Tegucigalpa, Honduras. – Las protestas registradas durante esta semana en distintos puntos de la zona norte y occidente del país reflejan el descontento de la población ante el incremento en el precio de los combustibles, el alto costo de la vida y la falta de medidas gubernamentales que reduzcan el impacto económico en los bolsillos de las y los hondureños. Sin embargo, la respuesta de la Policía Nacional ha sido una cruenta represión para desolar a los manifestantes.
Las movilizaciones, convocadas inicialmente por sectores del transporte de carga pesada, se extendieron con la participación de habitantes de comunidades, entre ellas Cofradía en el departamento de Cortés, donde se realizaron bloqueos de carreteras en rechazo a las alzas anunciadas por la Secretaría de Energía (SEN) el pasado sábado 26 de septiembre.
Desde el lunes 28 de septiembre comenzaron las acciones de protesta luego que en redes sociales circularan convocatorias a un paro nacional por el aumento en el precio de los combustibles. Las manifestaciones continuaron durante varios días en municipios de la zona norte y occidente del país.
Uno de los puntos donde se registraron mayores tensiones fue Cofradía, Cortés, donde manifestantes bloquearon la carretera CA-4, principalmente en sectores como la colonia San Jorge y zonas cercanas, utilizando vehículos, piedras, llantas y otros objetos para impedir el paso vehicular en la zona.
Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de confrontación durante los desalojos realizados por agentes de la Policía Nacional. En algunas grabaciones se escuchan detonaciones de armas y se observan personas tendidas en el suelo, mientras otros registros muestran la presencia de unidades policiales –tanquetas— utilizadas para dispersar a los manifestantes.
Un video compartido por un medio capitalino se observa los momentos de tensión que se registraron en la carretera CA-4, a la altura de Brisas del Valle en Cofradía, Cortés, donde se produjo un enfrentamiento entre elementos de la Policía Nacional y manifestantes que protestaban contra el incremento en el precio de los combustibles.
En el clip se logra escuchar disparos y el relato de un periodista que cubría la manifestación explicar que “se escucha la bala (…) vamos a protegernos, caos en Brisas del Valle”.
De manera preliminar, se reportó que dos jóvenes habrían resultado heridos y otros fueron detenidos. Uno habría sido trasladado desde el sector de Vida Nueva y otro desde Brisas del Valle.
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POLICÍA NACIONAL JUSTIFICA REPRESIÓN CONTRA MANFIESTANTES
La Policía Nacional justificó las acciones bajo el argumento de garantizar la libre circulación. El director de la institución, Rigoberto Oseguera Mass, afirmó que se implementarían mayores controles en la zona y advirtió que las personas que obstaculizaran las vías serían detenidas, al considerar que estaban afectando la economía del país.
Durante una entrevista brindada a un noticiero capitalino, Oseguera Mass aseveró que durante los tres días de protestas se registraron incidentes y enfrentamientos durante algunos desalojos, aunque indicó que no existía un reporte oficial sobre saqueos.
El jerarca de la Policía Nacional afirmó que las personas que obstaculicen las vías serán detenidas, al considerar que están incurriendo en un delito y afectando la economía del país. Además, indicó que se instalarían componentes policiales durante las 24 horas para evitar nuevos bloqueos.
“No hay un móvil definido para que esto ocurra, no hay una razón. Aquí vemos jóvenes que están siendo motivados (…) Son motivaciones oscuras y que estamos trabajando y procesando para definir las responsabilidades”, argumentó el uniformado.
La Policía Nacional se prepara para continuar acciones y “componentes policiales más fuertes”, con el fin de dispersar las manifestaciones que se han concentrado en la zona norte del país. Aquí puede ser una foto de policías reprimiendo o tanquetas.
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REPRESIÓN CONTRA MANIFESTANTES, SE DA EN UN CONTEXTO DE REFORMAS QUE CRIMINALIZAN LA PROTESTA
La represión a los manifestantes en Cofradía, Cortes y otras zonas aledañas se da en un contexto en el que el Congreso Nacional aprobó reformas al Código Penal y Procesal Penal, y la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que según analistas consultados por Criterio.hn tienen como fin criminalizar la protesta ciudadana.
El sociólogo y catedrático universitario, Josué Sabillón Casco, vinculó la respuesta estatal con el contexto de aprobación de nuevas normativas de seguridad y cuestionó el uso de medidas restrictivas frente a demandas sociales.
En entrevista brindada a Criterio.hn el analista explicó que el uso de estas figuras legales, que buscan combatir la criminalidad organizada, termina violentando derechos fundamentales y se ha convertido en una vieja usanza de gobiernos de corte conservador.
En tanto el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad (BED) e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víctor Fernández, explicó que existen riesgos relacionados con la aplicación de figuras penales amplias frente a acciones de resistencia comunitaria y protesta social.
En una entrevista brindada días atrás el jurista indicó que, conceptos generales dentro de delitos como asociación terrorista podrían abrir la posibilidad de que distintos actores utilicen el sistema penal contra movimientos sociales que realizan acciones de reclamo.
Al igual que Sabillón y Fernández, el sociólogo y analista político Engels López precisó que estas acciones generan preocupaciones relacionadas con el debilitamiento institucional, el respeto a los derechos humanos y el uso de medidas de seguridad para abordar problemas estructurales.
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TRANSPORTISTAS ABANDONAN REUNIÓN CON DIPUTADOS
Mientras continuaban las protestas en la zona norte del país, dirigentes del transporte de carga pesada y transporte urbano e interurbano fueron convocados por la Comisión de Transporte del Congreso Nacional para discutir alternativas ante el incremento en los precios de los combustibles.
Sin embargo, representantes del sector abandonaron la reunión luego de denunciar que varios dirigentes no pudieron ingresar al encuentro.
Según reportes, la reunión buscaba analizar alternativas financieras de emergencia y definir medidas frente al aumento de los combustibles, cuyo precio superaba los 153 lempiras por galón.
Representantes de la Comisión de Transporte indicaron que se habían programado encuentros con distintos sectores del transporte, incluyendo carga pesada, transporte especializado, urbano e interurbano.
No obstante, los dirigentes denunciaron que representantes de zonas como San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Bárbara, Danlí, Choluteca y Tegucigalpa no pudieron ingresar, por lo que las reuniones fueron suspendidas.
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