Con nombramiento de sus propias autoridades, ZEDE Próspera estaría dando un moderno golpe de Estado contra Honduras

Tegucigalpa, Honduras. – La Unidad Popular Hondureña, exigió frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la ejecución de la resolución que declara inconstitucionales a las Zonas Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), frente al nombramiento de autoridades y funcionarios, en estos recintos exclusivos declarados como inconstitucionales que, con estas últimas acciones ilegales, pretenden fortalecerse.

El 15 de septiembre, ZEDE Próspera nombró al abogado hondureño Alberto Hernández Franks, como su nuevo Fiscal Civil, un cargo, según anunciaron, diseñado para hacer cumplir la normativa civil, tributaria y administrativa dentro de esa jurisdicción especial ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, Honduras.

Con relación al nombramiento, el secretario técnico de Próspera, Jorge Colindres, avisó que realizarán nuevos nombramientos antes de que culmine septiembre, para fortalecer la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (RFSA), en respuesta al incremento de empresas fintech y de activos digitales en dicha zona.

Desde el 20 de septiembre de 2024, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró la inconstitucionalidad de toda forma jurídica relacionada con las ZEDE, con una mayoría de ocho de 15 magistrados a favor de los efectos nulatorios desde su origen (ex tunc).

El pleno de la CSJ, de ese entonces, resolvió declarar inconstitucional el Decreto 236-2012 y la Ley Orgánica de las ZEDE (Decreto 120-2013). El fallo determinó que las ZEDE violaban artículos pétreos de la Constitución de la República, al alterar la forma de gobierno y la soberanía territorial.

Sin embargo, tres empresas de la ZEDE Próspera, en Roatán, Islas de la Bahía, la que busca extenderse y eliminar a los pueblos afrodescendientes, pretenden a través de una solicitud ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuya sede principal se establece en Washington D.C., Estados Unidos, para que prevalezca el trato comercial por sobre la soberanía nacional de Honduras, aunque la Constitución de la República, manda a la ciudadanía a defender el territorio nacional.

El gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), luego de haber formalizado su salida del convenio en 2024, el gobierno actual, encabezado Nasry Asfura (2026-2030), firmó y ratificó la reincorporación del país al CIADI. El Convenio del CIADI entró nuevamente en vigencia de manera oficial, el 16 de agosto de 2026. Según el discurso del gobierno de Asfura, el objetivo es promover esta medida, como una estrategia para restablecer la seguridad jurídica y atraer el capital extranjero.

“Se está provocando un tipo de golpe de Estado, contra la institucionalidad total del país, a través de un arbitraje internacional, con el objetivo de hacer prevalecer lo mercantil antes que la autodeterminación de los pueblos y el Estado de derecho», resaltó Fernando García, quien fungió durante el gobierno de Xiomara Castro, como comisionado presidencial contra las ZEDE.

“Cuando el gobierno [de Asfura], decide volver a adherirse al CIADI, nos damos cuenta de que el procurador general [Dagoberto Aspra], está negociando con gente de ZEDE Próspera”, señaló García, quien sostuvo que esas negociaciones que señala la PGR deben ser reconsideradas, tomando en cuenta que ZEDE Próspera tomó la decisión de nombrar a ejecutivos en cargos de funcionarios públicos dentro de esa zona exclusiva, el 15 de septiembre de 2026.

Fernando García retomó que durante su gestión en el gobierno de Castro, se entregó un documento en junio de 2026 ante el CIADI, en el cual confirman ratifican y expresan tácitamente todos los argumentos, criterios jurídicos con soporte documental entregado a la PGR, en el cual se alega la defensa del Estado de Honduras.

En ese entonces, la PGR, tomó la decisión oficial como Estado, respecto a que el CIADI no es competente para conocer los casos antes mencionados. Detalló que en uno de los memoriales que incluye la documentación, se refiere al tema de cómo las inversiones efectuadas por empresas particulares en ZEDE Próspera, no corresponden con las normas jurídicas, nacionales, ni con las advertencias realizadas de forma previa respecto a su inconstitucionalidad.

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GOLPE DE ESTADO MODERNO

Por su parte,  representante de la Vía Campesina y exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Pedro Rafael Alegría, apuntó que los diferentes sectores sociales, políticos, empresariales y el gobierno, deben darse cuenta del momento crítico por el que pasa el país, producto de las ZEDE de las últimas acciones en torno a estas, sostenidas en la plena ilegalidad, al realizar nombramiento de sus propias autoridades, como un Estado paralelo, ajeno al Estado de Honduras, lo cual debería ser frenado y motivo de preocupación suficiente para provocar la reacción de toda la población.

“Hacemos una invitación a luchar en defensa del territorio y la gobernabilidad, como lo manda la Constitución de la República”, apuntó Alegría.

Subrayó que atentan directamente contra la forma de gobierno, al dictar acciones que cercenan al Estado de Honduras y prácticamente es un golpe de Estado moderno.

En ese sentido, la comitiva social apuntó que la Corte Suprema de Justicia está obligada a hacer prevalecer la sentencia de inconstitucionalidad, mientras la Fiscalía debe, de inmediato, investigar de oficio dichos delitos, en conjunto con la PGR, porque de quedarse en la pasividad, estarían actuando como cómplices de una situación trágica que atenta contra Honduras y su población completa.

Ante este panorama, Fernando García, aseguró ante Criterio.hn, que la ZEDE y las acciones que pretenden afianzarlas, son reversibles, siempre y cuando, los medios de comunicación tradicionales a la orden de los grupos oligárquicos, tomen conciencia de que hay un proyecto de nación auténtico que está en riesgo y que vienen procesos de colonización con nuevas características. Pero, más importante aún, es que el pueblo de Honduras, se organice de manera más amplia, pluralista y democrática, alrededor de un tema de trascendencia nacional, enfocados en desarmar todo el andamiaje de la ZEDE, en la que se desarrollan únicamente los multimillonarios y los libertarios detrás de sus inversiones, sobre todo, en ZEDE Próspera.

En una nota reciente, Criterio.hn, expone que Próspera sería el canje por el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018) y (2018-2021), según un informe del personal demócrata de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes Demócratas. Mientras tanto, Hernández, quien había sido condenado por delitos ligados al narcotráfico, sostiene el repetitivo sermón de que el beneficio de su indulto es producto de su inocencia.