La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado de Honduras a investigar la participación de agentes estatales en la violenta muerte de 46 mujeres en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social
A pesar de las evidencias y denuncias, el Ministerio Público solo ha presentado requerimientos fiscales contra mujeres privadas de libertad vinculadas a la Pandilla 18, dejando en la impunidad la posible complicidad de funcionarios penitenciarios y policiales
Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió al Estado de Honduras deducir responsabilidades a agentes estatales por la muerte violenta de 46 mujeres al interior de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS)
Andrea Pochak, comisionada relatora para Honduras de la CIDH, catalogó el hecho como “terrible y brutal”, remarcó que la dicha masacre hay “responsabilidades institucionales”.
En ese sentido, expresó que dichas responsabilidades no pueden recaer sól9o en las privadas de libertad a quienes se han identificado como presuntas responsables materiales, razón por la cual el Ministerio público ha presentado requerimientos fiscales.
“No pueden recaer estar responsabilidades solo en las reclusas, acá hubo participación de agentes estatales”, denunció Andrea Pochak durante el 190º Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, sonde se abordó la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad vinculada a la crisis carcelaria en el país.
Hasta la fecha, sólo se conoce que el Ministerio Público ha ejecutado requerimientos ficales para 16 mujeres privadas de libertad a quienes vinculan con la Pandilla 18.
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¿COLUSIÓN DE LA POLICÍA?
El 20 de junio de 2023 la conmoción se apoderó del territorio nacional, a través de medios de comunicación y redes sociales se difundía la noticia de un incendio al interior de PNFAS. Con el paso de las horas los destalles fueron saliendo a la luz. Al finalizar el día, las autoridades informaron la muerte de 46 mujeres privadas de libertad, unas perdieron la vida por impactos de bala y otras incineradas.
Aunque hay avances en la investigación –respecto a las autoras materiales— y pese a existir una denuncia pública de la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva, aún no se conoce si las autoridades han emprendido investigación contra agentes estatales.
En 2023, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, reveló en un programa televisivo que los cuerpos de las víctimas mostraban heridas de bala atribuibles a la Policía Nacional. De acuerdo con Villanueva, el 96% de los casquillos de bala hallados, así como algunas de las armas incautadas, pertenecen a esta entidad.
La Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida (FEDCV) informó que las mujeres que materializaron la masacre , obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, entre las que se detallan: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 38 y 45 milímetros), también se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría.
Asimismo, los familiares de las víctimas reclaman que aún no se ha investigado adecuadamente la responsabilidad de los funcionarios encargados de la seguridad y administración del PNFAS, quienes permitieron el ingreso de combustible, armamento y municiones, facilitando así el terrible suceso.
Bajo este panorama, analistas consideran que las denuncias de corrupción, la escasez de recursos y la presunta complicidad de funcionarios penitenciarios han entorpecido significativamente el proceso judicial. Estos factores no solo dificultan la resolución del caso, sino que también reflejan las profundas deficiencias del sistema penitenciario del país.
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ESTADO IGNORÓ ALERTA DE LA CIDH
En abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró su visita in loco a Honduras con una advertencia preocupante sobre los conflictos internos en el Centro Penal Nacional Femenino de Adaptación Social (PNFAS). En su informe de observaciones preliminares, la CIDH destacó que las cárceles hondureñas se caracterizan por la corrupción, lo que ha facilitado el ingreso de armas de alto calibre.
Además, señaló la existencia de autogobierno y la pérdida de control total por parte del Estado, especialmente en los centros de máxima seguridad. Estas condiciones se ven agravadas por una insuficiencia en el número de personas encargadas de la custodia y un escaso equipamiento de seguridad, creando un ambiente de inseguridad dentro de los penales.
La CIDH también resaltó que en PNFAS predominan en número las mujeres de la Pandilla 18, lo cual genera un ambiente de tensión y temor entre las mujeres de la Mara Salvatrucha (MS). “Ante esta situación, muchas mujeres de la MS se ven forzadas a entregar a sus bebés a sus familias por temor a que les ocurra algo” advirtió el organismo internacional.
A pesar de estas serias advertencias, el Estado hondureño no tomó en consideración las observaciones y alertas del organismo internacional. Analistas sostienen que, de haberse atendido las recomendaciones de la CIDH, se podría haber evitado la tragedia que posteriormente ocurrió en el centro penitenciario.
