Mientras producciones televisivas internacionales utilizan el archipiélago como escenario de competencia, comunidades garífunas viven bajo restricciones para pescar, desplazarse y habitar en los cayos donde sus antepasados se asentaron. En este archipiélago del Caribe hondureño convergen intereses empresariales, turismo y comunidades locales, donde pescadores y touroperadores garífunas denuncian limitaciones para ejercer sus actividades.
No hay rastros de ingresos para el Estado, pero sí un convenio firmado en 2017, entre el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la productora española Bulldog TV Spain S.L. que revela que el Estado de Honduras aportó 600 mil lempiras para apoyar la producción del reality “Supervivientes” y la elaboración de material promocional sobre Cayos Cochinos.
Tegucigalpa, Honduras. –– En televisión, Cayos Cochinos aparece como un territorio agreste donde concursantes compiten por “sobrevivir”. En Chachahuate, en cambio, la supervivencia tiene otra forma: pescadores garífunas que salen al mar cada mañana y familias que viven en una franja cada vez más estrecha.
Desde la lancha, el agua es tan transparente que se distinguen los arrecifes bajo la superficie. Para muchos visitantes estas pequeñas islas del Caribe hondureño representan un paraíso todavía intacto.
Un visitante español que trabaja en el sector turístico cuenta que conoció la existencia de Cayos Cochinos por su trabajo y no por el programa televisivo que suele asociarse con el archipiélago. En su primera visita al lugar lo describe con sencillez: es “un paraje natural todavía libre”.
A su juicio, lugares como Cayos Cochinos deberían tener mayor visibilidad internacional. Pero lo que más le sorprende es el trato de la gente: “te abrazan y te adoptan en su cultura”, dice, al referirse al trato de la comunidad que habitan los cayos , que forman parte del municipio insular de Roatán en Islas de la Bahía.
La Corte IDH señaló que desde 2006 se han filmado realities internacionales en Cayos Cochinos, generando conflictos con comunidades garífunas por restricciones temporales a su movilidad y pesca.
El archipiélago de Cayos Cochinos está formado por dos islas principales ––Cayo Mayor y Cayo Menor–– y una docena de islotes aledaños en el Caribe hondureño, a unos 30 kilómetros de la costa norte. En uno de esos pequeños cayos, Chachahuate 2, vive una comunidad garífuna que depende del mar para subsistir.
UN TERRITORIO DE PESCA ENTRE LA ISLA Y LA TIERRA FIRME
La historia de Chachahuate no puede entenderse separada de Nueva Armenia. Nelson Arzú, operador turístico garífuna, explica que la comunidad surgió como un punto de descanso para pescadores de tierra firme.
“Chachahuate es una comunidad de pescadores. Estos pescadores son de Nueva Armenia”, dijo. Según su relato, antes de la llegada de motores y lanchas rápidas, los hombres no podían ir y venir el mismo día, así que se quedaban en el cayo después de faenar. Con el tiempo trajeron a sus esposas y la comunidad se fue estableciendo.
“La gente de Chachahuate son gente de Nueva Armenia. Nacen en Nueva Armenia y son enterradas en Nueva Armenia. Chachahuate simplemente es como una colonia más de la comunidad de Nueva Armenia”, explica Nelson.
En Chachahuate, la relación con el mar comienza antes del amanecer. Los pescadores preparan las lanchas antes de que salga el sol, cargan hielo, combustible y carnada antes de adentrarse en aguas abiertas en busca del sustento diario.
Entre ellos está César Edén Castillo, pescador garífuna de Nueva Armenia y presidente de los pescadores de esa comunidad. Gran parte de su vida ha transcurrido entre ese poblado de tierra firme y este cayo.
Aunque muchas familias viven hoy en Nueva Armenia, los cayos siguen siendo parte de su territorio de pesca. Durante la temporada de pesca, los pescadores se desplazan hacia Chachahuate y otros islotes del archipiélago, donde permanecen varios días mientras salen a faenar mar adentro.
“Nos desplazamos de tierra firme hacia los cayos para salir a faenar mar adentro y conseguir el alimento y pan de cada día de nuestra familia”, relata César.
La relación con estos cayos no es reciente. El pescador asegura que su familia y otras comunidades garífunas han utilizado estas aguas durante generaciones. Él mismo estudió en el Centro de Educación Básica Alfonso Lacayo, ubicado en Cayo Mayor, donde durante años han asistido niños que crecieron entre tierra firme y el archipiélago.
“Nuestros antepasados se criaron en estos cayos […] entramos a la escuela en Cayo Mayor y a medida va pasando el tiempo nos hemos ido reubicando en tierra firme, pero siempre hemos utilizado los territorios que nos pertenecen como etnia garífuna para [pescar]”, comenta César, un hombre joven, alto y de complexión fuerte, mientras hacíamos una parada en el Cayo Bulañu.
Sin embargo, asegura que la actividad ha cambiado con el tiempo. Según su experiencia, las restricciones comenzaron a sentirse con mayor fuerza después de la instalación de la Fundación Cayos Cochinos en el archipiélago. “Antes de que se instalara la fundación no teníamos restricciones para pescar”, cuenta.
CUANDO EL ARCHIPIÉLAGO SE CONVIERTE EN ESCENARIO DE TELEVISIÓN
Mientras los pescadores faenan, otra actividad se desarrolla en el archipiélago. Desde la lancha se observa movimiento en una de las playas en Cayo Menor, donde trabajadores excavan la arena e instalan parte de la infraestructura del reality televisivo Sobrevivientes.
Las palas abren huecos en la playa donde se colocan los juegos de competencia del programa, sin tomar en cuenta que esa misma playa forma parte de un ecosistema frágil del archipiélago y que integra la barrera de coral mesoamericana
Además de la pesca, algunos habitantes de Chachahuate también trabajan en el turismo que llega al archipiélago. Nelson Arzú, quien es parte de una operadora turística familiar, asegura que esta actividad se vuelve más difícil durante las temporadas de grabación del reality, porque se les impide el acceso a los cayos o simplemente su circulación por la zona.
“Ahorita que está por comenzar el reality show se trabaja en un ambiente bastante hostil. Debido a que ellos limitan lo que es el área de navegación de nosotros. Y por lo tanto, ponen militares en ciertos puntos para detenernos”, afirma.
Según Arzú, los operadores turísticos locales dependen del acceso a distintas zonas del archipiélago para realizar recorridos con visitantes, algo que se ve afectado cuando se restringe la navegación.
Al arribar a la isla, una integrante del equipo de producción ––una mujer española–– observa malhumorada la llegada de la lancha, comienza a grabar desde su celular y opta por no corresponder el “buenos días” del equipo de Criterio.hn. Ella forma parte del equipo logístico del reality que cada temporada convierte al Monumento Nacional Marino en escenario televisivo.
Cayo Menor también alberga las instalaciones de la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de los Cayos Cochinos, la organización que administra el área protegida del archipiélago.
Creada en la década de 1990, la fundación gestiona el Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos, un área protegida que abarca arrecifes coralinos, manglares y pequeñas islas distribuidas frente a la costa norte de Honduras. Desde sus instalaciones se coordinan actividades de conservación, monitoreo científico y la regulación de actividades como el turismo y las producciones televisivas que se realizan en la zona.
CONSERVACIÓN, PODER Y DISPUTAS TERRITORIALES
Sin embargo, la historia institucional del archipiélago comienza antes. Según la tesis Contested models of marine protected área governance: a case study of the Cayos Cochinos, Honduras, presentada en 2011 por la investigadora Natalie Kate Bown en la Universidad de Newcastle, en 1993 un grupo de empresarios hondureños, en asociación con la Fundación Avina (Suiza), creó la Sociedad de Inversiones Ecológicas (SIEC) con el objetivo de impulsar la protección del archipiélago.
De acuerdo con esa investigación, SIEC financió la adquisición de varios terrenos dentro de Cayos Cochinos, entre ellos Cayo Menor, Cayo Paloma, Cayo Gallo, Cayo Bulañu y una hectárea de Cayo Mayor, y promovió la creación de la fundación que en inglés es conocida como Honduran Coral Reef Foundation (HCRF), para administrar una estación científica y desarrollar medidas de manejo y conservación del área protegida. La tesis también señala que miembros de SIEC ejercieron influencia política para que el archipiélago obtuviera estatus de área protegida el mismo año en que se creó la empresa SIEC, es decir, en 1993.
Un año después, 1994, se constituyó la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de los Cayos Cochinos, mediante resolución No. 161-94 de la Secretaría de Gobernación y Justicia. El expediente de creación muestra que la organización fue constituida por un grupo de empresarios y profesionales, entre ellos hondureños, estadounidenses y panameños.
En la larga lista se encuentran Enrique Morales ––actualmente preside la fundación––, el suizo Ernst Brugger, el estadounidense Lloyd Timberlake y los hondureños, Napoleón Larach, Rodrigo Wong Arévalo, Jorge Bueso Arias, Jaime Rosenthal Oliva, Juan Ferrera, Emin Abufele y Joaquín Meléndez en representación de la municipalidad de Roatán. Sus estatutos establecen que la fundación fue creada como una entidad sin fines de lucro dedicada a la conservación del ecosistema del archipiélago y al desarrollo de investigación científica y educación ambiental.
Aunque el plan de manejo del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos para el período 2023-2034 “reconoce” que las normas y regulaciones del área protegida deben ser elaboradas de forma participativa con las comunidades garífunas, liderazgos comunitarios sostienen que las decisiones continúan tomándose sin su participación.
Investigaciones posteriores también han interpretado este modelo como parte de una tendencia más amplia de gobernanza territorial impulsada por actores privados en Honduras. En el artículo “El poder de la tierra: desplazamiento forzado de las comunidades garífunas”, publicado en 2021 en el Boletín del Grupo de Trabajo Fronteras: movilidades, identidades y comercio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el investigador garífuna Rony Castillo señaló que experiencias como la administración de Cayos Cochinos reflejan esquemas en los que fundaciones privadas y capital empresarial adquieren un papel central en la gestión de territorios estratégicos. Según el análisis de Castillo, estas dinámicas anticiparon la aparición de iniciativas como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
¿QUIÉN CONTROLA LOS CAYOS?
Registros mercantiles consultados por Criterio.hn muestran que la Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A. (SIEC) continúa vinculada a diversos actores empresariales y corporativos. Entre los socios actuales figuran empresarios hondureños, fundaciones y compañías vinculadas a sectores financieros, comerciales y agroindustriales.
Entre ellos aparecen nombres como Juan Miguel Canahuati Iga, José Rodrigo Albir Vílchez, Rafael Edgardo Flores Peña y Roberto Antonio Leiva Fiallos, así como entidades corporativas como Fundación Azteca Honduras A.C., Banco Davivienda Honduras S.A., Compañía Azucarera Hondureña S.A., Tiendas Carrión S. De R.L., Corporación Cressida S.A. de C.V. e Inversiones Paraíso S.A., entre otras.
Para los habitantes del archipiélago, estas disputas institucionales no son solo debate académico. Nelson Arzú, quien es parte del movimiento que lucha por la defensa territorial en Cayos Cochinos, comenta que muchos pobladores sienten que las decisiones sobre el territorio se toman lejos de las comunidades.
“Es frustrante. Es bien frustrante porque se ve que no hay ley, no hay autoridades que pueda decir: esto no es así, esto tiene que corregirse. Por más que uno alza la voz al cielo, es un grito vacío. Y más bien, lo que se ve, es que entre más uno grita, pues ellos más lo callan a uno”, afirma.
Las tensiones también han llegado a los tribunales. En 2024, líderes comunitarios denunciaron impunidad después de que un tribunal otorgó sobreseimiento provisional a tres empleados de la Fundación Cayos Cochinos, acusados de provocar un incendio que destruyó más de una hectárea de vegetación en Cayo Menor. El caso fue denunciado por miembros de la comunidad de Nueva Armenia, quienes cuestionaron que el proceso judicial no avanzara pese a los daños ambientales documentados.
Para los habitantes de las comunidades que históricamente han utilizado los cayos para la pesca y otras actividades tradicionales, el caso reflejó una contradicción en el modelo de manejo del área protegida.
Para pescadores como César Castillo las limitaciones se hacen más evidentes cuando el archipiélago se convierte en escenario del reality televisivo. Durante las temporadas de grabación, explica, hay zonas donde los pescadores no pueden acercarse ni utilizar playas que tradicionalmente han servido como puntos de trabajo. “Nos restringen a nosotros, pero no a ellos [a los del reality]”.
UN CASO QUE LLEGÓ A LA CORTE INTERAMERICANA
Las tensiones por el control del archipiélago también llegaron al sistema interamericano de derechos humanos. El 4 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por violar derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, entre ellos el derecho a la propiedad colectiva, la consulta previa y la participación en decisiones que afectan su territorio.
El Tribunal determinó que la creación del área protegida y las restricciones posteriores sobre el uso del territorio se realizaron sin un proceso adecuado de consulta previa, libre e informada con la comunidad garífuna que habita el archipiélago.
La Corte también analizó los impactos que actividades como el turismo y la producción de programas televisivos han tenido en el territorio y en las prácticas tradicionales de pesca de la comunidad.
En su sentencia, el Tribunal ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar derechos territoriales de la comunidad, investigar hechos de violencia denunciados por sus miembros y asegurar mecanismos de participación en la gestión del área protegida.
Para quienes viven el archipiélago, las discusiones sobre derechos territoriales se reflejan en problemas cotidianos. Dora, habitante de Chachahuate, explicó que incluso acceder al agua potable sigue siendo una dificultad para muchas familias que deben viajar en lancha hasta Cayo Mayor para llenar recipientes en un pozo.
“De ahí jalamos el agua. […] Una vez que cierra la temporada lluviosa casi a diario hay gente que jala y vende el agua”, cuenta. También recuerda cómo el mar ha ido reduciendo el espacio habitable en la isla. “Hace como dos años fuimos hasta Tegucigalpa a protestar porque necesitábamos que el gobierno nos ayudara a poner alguna barrera para que el mar no siguiera labrando la pared de la arena”, relata, al tiempo que lamenta que se hayan realizado estudios sin que a la fecha se haya resuelto el problema.
¿QUIÉN AUTORIZA EL REALITY EN CAYOS COCHINOS?
Criterio.hn solicitó información a distintas instituciones del Estado sobre los ingresos y autorizaciones administrativas vinculadas a la filmación del programa televisivo Sobreviviente en Cayos Cochinos entre 2015 y 2024.
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) respondió que no participó en la autorización de la filmación y sugirió dirigir la consulta al Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) o a la Fundación Cayos Cochinos. Por su parte, la Secretaría de Finanzas indicó que no posee registros presupuestarios relacionados con esta actividad y remitió la solicitud a la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), de la cual depende la Dirección General de Cinematografía. Al cierre de esta publicación, el ICF informó que seguía a la espera de la respuesta de su departamento de Áreas Protegidas.
Criterio.hn también contactó a la Fundación Cayos Cochinos para conocer su posición sobre la gestión del archipiélago y la filmación del reality televisivo. El director de conservación de la fundación, Marcio Aronne, respondió que había solicitado autorización para conceder entrevistas, pero que al momento de la consulta aún no había recibido respuesta.
La ausencia en la rendición de cuentas ha motivado varias denuncias de la comunidad garífuna, provocando que dos antropólogas de la Universidad de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, aseguraran, en un informe de 2011, que durante el primer año de filmación la productora iitaliana Magnolia pagó 560 mil dólares, pero que no hubo transparencia en su manejo.
En contraposición, documentos oficiales revisados por Criterio.hn muestran que el Estado hondureño destinó recursos públicos para apoyar la producción del reality. En 2017, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) firmó un convenio de cooperación con la empresa española Bulldog TV Spain S.L., productora del reality “Supervivientes 2017”, mediante el cual la institución se comprometió a aportar 600,000 lempiras o su equivalente en euros para apoyar la realización del programa y la elaboración de un video promocional sobre Cayos Cochinos y Honduras.
Según el convenio, el material debía recopilar imágenes del archipiélago y menciones al programa como parte de la promoción turística del país.
En la televisión europea, Cayos Cochinos es un lugar donde los concursantes compiten por “sobrevivir” durante algunas semanas. En Chachahuate, en cambio, la supervivencia ha sido durante generaciones una realidad cotidiana para las comunidades garífunas, que hoy ven cómo ese mismo territorio se convierte en escenario de un espectáculo televisivo mientras ellos enfrentan restricciones para desplazarse en las aguas, pescar y habitar los cayos.
