Tegucigalpa, Honduras – El Consejo Indígena Lenca de Las Crucitas, Santa María (Cilcrusama) en el departamento de La Paz, denunció el jueves frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la causa judicial por usurpación, así como la opacidad en el proceso, que se sigue en contra de sus liderazgos.
Jaira Castillo, vicepresidenta del Cilcrusama y una de las personas denunciadas por usurpación, explicó que el génesis de la problemática inició con la decisión de la Alcaldía Municipal de Santa María de instalar un crematorio en un terreno que estaría dentro de una propiedad con dominio pleno otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA) a la organización indígena.
Castillo señaló que, mientras una primera remedición ubicaba el predio fuera de los límites de la propiedad con título comunitario, una segunda, realizada por las oficinas regionales del INA en Comayagua, lo situó dentro de la tierra comunitaria. Además, sostuvo que la decisión de construir el crematorio en la zona fue tomada sin una consulta previa, libre e informada como corresponde.
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Roger Medina, abogado que conoce la causa, señaló que la denuncia penal habría sido interpuesta por el alcalde de Santa María, Edwin Alberto Nicolás Morales, en contra de la junta directiva del Cilcrusama, quienes realizan un proceso de control y recuperación sobre territorio que legal y ancestralmente les corresponde. Agregó que de instalarse un relleno sanitario dentro del territorio del Consejo causará daños al medio ambiente y a la salud de las personas que lo conforman.
Medina explicó que el Consejo tomó la determinación de viajar a Tegucigalpa para visibilizar y denunciar la lucha que sostienen y que está amparada en la Constitución de la República y el Convenio 169 de la OIT. Contó que anteriormente acudieron a la Fiscalía Local de Marcala, para presentar documentación relevante al proceso de defensa, así como el esclarecimiento del conflicto territorial, sin embargo esta no fue recibida.
“Lo que ocurre en Las Crucitas no es un hecho aislado. Se inscribe en una larga historia de despojo, concentración de la tierra y desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de Honduras. Hoy esta amenaza se profundiza con un nuevo régimen de privilegios para los sectores agroindustrial, ganadero, energético y turístico, que fortalece la protección de las inversiones y amplía las condiciones para criminalizar a quienes defienden la tierra y los territorios”, lee el comunicado –en referencia a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial– compartido por integrantes del Consejo.
Xiomara Digna Castillo, presidenta del Cilcrusama, denunció que además de la denuncia por usurpación, personal de la Dirección Policial de Investigaciones ya fue enviado a la zona, e incluso ya fueron amenazados con la ejecución de un desalojo. “Nos sentimos amenazados. Tenemos un título comunitario y una personería jurídica, el Estado debe respetar nuestros territorios”, señaló.
En junio de 2025, Lucia Vijil, analista socioambiental del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), señaló en una análisis coyuntural que el conflicto en Santa María, La Paz, tiene su origen en el racismo estructural y el desconocimiento institucional de las formas de organización y gobierno indígena. En ese momento, Vijil planteó que pese a que el Consejo cuenta con un título definitivo de dominio pleno sobre su territorio, las autoridades municipales y actores privados promovieron su desmembramiento y la transferencia de tierras a terceros, sin consulta previa, para actividades agrícolas y agropecuarias que han afectado las fuentes de agua y el equilibrio ecológico.
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La denuncia del consejo indígena lenca fue realizada en el marco del campamento reasentado Viva Berta por el pueblo garífuna que ya tiene 18 días de pernoctar frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al que se sumó esta semana representantes de la población lenca y campesina de Honduras. Entre las exigencias del pueblo garífuna está el cese de la persecución penal por el delito de usurpación contra cinco defensores del territorio de San Juan, Tela, durante un desalojo violento ejecutado bajo la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.