Tegucigalpa, Honduras. – Desde febrero, se comprometieron a rehabilitar el sistema de votación electrónico, excusaron su no implementación en la obsolescencia del mismo, cinco meses después y tras la aprobación de leyes lesivas a la ciudadanía, en el Congreso Nacional continúan votando y aprobando normativas a mano alzada, sin que exista un registro público individualizado del voto de cada diputado.
Las críticas por el uso de votaciones a mano alzada se han reiterado tras la aprobación de cuestionadas normativas impulsadas desde la presidencia del Poder Ejecutivo y la junta directiva del Congreso Nacional, sin que a la fecha se resuelva la situación. Entre estas destacan la aprobación de los decretos de emergencia en sectores como salud, carreteras, abastecimiento de placas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); la Ley de Empleo a Tiempo Parcial; la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial; y la redefinición del delito de asociación terrorista a través de reformas al Código Penal y Código Procesal Penal del 18 de mayo, entre otras.
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A mediados de junio, el Congreso Nacional firmó un convenio con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para la auditoría del sistema de votación electrónica del Poder Legislativo. Según el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, “el sistema de votación actual es obsoleto” y anunció la realización de pruebas de un nuevo sistema con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero no aclaró el porqué se dejó de usar el sistema que funcionó durante los cuatro años de la administración anterior.
Un mes antes de la firma del convenio con el IAIP, en mayo de 2026, Criterio.hn solicitó al Congreso Nacional –a través del Sistema de Información Electrónico (SIELHO)– el registro de las votaciones de las sesiones legislativas en las que se aprobaron los juicios políticos contra el exfiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya; el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los magistrados suplentes Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía Estapé. Aunque el oficial de información pública del Poder Legislativo notificó una prórroga para atender la petición, al cierre de esta nota, más de dos meses después, no había entregado la información requerida.
Hugo Noé Pino, doctor en economía y diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que de forma reiterada ha pedido que se retome el sistema de votación electrónica que funcionó durante el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo. Sin embargo, aseguró que la respuesta fue que la plataforma quedó obsoleta y que el Congreso busca la adquisición de un sistema más moderno con apoyo de organismos internacionales, un proceso que, según le informaron, depende de una licitación y tomará tiempo.
Según el congresista, el actual presidente del Congreso Nacional mantiene las votaciones a mano alzada para evitar que la ciudadanía conozca el sentido del voto de cada diputado en la aprobación de leyes impopulares. A su juicio, esta práctica no solo limita la transparencia y la rendición de cuentas sino que también ha permitido la aprobación de normas que, presuntamente, no alcanzaron los 65 votos requeridos.
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Sostuvo, además, que la ausencia de un registro individualizado del voto facilita la manipulación de las votaciones y dificulta verificar qué congresistas respaldan o rechazaron iniciativas como la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, posteriormente ampliada a los sectores de energía y turismo. Agregó que, mientras el Congreso insiste en que el sistema electrónico permanece fuera de servicio, ha propuesto que las votaciones se consignen de forma nominal, una alternativa que, dice, tampoco fue aceptada.
Javier Acevedo, abogado y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), al ser consultado por Criterio.hn sobre qué mensaje envía la directiva del Congreso al no hacer uso del sistema de votación electrónica, dijo que demuestran que su compromiso es con ciertos sectores, aún cuando estos estén por encima de la ley, y no en darle respuesta a la ciudadanía. “Y en ese sentido, el uso de sistemas opacos favorece precisamente ese proceso de manipulación que hemos estado viendo”, apuntó.
El profesional del derecho señaló que sostener las sesiones legislativas y la aprobación de normativas a mano alzada muestra por un lado el grado de compromiso con la transparencia por parte de la junta directiva, a la vez que hace más opaco el proceso de aprobación de las leyes porque no hay forma de corroborar si efectivamente los diputados están votando a favor, en contra o se abstienen de alguna propuesta legislativa, quedando en parte a la intencionalidad de la junta directiva, entre estos, particularmente el secretario, “que a veces apenas alza una vista del papel que está leyendo y ese que está aprobando”.
“No me explico cual es la dificultad que han tenido para poner en funcionamiento la pizarra electrónica. Eso no tiene más complejidad que tener la conexión a cada uno de los puntos dentro del hemiciclo legislativo. Ahí hay un elemento que habrá que discutir mucho y deben resolverlos lo más pronto posible”, concluyó Acevedo.
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