Tegucigalpa, Honduras. – El 1 de septiembre de 2019, siete defensores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, Colón, fueron enviados a prisión preventiva por proteger un parque nacional y sus fuentes de agua de la minería. Pasaron 914 días y una pandemia encarcelados. Cinco años después, los ejecutivos requeridos por los daños ambientales que ellos y sus comunidades denunciaron durante una década enfrentan el proceso en libertad. Así se retrata la justicia selectiva en Honduras, pero no es el único caso.
El contraste también se evidenció en el mismo conflicto socioambiental. Mientras los defensores del agua permanecieron dos años y medio en prisión preventiva, el empresario Lenir Pérez, acusado por la presunta explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales en el Parque Nacional Carlos Escaleras, obtuvo una serie de resoluciones judiciales que le permitieron enfrentar el proceso en libertad.
Primero le suspendieron la orden de captura y las alertas migratorias emitidas en su contra para facilitar su comparecencia voluntaria. Posteriormente, tras ofrecer una caución de arraigo de tres millones de lempiras y una vivienda valorada en más de cinco millones, el juez dictó medidas cautelares distintas a la prisión, sin imponer siquiera la prohibición de salir del país.
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El retorno a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández y su defensa en libertad por el caso Pandora II ha reavivado el debate sobre el trato desigual ante la justicia. Acusado de fraude y lavado de activos por 62 millones de lempiras, Hernández regresó al país tras haber sido condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posteriormente indultado por el presidente Donald Trump.
Su esposa, Ana García, afirma que “siente nuevamente un atropello de parte del Estado” tras la confrontación mediática que protagoniza el no menos cuestionable titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, quien sostiene que sus subalternos habrían sido amenazados por el expresidente durante la audiencia de presentación de imputado del 2 de agosto.
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“[É]l quiere incluso fomentar una violación a los derechos, a la garantía del debido proceso, a influir en el sistema de justicia, pero sobre todo la violación que hizo a la garantía de inocencia de mi esposo, cuando se atrevió a acusarlo de cosas que son absolutamente falsas y que han quedado demostradas”, dijo García previo a su ingreso a la audiencia inicial que fue aplazada para conceder un “tiempo prudencial” –de tres días hábiles– para estudiar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público.
En palabras del abogado e integrante del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, el accionar del estamento judicial hacia Hernández evidencia una “desbordada condescendencia”, en el que si bien dar un espacio prudencial a las partes para que se preparen es un derecho, en la práctica, “el sistema funciona como una máquina implacable y de manera expedita procuran hacer las audiencias y dictar resoluciones y autos de manera rápida, generalmente en perjuicio de los imputados pobres o sin poder”.
Mientras los defensores del agua de Guapinol y San Pedro pasaron 914 días en detención preventiva durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, el expresidente –sobre quien pesaba una orden de captura– permaneció siete meses fuera del país tras su indulto en Estados Unidos y sólo regresó cuando un juez suspendió temporalmente esa orden para permitir su comparecencia voluntaria y actualmente se defiende en libertad.
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El contraste también alcanza la postura del propio Hernández, quien hoy reivindica el derecho a enfrentar el proceso en libertad y cuestiona el uso de la detención preventiva. Sin embargo, durante sus dos administraciones esa medida fue objeto de constantes cuestionamientos por parte de organismos nacionales internacionales, que denunciaron su uso excesivo y la criminalización de personas defensoras del territorio y de la protesta social.
JUSTICIA PARA EL PODER, CRIMINALIZACIÓN PARA QUIENES DEFIENDEN EL TERRITORIO
Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), refiere que ese trato diferenciado confirma que en Honduras la justicia no se aplica de manera imparcial, sino que favorece a quienes concentran el poder político y económico mientras criminaliza a quienes defienden sus territorios y otros derechos colectivos.
Como ejemplo, contrastó las garantías procesales otorgadas al expresidente Hernandez con el tratamiento recibido en julio por cinco personas garífunas detenidas durante el primer desalojo ejecutado bajo la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026), quienes fueron acusadas de usurpación y posteriormente remitidas a un juzgado con competencia en criminalidad organizada.
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Miranda, junto con otros liderazgos y pobladores afectados por el despojo de sus territorios, ha permanecido durante cuatro noches en el Campamento Berta Cáceres, instalado frente a la Corte Suprema de Justicia, para exigir la extinción del proceso penal contra sus compañeros. Hasta la fecha, no han obtenido respuesta del Poder Judicial, pese a que la comunidad es beneficiaria de una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabilizó al Estado hondureño por no garantizar la protección de su territorio ancestral, permitir la entrega de tierras a terceros y autorizar proyectos sin consulta previa, libre e informada.
Frente a la narrativa de vulneración al debido proceso planteada por la familia Hernández, Miranda sostuvo que el expresidente pretende presentarse como víctima sin reconocer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante sus dos administraciones. “Nunca hablaron de la violación de los derechos humanos que reiteradamente hizo Juan Orlando Hernández a los pueblos”, reprochó.
Los casos expuestos ocurren en un contexto de profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia. Según el más reciente Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ, el 84% de la población encuestada considera que magistrados, magistradas, jueces y juezas protegen los intereses de los ricos, los poderosos y los narcotraficantes, mientras el 82% afirma tener poca o ninguna confianza en la justicia hondureña.
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