Aunque se supone que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano reconocido constitucionalmente, el manejo del agua en Honduras presenta graves problemas de accesibilidad y pésima calidad y, bajo el argumento de los gobiernos de buscar una solución, acompañados de permanentes irregularidades, se han adueñado de este recurso vital para llevarlo hacia la privatización.
Por tal razón, defensores del agua y organismos relacionados al medio ambiente han denunciado el debilitamiento de la gestión pública con la extinción paulatina del SANAA y concesiones a bancos privados como Ficohsa. Asimismo, han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público por anomalías en contratos de mantenimiento y operación.
Tegucigalpa, Honduras. – La crisis del agua en Honduras es un asunto de nunca resolver para los gobiernos de turno, al contrario, este líquido vital que debería ser un derecho humano es inalcanzable para una gran parte de la población, al punto en que el acceso al agua parece más un negocio que un servicio básico vital, seguro, suficiente y asequible para todos.
El interminable malestar de la población proviene de la histórica crisis hídrica que sufre Honduras, con innumerables quejas por escasez de agua potable, los largos racionamientos y la falta de acceso como servicio básico para toda la población.
El tema sobre la privatización del agua en Honduras inició tras una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1995, la cual exigió reformar el sector agua. En ese entonces, el BID y el Banco Mundial, establecieron que dichos cambios eran el requisito para otorgar préstamos.
Se supone que el objetivo era mejorar un sistema que perdía mucha agua y dinero y, a su vez, lograr que el servicio de agua fuera más eficiente. En tal sentido, se planteó quitar el control al gobierno central, es así como se creó una ley para descentralizar los servicios y abrir la puerta a modelos comerciales y privados.
Así nació la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto 118-2003), aprobada en el 2003, durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), la cual cambió la forma en que funciona el agua en Honduras, al abrir la puerta a la descentralización, ya que permitió al Estado otorgar la gestión del servicio a empresas privadas. De allí, se dio paso al proceso continuo hacia la privatización del agua.
Organismos sociales y ambientales como la plataforma de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), han denunciado que el agua potable en Honduras se camina hacia privatización, puesto que el modelo antes mencionado, hasta el 2022, afectó al menos a 90 municipios, al permitir la concesión administrativa a bancos y empresas, debilitando así la gestión pública.
Lo que sucedió es que se le dio a cada municipalidad el poder de decidir quién maneja y cobra el agua en su ciudad. Se creó el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento el (CONASA), para crear planes de consumo y saneamiento de agua y el Ente Regulador (ERSAPS), para vigilar que el servicio y los cobros.
ARCAH y otras organizaciones han señalado a CONASA por promover la mercantilización, privatización y el cobro del agua, respaldada por políticas del gobierno que permiten que este recurso vital se trate como mercancía, afectando directamente los derechos humanos y la vida de comunidades de territorios de los pueblos indígenas lencas en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán y en otros sectores.
Las organizaciones sociales también denunciaron la desaparición paulatina del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), con el propósito de favorecer la expansión de empresas privadas.
El SANAA, era la empresa estatal fundada en 1961 bajo el decreto 61, encargada de desarrollar los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillados sanitarios de todo el país.
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CAMINO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
En 2018 la municipalidad del Distrito Central, Francisco Morazán, traspasó parte de la red de agua y saneamiento a la empresa Hidalgo e Hidalgo (H&H). El modelo de concesión permitió dar el control del agua a una empresa privada que generó enormes conflictos. Tan solo ese mismo año, en la zona sur el caudal del río Choluteca se concesionó al sector privado y a la agroindustria, lo cual perjudicó a 200 mil personas que quedaron sin acceso al agua durante la temporada de sequías.
En el 2019, se inició un proceso de liquidación y reestructuración del SANAA, con lo que el control del agua potable en el Distrito Central fue transferido a la Alcaldía Municipal mediante la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), lo que provocó que su infraestructura sufriera graves daños por su deterioro histórico a causa de mantenimiento.
Según datos de la UMAPS, ese sistema obsoleto de fugas y tuberías rotas, hace que se pierda entre el 40% y el 45% del agua potable antes de llegar a las viviendas.
Organizaciones ambientales y amplios sectores de la población han señalado a la UMAPS como la transición hacia la privatización del agua potable. Lo anterior, debido a la subcontratación del servicio, en vista que la institución ha otorgado contratos a empresas privadas para el manejo de sus cobros y finanzas.
Además, existe el temor de que se imponga el modelo de Aguas de San Pedro, de San Pedro Sula, un contrato de concesión a 30 años que inició en 2001. Esta empresa privada administra el agua y el alcantarillado lo que aumentó contundentemente la tarifa del servicio.
Las juntas de agua, organizaciones vecinales y comunitarias han denunciado que estas acciones buscan quitarles el control independiente que tienen sobre sus tanques y tuberías locales.
Actualmente, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), mantiene 75 municipios en Alerta Verde para evitar crisis alimentarias debido a la falta de agua. Sin embargo, más de 240 de los 298 municipios de Honduras, enfrentan problemas recurrentes con el agua.
El suministro es demasiado irregular, no está disponible a tiempo completo. El Distrito Central sufre racionamientos fuertes en los que el agua solo llega una vez a la semana y los niveles de los embalses permanecen bajos.
En el caso del Corredor Seco, se sufre una escasez más crítica, en partes de Francisco Morazán, Choluteca, Valle, La Paz, El Paraíso y Comayagua. Ninguna ley ha sido capaz de solventar el problema del acceso al agua potable.
Poco después del golpe de Estado de 2009, entró en vigencia la Ley General de Aguas. El Congreso Nacional la aprobó el 14 de diciembre de 2009, mediante el Decreto 181-2009 y fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta en el año 2010. Luego, su reglamento operativo entró en vigor a través del Acuerdo Ejecutivo No. 002-2021.
Asimismo, se creó la Ley de Cambio Climático (Decreto Nº 297-2013, Ley de Cambio Climático Honduras), con un marco legal obligatorio, orientado a proteger el medio ambiente frente a desastres naturales. El objetivo era reducir los gases de efecto invernadero y preparar al país para resistir mejor los climas extremos. La ley es similar a un plan de emergencia nacional que, en lugar de ser reaccionario cuando haya un huracán o sequía, se exijan medidas preventivas en todo el país.
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LA CUESTIONADA MEKOROT Y MODELOS TAMBALEANTES SIN PREVENCIÓN
No obstante, el tema de la prevención ante los agentes climáticos en Honduras sigue siendo un problema sin resolver, realmente no existe la protección del recurso hídrico ni la aplicación de un plan de adaptación ante sequías y fenómenos extremos, aunque existan esas leyes.
Actualmente, en medio de la recia crisis por falta de agua potable, el gobierno de Nasry Asfura (2026-2030), sondea un acuerdo con la empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, cuya expansión en América Latina está empañada por cuestionamientos debido a su papel en los territorios palestinos ocupados y por su vinculación con la diplomacia hídrica israelí.
Por lo anterior, Organismos de derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado la controversia internacional de sus operaciones por restringir con severidad el acceso al agua a las comunidades palestinas. Además, has sido señalada por falta de transparencia en el uso de recursos públicos.
En entrevista con Criterio.hn, la especialista en recursos hídricos, Tania Peña, consideró que la resolución del problema se debe centrar en si el modelo realmente garantiza un acceso equitativo, sostenible y de calidad para la población.
En Honduras hay colonias como la Flor del Campo, en la que sus habitantes han denunciado que tienen al menos dos meses de no recibir el servicio de agua potable, lo que les obliga a comprar agua de cisterna.
Y existen casos más extremos, tan solo en el Distrito Central hay unas 280 colonias y barrios, muchas establecidas en las zonas más altas y de la periferia, que no están conectadas a la red de tuberías de la UMAPS. En otras palabras, el agua de la red pública simplemente nunca llega.
Entre las más afectadas están, la Nueva Capital, Nueva Jerusalén, Altos de La Laguna, Ramón Amaya Amador, Villa Francia, La Sosa, Altos de Santa Rosa, entre otras.
“Hay personas a las que el agua no les llega con la calidad apropiada, reciben el agua a un triple de costo de como la reciben otros, eso es más el modelo de gestión de agua que tenemos”, señaló Peña.
Hay muchos especialistas sobre todo jóvenes que estudian el recurso hídrico en Honduras, lo que significa que hay personas profesionales en el país capaces de poder liderar el tema hídrico.
Peña expresó que las autoridades deben sentarse y ver el problema que viene no de manera reactiva, no tratar la seguridad hídrica desde la crisis, sino desde antes que vengan estos problemas para tener trabajando las soluciones.
El debate que existe aborda la gestión y prestación de los servicios del agua. Las leyes vinculadas al tema del acceso al agua potable, promueven más el proceso de descentralización y creación de nuevas entidades reguladoras, que no han funcionado y están plagadas de irregularidades, lo cual ha generado diversas interpretaciones y debates sobre la participación de la población, del sector público y privado sobre el verdadero problema de abastecimiento del agua.
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SIN PLANIFICACIÓN NI INFRAESTRUCTURA
Otra arista a tomar en cuenta es que el déficit de agua potable, en este caso, en el Distrito Central, también se debe a otros factores que todavía no se han solventado, es que no se ha vuelto a invertir en una nueva represa para almacenar el agua empieza la temporada torrencial de lluvias.
La población solo cuenta con la represa Concepción que se construyó en 1992 y la represa Los Laureles que se construyó desde 1975 como una obra de emergencia para abastecer de agua. A esto se suma, el sistema El Picacho, que es el único productor a filo de agua en el Distrito Central.
El sistema de El Picacho, es la red más antigua y alta de la capital y fue creada en 1946. Transporta el agua desde el Parque Nacional La Tigra y otras montañas, luego pasa por la Planta Potabilizadora de El Picacho, la cual trata hasta 1,100 litros de agua por segundo.
Apenas inician las temporadas de lluvia se reportan fuertes inundaciones, es decir, toda el agua de lluvia se desperdicia a falta de proyectos para poder almacenarla.
Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2013, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Distrito Central tenía una población de 1, millón 259 mil 646. Y, se estima que la población actual del Distrito Central es de aproximadamente 1.35 millones de habitantes, basado en proyecciones oficiales del INE.
Mientras que la demanda diaria de agua es de 242 mil metros cúbicos, pero la capacidad de producción es de solo 182 mil metros cúbicos. Lo anterior representa un déficit del 25%. Esto sin tomar en cuenta las 280 colonias que no reciben el servicio de UMAPS, y, que, en verano casi 40% de las que sí están conectadas sufren interrupciones.
El cambio climático también ha provocado una prolongada escasez de lluvias que ha provocado un nivel crítico de agua. En la represa Los Laureles con un 41.27% y La Concepción en 34.34%, según la UMAPS. Las sequías son más largas y las temperaturas más altas debido al fenómeno del El Niño y «Súper Niño». Y, los inviernos son inestables, llueve muy fuerte por algunos días y luego deja de llover.
La UMAPS y la Alcaldía han declarado emergencia hídrica con racionamientos de cada 7 días, mientras que hay barrios y colonias en zonas altas en las que los racionamientos duran entre 15 y 20 días.
El presidente de las Juntas de Agua, Manuel Amador, ha señalado que los proyectos de Guacerique II y Río del Hombre continúan siendo las opciones más viables para enfrentar la escasez de agua. Además, se ha propuesto la perforación de nuevos pozos y la reparación de las históricas fugas de agua.
En conclusión, existen fuentes de agua disponibles, pero no hay proyectos nuevos para garantizar su almacenaje para que este a disposición en los días de sequías. Además, la red de distribución está en pésimo estado y se desperdicia más del 40% de agua que ya estaba almacenada.
