Tegucigalpa, Honduras. – “De ninguna manera la Ofraneh [Organización Fraternal Negra Hondureña] viola la ley, ni pide y demanda el incumplimiento de la ley. Lo que la Ofraneh demanda, con toda justicia, es que la ley y la justicia no se use de manera indebida para criminalizar la exigencia de los derechos de manera pacífica”, afirmó Erika Guevara Rosas de Amnistía Internacional durante la conferencia de prensa que la Delegación Internacional de Solidaridad realizó el sábado 19 de septiembre en el campamento instalado frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Después de tres días de acompañamiento, la Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, representantes de más de una treintena de organizaciones denunciaron lo que calificaron como “graves violaciones” de las que son objeto el pueblo garífuna y exigieron al Estado cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos.
La delegación lamentó que, pese a las solicitudes y diligencias realizadas oportunamente, la institucionalidad del Estado hondureño les cerró las puertas. Sus integrantes fueron recibidos únicamente por dos magistradas y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quienes les señalaron que no podían tomar ninguna acción frente a los cargos impuestos por el Ministerio Público porque debían apegarse a la ley.
Guevara Rosas, sostuvo que enfatizó a las magistradas y el magistrado que el pueblo garífuna nunca ha demandado el incumplimiento de la ley, sino que, por el contrario, han apostado por la institucionalidad y acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) después de que las vías legales internas les negaron el derecho a su territorio ancestral. Les enfatizó que ya existen cuatro sentencias del tribunal internacional que les reconoce su derecho a las tierras ancestrales.
La representante de Amnistía Internacional agregó que la organización emitió una acción urgente global para pedir al Ministerio Público que retire los cargos contra las cinco personas defensoras de San Juan, al considerar que está haciendo un uso indebido del sistema de justicia. “Quién está violando la ley es el Ministerio Público”, afirmó.
LEY AGROINDUSTRIAL PROFUNDIZARÁ CONFLICTOS TERRITORIALES
El campamento del pueblo garífuna se instaló el 10 de agosto para exigir el cumplimiento de las cuatro sentencias a favor de las comunidades de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos, así como el cese de la criminalización de cinco personas defensoras del territorio de San Juan criminalizadas bajo la figura de usurpación tras el desalojo ejecutado el 6 de julio al amparo de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas (Decreto 107-2026).
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La derogación de la cuestionada ley, también forma parte de las exigencias del pueblo garífuna y otras poblaciones indígenas y campesinas que se han sumado al campamento del pueblo garífuna frente a la CSJ. Al respecto, la delegación señaló que la normativa es un riesgo para las comunidades garífunas, indígenas y campesinas, el cual es agravado por campañas de odio y estigmatización difundidas por medios de comunicación.
Consultados por Criterio.hn sobre las problemáticas que podría genera la continuidad de la aplicación de la Ley Agroindustrial para desalojar a pueblos indígenas y poblaciones campesinas, Axela Romero, quien formó parte de la delegación en representación de la Red Mesoamericana Mujer, Salud e Inmigración señaló que, a partir del análisis realizado al Decreto 107-2026, la conflictividad se profundizará no solo contra el pueblo garífuna, sino de otras comunidades que ostentan la propiedad colectiva de la tierra.
Marusia López, de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, indicó que la ley es objeto de preocupación de mecanismos e instituciones internacionales de derechos humanos. Señaló que, lejos de resolver las causas estructurales del empobrecimiento, la desigualdad, la impunidad y la corrupción, la normativa pone por encima los intereses privados y deja en desprotección a comunidades que defienden su derecho al territorio.
De igual forma, Marco von Borstel de la organización Otros Mundos Chiapas, señaló que la normativa tiene “muchos tentáculos” que trascienden incluso a las “ciudades modelo”, ahora conocidas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). “Es la cisjordanización de América Latina. Ojo, esto es un efecto global, nos están robando el territorio a todos los pueblos latinoamericanos construyendo este tipo de proyectos, como bien decía la compañera, por poner por encima los intereses económicos”.
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EXIGEN RESPUESTAS
Ante la interrogante, vía Zoom, sobre la reacción de los cuerpos diplomáticos ante la situación denunciada, la delegación señaló que las respuestas de las embajadas europeas no han sido homogéneas. Explicaron que algunas han mostrado mayor sensibilidad y disposición para articular respuestas y apoyar procesos de desescalada del conflicto, mientras otras han mantenido una posición más formal que, a su juicio, no contribuiría necesariamente a mejorar la situación.
La delegación exigió al Estado hondureño cumplir las cuatro sentencias de la Corte IDH a favor del pueblo garífuna, avanzar en la titulación de sus tierras ancestrales, investigar los hechos de violencia contra sus liderazgos y cesar la represión, criminalización y estigmatización contra las personas defensoras.
También respaldó la demanda de la Ofraneh de que cualquier llamado a diálogo ocurra una vez canceladas las acciones judiciales contra los cinco defensores de San Juan y que exista una ruta clara para el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH.
Al concluir su visita, las y los representantes de la treintena de organizaciones participantes se comprometieron a mantener la vigilancia y denuncia internacional, retornar a Honduras en caso de persistir la violencia y exigir a los gobiernos de sus respectivos países garantizar que las empresas cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos.
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