Tegucigalpa, Honduras. – Tras más de una década de los hechos, la Sala de lo Penal confirmó la condena contra el exmilitar en condición de retiro Óscar Finlander Armijo Uclés por los delitos de amenazas y daños en perjuicio de la familia Cordova, que fue forzada en 2014 a abandonar la tribu de San Francisco de Locomapa tras denunciar las agresiones y el despojo de tierras.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia de Yoro originalmente en enero de 2019, pero fue siete años más tarde que la misma quedó en firme luego que la Sala de Penal declaró no ha lugar el recurso de casación presentado por la defensa de Armijo Úcles y confirmó la condena.
Por estos delitos, Armijo Uclés fue sentenciado a tres años con seis meses de prisión, pena que Walter Díaz, del Bufete Estudios para la Dignidad, calificó como “realmente baja”. Explicó, además, que al ser una condena menor de cinco años, la defensa podría solicitar la conmutación de la pena, lo que permitiría evitar el cumplimiento efectivo en prisión mediante el mecanismo previsto por la ley.
Además, Armijo Úcles, mantiene un proceso investigativo por el delito de usurpación, debido al presunto acaparamiento de tierras. Díaz aclaró que este proceso es independiente de la condena por amenazas y daños confirmada por la Sala de lo Penal.
La condena contra Armijo Úcles por amenazas y daño, s contrasta con la absolución en el caso del triple asesinato ocurrido en 2013 en la misma tribu. La acusación privada, tras presentar un recurso de casación, fue notificada que se confirmó la sentencia absolutoria a favor de Carlos Luque, señalado como uno de los supuestos responsables del asesinato de María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando Fúnez Medina, cuando participaban en una protesta contra la extracción maderera.
Walter Díaz señaló que el grado de impunidad por sucesos ocurridos al interior de la tribu es casi total, como ocurrió en el triple crimen de 2013. Díaz señaló que esta impunidad es parte del abandono estatal de las comunidades, que están ubicadas en zonas montañosas, donde cuesta que llegue una ambulancia o una patrulla policial.
Detalló que el Bufete de Estudios para la Dignidad y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han presentado más de 35 denuncias desde 2013, de las cuales pocas han sido judicializadas. Entre ellas está el proceso contra Álvaro Hernández Londoño, representante de la empresa minera Lachansa, quien enfrenta un proceso penal en el Juzgado de Yoro por el delito de explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del medio ambiente, el Estado de Honduras y el pueblo Tolupán. Mientras que su hijo, Santiago Londoño, quien también forma parte de la empresa, enfrenta un proceso por hostigamiento sexual en perjuicio de una menor de edad de la tribu de San Francisco de Locomapa.
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De acuerdo a Díaz, los procesos contra los ejecutivos de Lachansa son de los pocos casos que han llegado a los tribunales. En el resto, las gestiones por el Bufete Estudios para la Dignidad ante los fiscales encargados reciben como respuesta que las diligencias continúan a cargo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que aún no ha remitido los informes correspondientes. “Son más de 35 los procesos que todavía están a la espera de un requerimiento”, señaló.
A esta ausencia de respuesta judicial se suma la violencia contra quienes defienden el territorio. Díaz aseguró que, desde 2013, más de diez personas han sido asesinadas en la tribu San Francisco de Locomapa en el marco de la defensa del territorio y de los bienes comunes y naturales.
En el marco de la presentación del Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Honduras 2025, ACI Participa documentó la persistencia de amenazas, asesinatos y criminalización contra integrantes de la tribu San Francisco de Locomapa. El informe recoge los casos de los defensores tolupanes Milgen Soto y Ramón Santiago Matute, así como los asesinatos de José Salomón Matute y Juan Samuel Matute, y señala la falta de avances significativos en algunas de estas investigaciones.