Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, advierte sobre una tendencia regional marcada por la concentración de poder, la criminalización de voces críticas y el debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Tegucigalpa, Honduras. – Durante décadas, en Centroamérica los espacios cívicos más que existir, resisten. Actualmente enfrentan una nueva embestida, en medio de gobiernos que desafían contrapesos institucionales, concentran poder y avanzan sobre derechos y libertades, bajo discursos de desarrollo y seguridad.
En Costa Rica, la mandataria Laura Fernández dice que no acatará los fallos de la Sala de lo Constitucional; en Nicaragua, Daniel Ortega anunció que “no volverá a haber elecciones”; en El Salvador, Nayib Bukele informó –en medio de denuncias por violaciones de derechos humanos– que buscará una segunda reelección; mientras que en Honduras, el Congreso Nacional tras someter a juicios políticos sumarios a funcionarios vinculados al partido de oposición, ha construido un andamiaje legal que apunta al cierre de los espacios cívicos.
Entre las normativas señaladas se encuentran el Decreto 107-2026 , que contiene la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores; el Decreto 84-2026, que amplió de forma vaga la tipificación del delito de asociación terrorista; y el Decreto 127-2026 denominado Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final.
A estas se suma el proyecto de ley casa segura, otra de las iniciativas impulsadas desde el Congreso Nacional que ha generado cuestionamientos por ampliar los alcances de la legítima defensa hasta el punto de priorizar la protección de la propiedad sobre el derecho a la vida.
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En este contexto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, advirtió al referirse al Decreto 107-2026, que desde el Poder Legislativo pedirán cuentas a los operadores de justicia si no aplican la normativa.
“Recuerde que el Congreso entrega la norma, entrega la ley, quien la aplica, en este caso, son los operadores de justicia y, si no la aplican, tendremos la obligación desde el congreso de pedir cuentas, porque también tenemos esa atribución contralora, auditora y supervisora sobre todas las instituciones del Estado y más en estos casos, que es sobre la aplicación de una ley”, manifestó Zambrano este martes a periodistas.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, señaló a Criterio.hn que el patrón que se observa en países de la región, y también a nivel internacional, es que políticos aprovechan la responsabilidad del Estado de combatir el lavado de dinero y financiamiento de grupos terroristas para generar restricciones a la libertad de asociación y expresión. Por otro lado, se impulsa la idea de que la seguridad y el desarrollo requieren restringir derechos como la libertad de prensa, expresión y asociación.
“Hay una promesa falsa de los políticos de que para el desarrollo y la seguridad es necesario restringir derechos. Y es totalmente contradictorio a la experiencia vivida en las comunidades. En Centroamérica, ante las respuestas estatales ineficientes y corruptas a veces, ante las desigualdades estructurales, la organización, la libertad de asociación, la organización comunitaria ha sido la forma en que la gente ha logrado avanzar hacia el desarrollo, la democracia y la equidad. Ese es el gran riesgo cuando se hacen este tipo de legislaciones que restringen los derechos fundamentales que tiene la gente, porque les están quitando las herramientas para luchar por un mundo mejor”, planteó.
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Cristosal también ha enfrentado de forma directa este cierre del espacio cívico. En julio de 2025, la organización trasladó sus operaciones fuera de El Salvador ante el incremento de la persecución y criminalización de defensores de derechos humanos. Dos meses antes, el 18 de mayo, Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, fue detenida por las autoridades salvadoreñas. Su captura ocurrió después de años de documentar y denunciar casos de corrupción y abusos de poder durante la administración de Nayib Bukele.
López permanece privada de libertad en un proceso cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia y ha exigido su liberación. Tras más de un año detenida e incomunicada, a finales de junio su hermana pudo visitarla por primera vez en prisión y alertó sobre el deterioro de su estado de salud.
Sobre a qué obedece la expansión de esta dinámica antidemocrática en la región, Bullock señaló que se enmarca en una tensión geopolítica global entre fuerzas autoritarias de ultraderecha y las democráticas, en la que los poderes autoritarios buscan liberarse de los contrapesos y las reglas, tanto del sistema multilateral de derechos humanos, como a nivel interno, de instituciones como los congresos y las cortes.
Aunque estas tendencias se replican en la región, Bullock señaló que adquieren características particulares en cada país. Entre los patrones comunes identificó la criminalización de defensores del territorio y el medioambiente, el hostigamiento de periodistas independientes y el uso de legislación contra el terrorismo y el lavado de dinero para cerrar el espacio cívico. En el caso específico de Honduras, advirtió existe una discriminación estructural contra los pueblos garífunas e indígenas y las comunidades campesinas que luchan por preservar sus medios de vida y sus culturas frente a megaproyectos en los que convergen intereses pollíticos, económicos y criminales.
Frente al cierre de los espacios cívicos, Bullock sostiene que a la sociedad le corresponde resistir, aunque advirtió que hacerlo implica cada vez mayores riesgos de represalias y consecuencias para quienes defienden derechos o intereses distintos a los de quienes ostentan el poder.
“En una sociedad democrática uno debería poder pensar diferente. Debería defender intereses que son diferentes a los que están en el poder sin tener miedo de la cárcel, el exilio o la muerte. Pero, lastimosamente, en nuestro contexto eso es cada vez más común”, lamentó.
