Tegucigalpa, Honduras. –Dos días después que la justicia hondureña dictara un sobreseimiento definitivo a favor de Alexander “Chande” Ardón Soriano, el Ministerio Público separó de sus cargos a tres funcionarios vinculados al proceso por lavado de activos, entre ellos el fiscal que llevó la acusación y los responsables de las pericias financieras.
Los funcionarios separados son: Walter Aroldo Mendoza Carias, fiscal que estuvo a cargo del proceso contra Ardón Soriano; Aleyda Dinora Rodríguez Aguilar, perito que participó en el juicio; y Rony Alexis Reyes Torres, jefe de la unidad encargada de las pericias financieras de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Yuri Mora, director de comunicaciones de la fiscalía, dijo a medios de comunicación que se tomó la decisión de separar de sus cargos a los funcionarios y no se descarta una investigación para determinar lo ocurrido.
Las separaciones fueron notificadas el miércoles 26 de agosto, apenas 48 horas después del fallo emitido por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional, que absolvió por unanimidad al exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón Soriano, quien en 2019 fue declarado culpable de delitos relacionados al tráfico de drogas en Estados Unidos.
El proceso judicial por el delito de lavado de activos inició formalmente el 5 de agosto de 2026 y concluyó el 24 de agosto, cuando el tribunal determinó que el Ministerio Público no logró acreditar, mediante las pruebas presentadas en juicio, la existencia del delito a través de un déficit patrimonial sustentado en una pericia financiera consistente.
LA PROPIA PERICIA DE LA FISCALÍA FAVORECIÓ A LA DEFENSA
Uno de los elementos centrales del juicio fue la pericia financiera presentada por el Ministerio Público. De hecho, el abogado penalista Marlon Duarte, integrante de la defensa de Ardón Soriano, aseguró que la prueba presentada por la propia Fiscalía terminó favoreciendo a su representado, debido a que estableció que existía justificación sobre los bienes que habían sido atribuidos al acusado.
Según Duarte, el resultado de la pericia llevó incluso a la defensa a desistir de presentar su propio estudio financiero, situación que calificó como “insólita”, pues, a criterio de la defensa, su propia prueba perdió utilidad frente a los resultados del análisis presentado por el órgano acusador.
Asimismo, señaló que el tribunal estableció durante el proceso el momento en que el Ministerio Público realizó correcciones a la información presentada.
La resolución judicial concluyó que las pruebas aportadas por la Fiscalía no fueron suficientes para demostrar el delito de lavado de activos bajo la hipótesis de un déficit patrimonial.
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ASOCIACIÓN DE FISCALES CUESTIONA DESPIDOS
La separación de los tres funcionarios generó una reacción inmediata de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, que cuestionó el procedimiento utilizado para adoptar las medidas, ya que violento el reglamento interno del MP.
Elky Alvarado, fiscal y vicepresidenta de la Asociación de Fiscales, explicó que la separación los funcionaros de la fiscalía se violentó los reglamentos internos, la Constitución de la República y convenios y tratados internacionales relacionados con el ejercicio de la función fiscal.
Durante una intervención en un medio de comunicación Alvarado aclaró que la Asociación no se opone a que se investiguen eventuales irregularidades en el desarrollo del proceso contra Ardón Soriano, pero que “si se tiene algún indicio que se requiere una investigación, está perfecto”.
Sin embargo, cuestionó que las separaciones se hayan producido sin que previamente se desarrollara un procedimiento disciplinario que permitiera determinar si existió negligencia, falta de asistencia técnica o un manejo inadecuado del caso contra el exedil del Partido Nacional.
De igual manera, recordó que el Ministerio Público cuenta con diferentes instancias para investigar y sancionar eventuales faltas de sus funcionarios, entre ellas el Tribunal Disciplinario, la Supervisión Nacional y la Fiscalía de Enjuiciamiento.
A su juicio, estas instancias deberían determinar, mediante una investigación imparcial, si existieron responsabilidades en la actuación de los funcionarios vinculados al proceso.
Precisó que las autoridades del Ministerio Público hayan tomado la decisión de cancelar a los funcionarios prácticamente de manera inmediata después del fallo absolutorio.
Para la representante de los fiscales, esta situación debilita la institucionalidad del Ministerio Público y genera cuestionamientos sobre el respeto a los procedimientos internos.
“¿Para qué existe un Tribunal Disciplinario en el Ministerio Público si no va a tener la oportunidad de revisar una causa y de escuchar a las personas que están siendo afectadas?”, cuestionó la fiscal.
Alvarado insistió en que, si las autoridades consideran que hubo negligencia o irregularidades en el proceso contra Ardón Soriano, estas deben ser demostradas mediante una investigación. El caso de Ardón Soriano deja así dos escenarios abiertos: por un lado, el fallo judicial que concluyó que la Fiscalía no logró acreditar el delito de lavado de activos con las pruebas presentadas; y por otro, la decisión del Ministerio Público de separar a tres funcionarios vinculados directamente con la investigación, medida que ahora es cuestionada