Tegucigalpa, Honduras. –El Congreso Nacional se encamina a aprobar en tercer debate la denominada Ley de Derechos Parentales, una iniciativa que ha generado cuestionamientos entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten que algunas de sus disposiciones podrían convertirse en barreras para que niñas, niños y adolescentes accedan a información sobre salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia y derechos humanos.
El proyecto de ley, presentado en marzo de 2026 por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, a petición de organizaciones fundamentalistas como el movimiento Por Nuestros Hijos y líderes religiosos, actualmente se encuentra en discusión en tercer debate.
La iniciativa plantea que madres y padres de familia conozcan previamente los contenidos relacionados con educación sexual que serán impartidos a sus hijos en los centros educativos.
De acuerdo con el proyecto, uno de sus objetivos es garantizar el “derecho preferente” de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas, tanto dentro como fuera de los centros educativos, sean estos públicos o privados, presenciales, a distancia o de cualquier otra modalidad.
Además, la propuesta de ley establece que los padres podrán rechazar u oponerse a planes de estudio que incluyan contenidos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, equidad de género o educación sexual integral promovida desde Naciones Unidas.
Asimismo, contempla la posibilidad de que madres y padres opten porque sus hijos no participen en clases de educación sexual impartidas en los centros educativos. También plantea una mayor participación de los progenitores en asuntos relacionados con la malla curricular, planes de estudio, ejes educativos y metodologías pedagógicas que se pretendan implementar en los diferentes niveles del sistema educativo nacional.
Otra de las disposiciones que genera preocupación establece que, en centros de salud, museos u otras instituciones públicas o privadas donde se atienda a la niñez no podrán aplicarse encuestas, pruebas o consultas sobre aspectos vinculados con su vida privada —incluida su vida sexual, salud, vida familiar, intimidad doméstica o identidad— sin el consentimiento escrito de sus padres.
El proyecto señala que los funcionarios públicos que contravengan esta disposición podrían enfrentar responsabilidades de carácter penal, civil y administrativa.
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LEGISLADORES DEFIENDEN APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
Desde el Congreso Nacional, sin embargo, la iniciativa es presentada como una herramienta para garantizar la participación de los padres en la formación de sus hijos y establecer parámetros comunes para la educación sexual.
El diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Educación, Arnold Burgos, sostuvo que la propuesta busca que los padres tengan acceso previo a los contenidos que recibirán principalmente los estudiantes de educación media, y negó que su propósito sea orientar a los menores hacia una determinada orientación sexual.
El legislador dijo a medios de comunicación que, la intención principal de la iniciativa –que se encuentra en tercer debate— es establecer una enseñanza general relacionada con el conocimiento del organismo y garantizar que la educación sexual sea impartida bajo parámetros previamente establecidos.
“Lo que queremos es todo lo contrario, blindar, pero que siempre se tenga acceso a una educación sexual, que sea reglamentada y estándar para todos los centros educativos”, declaró el congresista.
Burgos insistió en que los padres buscan conocer previamente qué tipo de educación recibirán sus hijos y afirmó que el proyecto pretende “reglamentar, blindar y proteger” a los estudiantes y niños.
La iniciativa también contempla que los contenidos de educación sexual sean reglamentados y aplicados bajo un estándar común en los centros educativos, además de que sean impartidos por personal preparado de la Secretaría de Educación.
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ORGANIZACIONES ADVIERTEN POSIBLES BARRERAS DE ACCESO A INFORMACIÓN
Frente al avance del proyecto, Ecuménicas por el Derecho a Decidir advirtió que la normativa podría limitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a información necesaria para su protección y para el ejercicio de sus derechos.
Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, dijo a Criterio.hn que esta normativa –de ser aprobada— implica riesgos y consecuencias como la censura a la Educación Sexual Integral a la niñez, adolescencia y juventud que el Estado debería garantizar.
García recordó que la base de la Educación Sexual Integral es el acceso a información científica. Explicó que, además de proporcionar conocimientos sobre el funcionamiento biológico del cuerpo, esta formación constituye una herramienta de prevención, ya que permite a niñas y niños reconocer situaciones de abuso sexual y contar con elementos para identificar cuándo sus derechos están siendo vulnerados.
Asimismo, advirtió que la entrada en vigor de la normativa podría derivar en la criminalización de docentes que intenten abordar contenidos relacionados con educación sexual en los centros educativos.
En un comunicado emitido por la organización reconocen el papel de las familias en el acompañamiento y formación de las infancias y adolescencias, sin embargo, consideran que este derecho no debe convertirse en una herramienta de censura o en una barrera para acceder a información científica y preventiva.
Señalaron que uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los mecanismos de autorización parental contemplados para determinadas actividades, entre ellas charlas, talleres y materiales vinculados con educación sexual que no formen expresamente parte del currículo oficial.
A criterio de Ecuménicas, una disposición de este tipo podría convertirse posteriormente en una barrera para acceder a información considerada indispensable para niñas, niños y adolescentes durante su desarrollo.
Ante el avance del proyecto en el Congreso Nacional, Ecuménicas por el Derecho a Decidir instó a las y los diputados a no aprobar el proyecto de Ley de Derechos Parentales y pidió que cualquier discusión sobre la iniciativa se realice desde un enfoque de derechos humanos, género y protección integral de la niñez.
La organización también demandó garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban información científica, laica, objetiva y adecuada a su edad sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia y abuso sexual, consentimiento y derechos humanos.
Asimismo, pidió evitar mecanismos de censura o autorización que puedan impedir el acceso a información preventiva, especialmente aquella orientada a prevenir la violencia sexual y los embarazos en adolescentes.
Entre sus demandas también incluyó la implementación efectiva de una educación integral en sexualidad basada en evidencia científica y derechos humanos, así como el acceso oportuno, gratuito y sin discriminación a métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, con especial atención a adolescentes y comunidades indígenas y rurales.