en un contexto donde las autoridades no han logrado atender las principales demandas ciudadanas.
Tegucigalpa, Honduras. –Despidos, aprobación de leyes lesivas y desalojos han en varias zonas del país han derivado en conflictos sociales por el descontento de la población y la falta de respuesta estatal, según datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) registró 437 conflictos sociales durante el primer semestre de 2026.
El informe señaló que un promedio de más de dos acciones colectivas por día, en un escenario marcado por el aumento de las protestas, la falta de respuesta institucional y el agravamiento de los conflictos socioterritoriales.
Según el IUDPAS las manifestaciones se extendieron a en 97 municipios de los 18 departamentos del país, mientras que el 88.6% de las demandas planteadas por la ciudadanía continúan sin ser atendidas por las autoridades gubernamentales.
El estudio señala que Honduras atraviesa un contexto de alta conflictividad social, impulsado por demandas históricas insatisfechas y por las limitaciones estructurales del Estado para responder de manera eficaz a las necesidades de la población.
“La conflictividad se expresa mediante tomas de carreteras, bloqueos de instituciones públicas, paralización de servicios, disputas territoriales y otras formas de protesta protagonizadas por trabajadores, gremios profesionales, estudiantes, organizaciones comunitarias, pueblos indígenas, afro hondureños, campesinos, colectivos de mujeres y defensores de derechos humanos y del ambiente”, cita el documento.
De acuerdo con el IUDPAS, el 78.7% de las acciones colectivas tuvieron alcance nacional, mientras que el 36.2% de las demandas fueron promovidas por trabajadores, convirtiéndose en el principal sector movilizado durante los primeros seis meses del año.
Lo anterior coincide con el cambio de administración y la aprobación de normativas como la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano con la cual se autorizó al Poder Ejecutivo a suprimir, fusionar o reducir instituciones de la administración pública centralizada y desconcentrada, así como a ejecutar reducciones forzosas de personal —tanto por acuerdo como por contrato— por razones presupuestarias o de reorganización administrativa.
El 15 de abril de 2026, integrantes de los gremios profesionales y sindicatos de empleados públicos se lanzaron a las calles este miércoles frente a Casa Presidencial para protestar contra los despidos masivos en el sector público, en lo que califican como una escalada de violaciones a los derechos laborales, la estabilidad institucional y las garantías en el ejercicio profesional en el país.
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EDUCACIÓN ENCABEZA LAS PROTESTAS
Las cifras muestran que aproximadamente una tercera parte de las acciones colectivas estuvieron relacionadas con el sector educativo, seguido por los conflictos laborales y los vinculados al sistema de salud.
Durante las últimas semanas, estudiantes de distintos centros educativos del Distrito Central protagonizaron protestas por el despido masivo de docentes y personal administrativo. Según datos de la Secretaría de Educación divulgados el pasado 8 de julio, hasta esa fecha se contabilizaban alrededor de 2,000 trabajadores separados de sus cargos en centros educativos públicos.
El Distrito Central concentró la mayor cantidad de conflictos con 141 casos, seguido por San Pedro Sula con 44, El Progreso con 13, Catacamas con 12 y los municipios de Santa Bárbara y Choluteca con 11 cada uno.
Asimismo, mayo y junio fueron los meses de mayor tensión social, al registrar 118 y 170 acciones colectivas, respectivamente.
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CONFLICTOS TERRITORIALES PERSISTEN Y SE INTENSIFICAN
El incremento de las protestas ocurre paralelamente a un escenario de creciente conflictividad socioterritorial especialmente en la zona norte del país, según lo documentado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
El informe correspondiente a 2025 e incorporando hechos relevantes ocurridos hasta junio de 2026, identificó una fuerte concentración de conflictos en los departamentos de Colón, Yoro, La Paz, Atlántida, Choluteca, Gracias a Dios y Cortés, que reúnen el 79.2 % de los casos registrados.
Estas disputas se desarrollan principalmente en territorios estratégicos para actividades agroindustriales, proyectos energéticos, minería, turismo, infraestructura y expansión de nuevas inversiones.
Los datos presentados señalaron que los conflictos agrarios representan el 49.4% del total, seguidos por los energéticos con 20.8% y los mineros con 10.4%. En conjunto, estas tres categorías concentran el 80.5% de los casos documentados.
Además, el Cespad advierte que el 80.5% de los conflictos presenta un nivel alto de intensidad, caracterizado por procesos prolongados, amenazas de desalojo, criminalización de líderes comunitarios, violencia, deterioro ambiental, presión empresarial y debilidad institucional.
LA RESPUESTA DEL ESTADO ES PUNITIVA
A juicio de la investigadora del Cespad, Lucía Vijil Saybe, la respuesta del Estado para abordar los conflictos sociales se limita a medidas punitivas, lo que, en su defecto culmina en la criminalización de la protesta.
En conversación con Criterio.hn la investigadora señaló que la persistencia de estos conflictos demuestra que no existen las garantías mínimas de procesos integrales que permitan resolver la conflictividad, que escuchen a todos los sectores y que hay una capacidad limitada de respuesta, claramente punitiva.
«Las últimas reformas al Código Procesal Penal y la Ley Marco para la Protección del Sector Agroindustrial nos están diciendo que la medida de resolución de conflictos es punitiva y carece claramente de una salida democrática», afirmó.
La investigadora recordó casos como Guapinol y otras comunidades donde, pese a existir reuniones entre pobladores y autoridades ambientales, así como dictámenes técnicos y documentación sobre las problemáticas, las instituciones no han ejecutado acciones que permitan resolver los conflictos.
Los informes del IUDPAS y del Cespad coinciden en que el incremento de la conflictividad refleja las limitaciones del Estado para atender oportunamente las demandas sociales.
Asimismo, reflejan que la conflictividad en Honduras no responde únicamente a hechos coyunturales, sino a problemas estructurales asociados a la falta de respuestas institucionales, la débil capacidad estatal para atender las demandas ciudadanas y la persistencia de disputas por el acceso al territorio, los recursos naturales y los servicios públicos.
