Tegucigalpa, Honduras. –El Congreso Nacional prioriza la aprobación de leyes y decretos que benefician a sectores económicos, pero relega proyectos como la Ley de Colaboración Eficaz, Ley contra el Nepotismo en la Administración Pública y la derogación del decreto 117-2019, que restituyó la inmunidad parlamentaria y ha sido cuestionado por organizaciones de sociedad civil y sectores que demandan mayores controles sobre los funcionarios públicos.
En marzo de 2026, los diputados del Partido Liberal, Carlos Umaña y Rashid Mejía, presentaron un proyecto de Ley contra el Nepotismo en la Administración Pública, una iniciativa que busca frenar la concentración de poder en manos de familias o círculos cercanos de ministros dentro del Estado.
La iniciativa pretende sancionar los nombramientos realizados al margen de los procedimientos establecidos en la normativa pública o que prescindan de los requisitos técnicos exigidos para ocupar determinados cargos.
El proyecto toma como referencia la prohibición establecida en el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, que impide a los funcionarios nombrar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en las instituciones bajo su responsabilidad.
Sin embargo, la propuesta busca ir más allá y establecer sanciones para aquellos funcionarios que intervengan para que sus familiares sean contratados en otras dependencias estatales, una práctica que ha permitido, históricamente, la conformación de redes familiares distribuidas en distintas instituciones públicas.
De acuerdo con el artículo 8 del anteproyecto, los funcionarios que incurran en nepotismo podrían enfrentar una inhabilitación de cuatro a ocho años para ejercer cargos públicos, además de una multa equivalente a 15 salarios mínimos.
Los familiares que resulten beneficiados también serían sancionados, con una inhabilitación de entre tres y seis años para desempeñar funciones públicas. Por otro lado, las sanciones alcanzarían igualmente a los funcionarios responsables de autorizar contrataciones o nombramientos que incumplan las disposiciones legales.
El proyecto contempla, además, mecanismos de supervisión por parte de los órganos competentes del Estado para verificar el cumplimiento de las disposiciones y garantizar que los procesos de contratación y nombramiento respondan a criterios legales y técnicos.
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LEY DE COLABORACIÓN EFICAZ, MÁS NECESARIA QUE NUNCA
Luego del asesinato del testigo protegidos en casos de alto impacto, juristas consultados por Criterio.hn señalaron que la Ley de Colaboración Eficaz debe ser implementada en el país, sin embargo, admitieron que su efectividad dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y confidencialidad de quienes decidan aportar información.
Javier Acevedo, abogado y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), indicó que de aprobarse una Ley de Colaboración Eficaz el Estado debe estar preparado para resguardar la vida y la identidad de aquellos que colaboren a desmantelar redes de corrupción o criminalidad organizada a cambio de beneficios legales.
Recordó, además, que la aprobación de esta normativa fue sugerida por el Equipo de Expertos de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de las negociaciones con la administración pasada para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
Pero la implementación de la figura de colaborador eficaz no sólo ha sido solicitud de organismos internacionales, la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) recomendó en el análisis y opinión jurídica emitida por el pleno de magistrados de la Corte mediante el Oficio PCSJ No. 0181-2026, relacionado con las recientes reformas al Código Penal y Código Procesal Penal aprobadas por el Congreso Nacional.
No es la primera vez que la Corte Suprema plantea la necesidad de aprobar esta normativa. En agosto de 2017, el pleno de magistrados ya se había pronunciado a favor de una legislación de este tipo y en ese momento fueron presentados dos proyectos ante el Congreso Nacional: uno impulsado por el Consejo de Secretarios de Estado y otro promovido por el entonces diputado Osman Aguilar.
Posteriormente, en 2019, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) insistió en la necesidad de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, recomendación que también fue respaldada por organizaciones de sociedad civil y por la Embajada de Estados Unidos en Honduras.
Sin embargo, pese a las reiteradas recomendaciones y sugerencias nacionales e internacionales, la iniciativa ha permanecido estancada por la falta de consensos y voluntad política.
La propuesta ha sido presentada en las últimas tres administraciones del Congreso Nacional sin lograr su aprobación definitiva. La más reciente iniciativa fue introducida en 2022 durante la gestión de Luis Redondo al frente del Poder Legislativo (2022-2026), aunque únicamente avanzó hasta un segundo debate.
La Ley de Colaboración Eficaz es considerada una herramienta orientada al desmantelamiento de redes de corrupción y estructuras del crimen organizado mediante incentivos legales para personas que colaboren con las investigaciones del Ministerio Público.
La normativa contempla beneficios como reducción de penas, criterios de oportunidad o libertades condicionales para personas que hayan participado o presenciado hechos delictivos y que aporten información relevante, verificable y útil para identificar responsables de mayor jerarquía dentro de las organizaciones criminales y redes de corrupción.
En esencia, el modelo busca facilitar la obtención de pruebas y testimonios que permitan a los operadores de justicia llegar a las cabezas de redes criminales y no únicamente a actores de bajo nivel.
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