Dos años después del asesinato de Juan López, la memoria es resistencia

Tegucigalpa, Honduras. – “Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad”, corean los feligreses de una iglesia en Tocoa, Colón. Afuera, está el lugar donde se cometió el crimen contra el defensor del ambiente y territorio, y delegado de la palabra de Dios, Juan López, asesinado al salir de la iglesia, la noche del 14 de septiembre de 2024. 

Hoy se cumple el segundo aniversario del asesinato del defensor, y mientras tres de los presuntos autores materiales del crimen permanecen bajo prisión preventiva, los otros tres imputados como los presuntos autores intelectuales –el exalcalde Adán Fúnez, Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos– en dos meses pasaron de prisión preventiva a arresto domiciliario. 

Con dos de los tres presuntos autores intelectuales bajo arresto domiciliario en la misma colonia donde residen la esposa y las dos hijas de Juan, el temor y la desconfianza se han apoderado de la comunidad. A ello se suman las provocaciones y campañas divulgadas que, según denuncian, pretenden mostrar a los imputados, celebrando desde ya la impunidad del caso. 

Pese al recelo que se ha esparcido en las comunidades, estas continúan denunciando la actividad extractiva minera y ahora cuestionan la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, por considerar que protege y prioriza la inversión privada frente a las denuncias de los pueblos. 

JUAN LÓPEZ, MEMORIA Y RESISTENCIA

En el marco del segundo aniversario del asesinato del defensor del territorio y los bienes comunes, la Diócesis de Trujillo organizó un Festival de Canto y dos series de conferencias que reunieron a organizaciones sociales del país en la cabecera municipal de Tocoa, y a las Comisiones Diocesanas de Ecología en la comunidad de Salamá, ambas ubicadas en el municipio de Tocoa. 

Las actividades se extendieron de forma simultánea a lo largo de cuatro días, con la participación de miles de personas que viajaron desde diferentes puntos de Honduras y otros países de Mesoamérica. 

Un día antes, integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa recibieron en la capital hondureña la segunda edición del premio Juan López, instituido el año pasado por la Conferencia Episcopal. Ese mismo día, en Tocoa, Colón, durante la edición mensual del Café con Juan, la cantautora hondureña Karla Lara interpretó la versión musicalizada de un poema de la escritora feminista Melissa Cardoza, dedicado a honrar la memoria y exigir justicia para el defensor. 

¿QUIÉN ERA JUAN LÓPEZ? 

Juan López nació en El Paraíso, Copán, en 1978. A muy temprana edad, su familia se trasladó a una comunidad del municipio de Tocoa, en Colón. A lo largo de su vida y formación, la Iglesia Católica fue central en su vida, eventualmente comprometiéndose como delegado de la palabra de Dios. Al momento de su asesinato, López era regidor de Tocoa. 

Desde antes de 2015, López, junto a miembros de las comunidades afectadas y organizaciones afincadas en la zona, denunciaron las irregularidades detrás de la instalación de un proyecto minero en el entonces recién creado Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía. 

Las y los integrantes de estas organizaciones, junto a otros ciudadanos, crearon el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, que López coordinó por años, presentando al menos 25 denuncias ante el Ministerio Público, sin que el ente investigador del Estado actuase previo el crimen. 

Gloria Dubón, amiga de López, lo recuerda como un hombre humilde y sabio, que estudiaba los problemas y buscaba que las comunidades tuvieran “mucha vida, con mucha agua, con mucha naturaleza”. También recuerda que él era consciente de que la defensa del territorio podía costarle la vida. Por eso, tras su muerte, quienes continúan la lucha asumen como propio el llamado que les dejó: seguir adelante y no abandonar la defensa de las comunidades. 

El riesgo que enfrentaba Juan no era desconocido. Pese a que más de veinte miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, entre ellos López, contaban con medidas cautelares, el Mecanismo Nacional de Protección no garantizó medidas efectivas para la seguridad del colectivo. A dos años del crimen, los defensores y sus representantes legales siguen en riesgo, exacerbado con el retorno de los presuntos autores intelectuales, ahora bajo arresto domiciliario. 

En una las últimas entrevistas a Criterio.hn, luego que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una alerta, Juan López señaló que probablemente dicha institución dedujo –tras una reunión en la que participaron la Procuraduría General de la República (PGR) y el Mecanismo Nacional de Protección– “que el Mecanismo sigue trabado en unos mecanismos excesivamente burocráticos que no permiten el desarrollo” de lo indicado desde el Sistema Interamericano.

IMPUNIDAD Y PERSECUCIÓN

Por el crimen contra Juan López se encuentran procesadas seis personas. Los tres primeros capturados, señalados como presuntos autores materiales, fueron detenidos en octubre de 2024: Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía guardan detención penitenciaria preventiva. Los otros tres, Adán Fúnez, Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos, fueron capturados el 12 de mayo de 2026, y tras recibir un auto de formal procesamiento, pasaron uno a uno a arresto domiciliario, bajo el argumento de su edad y enfermedades de base. 

No obstante, el camino hacia el asesinato de Juan López, no se pavimentó en un día. Previo al crimen, López, junto a sus compañeras y compañeros, denunció durante más de diez años las irregularidades y abusos vinculados con la instalación del megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, desarrollado por la empresa minera Inversiones Los Pinares y la siderúrgica Inversiones Ecotek, ambas filiales del Grupo EMCO, presidido por el empresario Lenir Pérez. 

Un año antes del crimen contra López, en enero de 2023, los defensores Alí Domínguez y Jairo Bonilla fueron asesinados en un mismo hecho violento. Meses después, Oquelí Domínguez, hermano de Alí, también fue asesinado. A raíz de la violencia y los asesinatos, la familia Domínguez sufrió desplazamiento forzado.

Contra Pérez y tres ejecutivos de sus empresas, entre otros, se desarrolla un proceso judicial por el delito de explotación ilegal de recursos naturales (mineros, forestales) y daños agravados. Pese a que Pérez se mantuvo prófugo de la justicia durante meses, tras la audiencia de presentación de imputado, recibió medidas cautelares distintas a la prisión, sin prohibición de salir del país, tras ofrecer una caución de arraigo por tres millones de lempiras y una vivienda valorada en más de 5 millones de lempiras. 

Pérez, quien permaneció en Estados Unidos mientras era requerido en Honduras, tras su audiencia judicial retornó al país norteamericano para fortalecer sus vínculos con figuras de poder en Estados Unidos, entre congresistas republicanos y funcionarios del Departamento de Estado.

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En contraste, el Estado de Honduras demoró más de diez años en procesar las denuncias de Juan y sus compañeros y compañeras del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, pero actuó con celeridad en su contra. Entre 2018 y 2019, 32 personas de este articulado, incluido Juan López, fueron procesadas judicialmente por el delito de usurpación. 

Juan, junto a otros integrantes del Comité, estuvieron privados de su libertad por más de doce días en el Centro Penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto, conocido como Penitenciaría de Támara. Posteriormente, otras ocho personas defensoras del agua imputadas, pasaron 900 días privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Trujillo por defender el agua frente a intereses extractivos en un parque nacional. 

LA DENUNCIA CONTRA ADÁN FÚNEZ

A Juan López lo asesinaron por decir la verdad y denunciar por más de diez años la presunta corrupción detrás de actores políticos y económicos que impulsaron proyectos extractivos en detrimento de la población de Tocoa, y zonas aledañas en el departamento de Colón.

Una de las últimas denuncias de López fue la exigencia de renuncia de Adán Fúnez como alcalde de Tocoa, luego que Insight Crime, medio especializado en crimen organizado en Latinoamérica, develó un video del edil en una reunión, junto a Carlos Zelaya –hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la entonces presidenta Xiomara Castro– en el que habrían participado reconocidos narcotraficantes. Durante el encuentro, se habría pactado la entrega de USD 650 mil para la campaña de 2013 del Partido Libertad y Refundación (Libre). 

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Pese a que tanto López como Fúnez formaron parte de las filas de Libre, sus posturas frente al extractivismo y el narcotráfico eran totalmente opuestas. Incluso al interior del partido, desde el tribunal de honor, se recomendó la expulsión de Fúnez luego que ignoró cuestionamientos vinculados a su coherencia con la conservación ambiental, así como sus vínculos con el cártel de “Los Cachiros”, el empresario Lenir Pérez, y sus empresas, la minera Inversiones Los Pinares y la siderúrgica Inversiones Ecotek. 

En una de las últimas entrevistas con Criterio.hn, el 2 de septiembre de 2024, Juan López señaló que tras la divulgación del video, la resolución del tribunal de honor adquiría mayor importancia, “si es que nos interesa tener una institución partidaria que pueda recoger y canalizar las aspiraciones del pueblo hondureño hacia procesos de transformación”. 

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Dos días antes del crimen, Juan López, acompañado por otros liderazgos del Frente de Resistencia Popular (FRP) del Partido Libre, en Tocoa, remarcó que ante los hechos, solo habían dos opciones: que Fúnez renunciara voluntariamente, al no poder sostenerse moralmente en el municipio, o que fuera la fuerza popular que lo obligara a renunciar, al considerar que ya no era la persona indicada para dirigirlo.