El Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) advirtió que la normativa prioriza la agilización de trámites para proyectos agroindustriales, energéticos y turísticos sin fortalecer los mecanismos de evaluación, control y vigilancia ambiental, lo que podría traducirse en mayores conflictos socioambientales.
Tegucigalpa, Honduras. – El Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) advirtió sobre los posibles impactos ambientales y sociales de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, al considerar que la normativa debilita los mecanismos de protección ambiental y aumenta los riesgos para defensores del ambiente.
A través de un pronunciamiento, los profesionales de la biología manifestaron su preocupación por el Decreto 107-2026, aprobado por el Congreso Nacional el pasado 4 de junio y publicado en el diario oficial La Gaceta el 26 de junio de 2026, al señalar que la legislación prioriza la agilización de trámites administrativos para sectores productivos sobre los procesos técnicos necesarios para evaluar los impactos ambientales.
Además, señalaron que las actividades agroindustriales intensivas y extensivas han estado históricamente relacionadas con prácticas poco sostenibles, impactos ambientales y conflictos socioambientales, por lo que considera preocupante que la nueva normativa facilite los procesos de licenciamiento ambiental sin fortalecer previamente las capacidades institucionales de evaluación, control y vigilancia.
“Vemos con gran preocupación que la precipitada ley priorice y agilice trámites administrativos para tales sectores, especialmente en el proceso de licenciamiento ambiental, anteponiendo la facilitación administrativa a los análisis cuidadosos que requiere este tipo de proyectos”, expuso el Colegio de Biólogos.
Según el pronunciamiento, la normativa restringe la capacidad del Estado para detener proyectos que ya cuentan con autorizaciones cuando estos generen daños ambientales, además de limitar la participación ciudadana y el derecho de las comunidades a denunciar afectaciones al ambiente.
RIESGOS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
El gremio de profesionales de la biología también cuestionó que la ley contemple el tránsito libre de productos agroindustriales en zonas como parques nacionales y humedales, al considerar que esta disposición podría entrar en conflicto con normativas nacionales e internacionales.
Además, recordaron que estos espacios están regulados por instrumentos como la Convención Ramsar sobre humedales, la Ley de Áreas Protegidas y Vida Silvestre y los planes de manejo establecidos para garantizar la conservación de ecosistemas vulnerables.
Además, alertó que la ampliación de la normativa hacia los sectores energético y turístico podría incluir proyectos de alto impacto que requieren evaluaciones ambientales rigurosas, mencionando iniciativas como el puerto de cruceros de Tela y la terminal marítima de Omoa.
“Los proyectos de alto impacto deben estar sujetos a rigurosos estudios ambientales y no a procesos simplificados”, sostuvo el Colegio de Biólogos.
Ana Velásquez, bióloga, advirtió que la reducción de los plazos para emitir licencias ambientales y la figura de la aprobación tácita limitarían la capacidad de las instituciones para realizar evaluaciones técnicas completas.
En conversación con Criterio.hn explicó que reducir a la mitad los tiempos de evaluación obligaría a emitir licencias sin cumplir con la rigurosidad que exige la legislación ambiental, especialmente porque muchos estudios requieren trabajo de campo durante diferentes épocas del año para identificar adecuadamente los impactos sobre los ecosistemas.
También advirtió que la normativa generaría presión sobre los equipos técnicos de instituciones como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), al imponerles plazos que calificó como «irracionales» para analizar expedientes complejos.
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COALICIÓN AMBIENTAL ADVIERTE SOBRE UN «DEBILITAMIENTO» DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
A las preocupaciones del Colegio de Biólogos se sumó la Coalición Ambiental de Honduras (COAH), cuyos cofundadores, la bióloga Ana Velásquez y el biólogo Luis Méndez, aseguraron que la Ley de Agroindustria representa un nuevo retroceso en la protección ambiental y en los derechos de las comunidades.
En declaración a Criterio.hn los profesionales de la biología apuntaron que Honduras «no necesita ni merece un supuesto desarrollo a costa de la destrucción ambiental, del despojo de las comunidades ni de la violación sistemática de la justicia socioambiental», al tiempo que denunció un debilitamiento del marco constitucional e institucional encargado de proteger la biodiversidad.
La COAH recordó que no es la primera vez que la protección del ambiente y los recursos naturales sufre una envestida de este calibre. El reciente Decreto 107-2026, sumado al impulso de iniciativas de licenciamiento ambiental exprés en el gobierno anterior, imponen la falsa narrativa de que para generar empleo e inversión es imprescindible reducir los controles técnicos del Estado y recortar los procesos de evaluación técnico-científica.
De acuerdo con el biólogo Luis Méndez, la aprobación del Decreto 107-2026, contentivo de la Ley de Agroindustria, revive preocupaciones que organizaciones ambientales habían logrado frenar durante la discusión del proyecto de Ley de Licencias Exprés.
Sostuvo que, bajo la figura del fortalecimiento y protección del sector agroindustrial, la normativa permite el libre tránsito de productos e insumos agroindustriales como si se tratara de un interés superior, lo que, a su juicio, vulnera el derecho constitucional a un ambiente sano.
Méndez advirtió que esta disposición podría facilitar la contaminación de suelos y fuentes de agua, degradar ecosistemas marinos y terrestres y aumentar los riesgos para la biodiversidad y la seguridad ambiental del país.
Por su parte, Ana Velásquez, bióloga, cuestionó que la reducción de los plazos para emitir licencias ambientales y la disminución de los espacios de participación ciudadana impliquen una mayor eficiencia institucional.
«Acortar los plazos y silenciar la participación ciudadana no es hacer más eficiente al Estado: es legalizar el ecocidio», dijo a este medio digital.
Añadió que la falta de consulta y socialización de la normativa representa una amenaza para la conservación de la agrobiodiversidad y de los territorios ancestrales, así como para áreas protegidas, corredores biológicos, reservas privadas, cuencas hidrográficas y zonas costeras.
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LEY INCREMENTA RIESGO PARA DEFENSORES AMBIENTALES
El CBH manifestó que la ley incrementa la vulnerabilidad de las comunidades locales y representa un riesgo para los defensores del ambiente en Honduras, país que enfrenta altos niveles de violencia contra personas que protegen territorios, fuentes de agua y bienes comunes.
Los biólogos recordaron que la defensa ambiental en el país se desarrolla en un contexto de amenazas (e incluso la muerte) derivado de conflictos vinculados con actividades extractivas, proyectos de infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales.
Ante este escenario, el Colegio de Biólogos exhortó al Gobierno a revisar la normativa y aplicar criterios científicos y técnicos en la evaluación de los proyectos contemplados dentro del Decreto 107-2026.
También pidió que se respeten principios ambientales como el precautorio, el de no regresión ambiental y el de “quien contamina paga”, además de las obligaciones constitucionales relacionadas con la protección del ambiente y la salud de la población.
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MODIFICACIONES POSTERIORES A LA APROBACIÓN VIOLENTAN LEY ORGÁNICA DEL CN
La normativa fue aprobada inicialmente enfocada en el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial; sin embargo, después de su aprobación el diputado nacionalista Marcos Paz Sabillón solicitó una modificación para ampliar su alcance e incorporar actividades relacionadas con los sectores energético y turístico, violentando la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Según cuestionamientos realizados tras el proceso legislativo, la modificación fue incorporada dos días hábiles después de la aprobación de la ley, sin una nueva votación en el pleno del Congreso Nacional, en medio de señalamientos sobre falta de transparencia e irregularidades en la contabilización de votos.
Sectores sociales y ambientales han cuestionado que la legislación pueda favorecer la instalación o desarrollo de proyectos empresariales reduciendo controles ambientales, mientras organizaciones campesinas e indígenas han advertido sobre posibles afectaciones a sus territorios y derechos colectivos.
