El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) sugierió al Congreso Nacional ratificar la prohibición constitucional de la reelección antes de los comicios de 2029, luego de que una sentencia de la Sala de lo Constitucional habilitara la figura sin una reforma a la Constitución.
Analistas y exfuncionarios electorales señalan que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de resolver el vacío dejado por el fallo judicial de 2015 y establecer reglas claras para evitar que la reelección vuelva a ser utilizada como mecanismo de continuidad en el poder.
Tegucigalpa, Honduras. – La posibilidad de que la reelección presidencial vuelva a convertirse en un factor de tensión política ha reavivado el debate sobre la necesidad de que el Congreso Nacional cierre el vacío jurídico dejado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en 2015 habilitó la reelección presidencial, pese a que la Constitución nunca fue reformada.
Analistas y exfuncionarios electorales consultadas por Criterio.hn consideran que el Poder Legislativo debe ratificar constitucionalmente la prohibición de la reelección como parte del paquete de reformas electorales previo a los comicios electorales de 2029, con el propósito de evitar nuevas crisis institucionales y fortalecer la alternancia en el poder.
El 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional declaró inaplicables artículos constitucionales –incluyendo el 239— que prohibían la reelección, permitiendo así que exmandatarios pudieran postularse nuevamente a la presidencia de la República.
Este falló se dio luego de una petición del expresidente hondureño, Rafael Leonardo Callejas, quien falleció en 2020, y acompañada de 16 diputados del Partido Nacional y Unificación Democrática (UD), para dar vía libre a la reelección presidencial en cualquiera de sus formas.
CONGRESO DEBE RATIFICAR PROHIBICIÓN DE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL
En un informe presentado en marzo de 2026, por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) sostiene que la habilitación de la reelección mediante la sentencia de la Sala de lo Constitucional generó una ruptura del orden democrático que quedó evidenciada durante el proceso electoral de 2017, cuando Juan Orlando Hernández se lanzó como candidato presidencial y fue declarado como ganador en unos cuestionados comicios electorales.
El documento señala que la autorización no surgió de una reforma constitucional ni de un consenso político, sino de una decisión judicial que dejó sin efecto normas relacionadas con la alternabilidad presidencial, creando un escenario de incertidumbre que persiste hasta la actualidad.
Asimismo, recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho humano y que su habilitación por vía judicial puede afectar la democracia representativa y la soberanía popular.
Para Cespad, el objetivo de la reforma no es reabrir el debate sobre la conveniencia de la reelección, sino cerrar definitivamente una fractura institucional mediante un mecanismo constitucional legítimo que fortalezca la estabilidad democrática del país.
El director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, dijo que la organización ha propuesto incorporar esa medida dentro de las reformas electorales porque el tema de la reelección «no puede quedar en un limbo jurídico».
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el analista explicó la sentencia de la Sala de lo Constitucional dejó inaplicables varios artículos de la Constitución de la República sin seguir el procedimiento de reforma constitucional y la falta de una consulta popular, por lo que considera indispensable que el Congreso restablezca expresamente la prohibición.
«Una de las tareas para asegurar la democratización de futuros procesos electorales es restablecer y blindar el principio histórico del constitucionalismo hondureño relacionado con la prohibición de la reelección presidencial como garantía frente a la captura autoritaria del Estado, como límite al poder y para garantizar la alternancia», sostuvo el representante de sociedad civil.
Irías señaló que la medida cobra mayor relevancia debido a que Honduras continúa enfrentando una prolongada crisis democrática y advirtió que mantener abierta la incertidumbre constitucional podría propiciar nuevos conflictos políticos.
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REELECCIÓN SIGUE SIENDO UN TEMA SIN RESOLVER
La discusión toma relevancia luego de que en el debate público volvieran a mencionarse figuras políticas que, por distintas razones, han estado vinculadas al tema de la reelección presidencial.
Durante la administración de Luis Redondo (2022-2026), como presidente del Congreso Nacional, las reformas electorales quedaron relegadas a un segundo plano y no fueron priorizadas en la agenda legislativa. Entre las propuestas olvidadas estaban limitar la reelección presidencial.
Criterio.hn consultó al diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, si ya han recibido proyectos de ley o mociones encaminadas a limitar o ratificar constitucionalmente la prohibición de la reelección presidencial, pero no obtuvimos respuesta.
Mientras tanto, el debate jurídico continúa centrado en los alcances de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en 2015 y en la ausencia de una reforma constitucional que respalde expresamente esa interpretación.
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ARTÍCULOS PÉTREOS IMPIDEN CUALQUIER REFORMA
A juicio del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, la discusión sobre una eventual reforma resulta improcedente porque la Constitución hondureña prohíbe modificar los artículos pétreos.
En conversación con este medio digital el exfuncionario electoral explicó que las disposiciones relacionadas con la forma de gobierno, la soberanía nacional y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia no pueden reformarse mediante ningún mecanismo, incluyendo consultas populares o mayorías calificadas en el Congreso Nacional.
“Cualquier intento de reformar la Constitución para prorrogar o para alargar el periodo presidencial es completamente ilegal e inconstitucional”, advirtió el exfuncionario electoral.
