Tegucigalpa, Honduras. – En una noche, el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento del Marco Penal en el Combate de Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. Al día siguiente, la diputada nacionalista Lissi Matute Cano presentó una moción de reconsideración para modificar los artículos 30 y 587 del Código Penal, relativos a la legítima defensa y a la definición del delito de asociación terrorista.
En una acción que se ya les ha hecho costumbre, pese a los cuestionamientos, nuevamente la directiva del Congreso Nacional modificó textos legislativos después de su aprobación. A la exoneración temporal de multas y sanciones electorales, la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final se les suma esta nueva normativa que forma parte de un paquete de leyes enfocadas en “combatir el terrorismo”, pero que parecen querer mantener en raya a la oposición y a los movimientos sociales.
Noticia relacionada:
En junio, tras la modificación de una de las normativas arriba enumeradas, mediante el uso de reconsideraciones de acta, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, recalcó que “[c]on el acta se cambia la FORMA, no el fondo”. Sin embargo, pese a la lluvia de cuestionamientos de analistas y otros abogados, la práctica continúa bajo la excusa de que no se incorporan artículos nuevos y que únicamente se tratan de ajustes de redacción.
Aunque en esta ocasión Zambrano estaba ausente, y la sesión era presidida por la también diputada nacionalista Tania Pinto Pacheco, para el presidente del Legislativo el cambio de textos legislativos no es algo nuevo.
Conoce más:
En 2018, la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) lo señalaron, junto con otros diputados, en el caso conocido como Pacto de Impunidad, relacionado con modificaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto mediante una fe de erratas que alteró el contenido aprobado por el pleno, beneficiando a diputados que eran investigados en el caso Red de Diputados, dificultando así las investigaciones.

AGREGÓ CONDICIONES PARA DESVIRTUAR LA LEGÍTIMA DEFENSA
La moción de reconsideración solicitada por Matute Cano agregó un párrafo al texto reformado del artículo 30, y que fue aprobado en un único debate la noche del 27 de octubre. El texto aprobado presumía la concurrencia de los tres requisitos de la legítima defensa cuando una persona actuará como un extraño sorprendido dentro de un domicilio o que intentara ingresar a una vivienda o negocio mediante violencia o intimidación.

Ahora con la modificación solicitada por Matute Cano, se agregó: “Esta presunción [de legítima defensa] sólo podrá desvirtuarse cuando se acredite que el peligro había cesado o que el hecho constituyó ejecución, venganza, o simulación de legítima defensa”.
La reforma al artículo 30 del Código Penal se suma al debate sobre los límites de la legítima defensa y la protección de la propiedad, planteado meses atrás con el proyecto que se conoció como ley de Casa Segura, presentado por el diputado del Partido Liberal por Cortés, Alex Eduardo Berrios Lamothe. En junio, Criterio.hn informó que juristas cuestionaron esa iniciativa por considerar que podía privilegiar la protección del patrimonio sobre el derecho a la vida.
La modificación podría facilitar que propietarios o empresas invoquen la legítima defensa contra personas que participan en procesos de recuperación de tierras, incluso en territorios disputados, y dificultar que se desvirtúe esa presunción cuando se use la fuerza contra ellas. En junio, el abogado Pedro Mejía, de la Plataforma Agraria, advirtió que una ampliación de esta figura podría utilizarse contra movimientos campesinos e indígenas que reivindican derechos territoriales.
De interés:
NUEVOS CAMBIOS AL DELITO DE ASOCIACIÓN TERRORISTA
La moción de reconsideración del miércoles 28 de octubre por la diputada Lissi Matute Cano modificó la redacción del numeral 5 del artículo 587 del Código Penal. Esta disposición, junto con el numeral 6, había sido incorporada un día antes, durante la sesión del 27 de octubre en la que se aprobó la más reciente reforma.
El numeral 5 se refiere al sometimiento de actividades económicas, comerciales, productivas, de distribución o transporte a monopolios de hecho, cobros ilegales o restricciones a la libre circulación de bienes, servicios, o personas. Con la reconsideración se precisó que estas conductas se vinculan con el delito de asociación terrorista cuando buscan ejercer control territorial, económico o social en beneficio de una asociación de este tipo, sus integrantes u otras personas.
Tras escuchar la moción de reconsideración, el diputado Sergio Castellanos anunció que la Bancada de Libertad y Refundación (Libre) votaría en contra de la reconsideración, pese a haber respaldado la reforma el día anterior. Aunque justificó ese apoyo inicial bajo el argumento de que compartían el objetivo de garantizar la seguridad, no eran desconocidas las advertencias realizadas desde organizaciones sociales y expertos de Naciones Unidas sobre los riesgos de criminalizar la protesta y la defensa territorial.
La tipificación del delito de asociación terrorista ya había tenido una primera reforma en mayo mediante el Decreto 84-2026. Una modificación que generó alertas de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos por el riesgo de que una definición amplia y ambigua facilitara la criminalización de la protesta social y el ejercicio de las libertades civiles.
En ese contexto, expertos independientes de Naciones Unidas, emitieron el 25 de agosto una comunicación, advirtiendo que la ampliación del delito de asociación terrorista podría ser incompatible con estándares internacionales y propiciar aplicaciones arbitrarias contra campesinos, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y actividades legítimas de la sociedad civil, con restricciones a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. También señalaron que el Decreto 84-2026 no establece criterios suficientemente claros ni garantías para incluir organizaciones en listas de entidades terroristas.
De interés:
Las advertencias sobre el alcance de esta disposición ya habían sido planteadas por voces nacionales. La abogada y defensora de derechos humanos Reina Rivera Joya alertó que las restricciones a la libre circulación podrían utilizarse contra comunidades que realizan tomas de carreteras para oponerse a proyectos extractivos. Por su parte, el abogado Pedro Mejía advirtió que las reformas ampliaban las herramientas para criminalizar la oposición política y la defensa territorial, mientras protegen intereses del sector agroindustrial.
Apoya el periodismo independiente
Para seguir leyendo noticias y coberturas que importan, añade a Criterio.hn a tus preferencias de contenido y recibe nuestras actualizaciones directamente en tu feed.
Añadir Criterio.hn a mis preferencias
Aún no hay comentarios en esta investigación. Sé el primero en compartir tu punto de vista.