Campesinos denuncian política de represión del INA tras desalojo

Tegucigalpa, Honduras. – A seis días del violento desalojo de personas campesinas frente al Instituto Nacional Agrario (INA), en la capital hondureña, organizaciones campesinas señalaron que el uso de excesivo de la fuerza, mediante gases lacrimógenos, golpes, gas pimienta y balas de goma, evidencia la política de represión, que, a su juicio, se ejerce desde dicha institución y el gobierno central. 

Advirtieron que lo ocurrido no es una “simple represión”, sino una política de Estado que, a su juicio, niega el diálogo, la participación de las organizaciones campesinas e indígenas en asuntos vinculados al INA y el derecho al acceso a la tierra y al territorio, contraviniendo lo establecido en los artículos 344 y 345 de la Constitución del país, así como tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán, señaló que el director del INA, Javier Talavera, tiene entre sus responsabilidades promover la organización campesina, los procesos de adjudicación y la Reforma Agraria en Honduras. Sin embargo, cuestionó que, en lugar de cumplir con ese mandato, estaría promoviendo desalojos, sin determinar previamente la situación jurídica de los terrenos, ya sean tierras nacionales, ejidales o fiscales.

Alineada a lo largo de dos mesas, la documentación presentada por la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), incluye títulos definitivos de propiedad, certificaciones de inscripción ante el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop), entre otros documentos que acreditarían a 16 bases cooperativas y empresas asociativas como organizaciones campesinas del Bajo Aguán. . 

Rivas señaló que la reforma al Código Penal, mediante la cual se amplió de forma vaga la definición del delito de asociación terrorista (Decreto 84- 2026) y la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026), buscan, a su juicio, criminalizar a las organizaciones campesinas, declararlas terroristas y expulsarlas de los territorios. “[L]o que ocurrió el 25 de agosto, es que se le cayó la máscara al señor Javier Talavera”, declaró.

Pedro Mejía, abogado del Estudio para las Ciencias Jurídicas, planteó que el INA, bajo la dirección de Talavera, atraviesa una crisis de identidad institucional, al considerar que sus actuaciones se alejan del mandato constitucional de garantizar la participación campesina en la Reforma agraria y la protección de sus derechos. 

“Esto es grave. ¿Qué otra alternativa [hay] para garantizar la participación de los grupos campesinos si los recursos no son resueltos, si el ministro [Talavera] no los atiende y si cuando protestamos nos reprimen”, ¿planteó Mejía? El abogado señaló además la necesidad de investigar a Talavera por lo que denominó una abierta violación a la Constitución al “omitir, rehusarse o retardar cualquier acto propio de sus funciones”, así como por otras denuncias sobre presuntas vinculaciones con grupos que operan en la zona.  

Esly Banegas, coordinadora de COPA, señaló que las organizaciones campesinas continuarán realizando acciones pacíficas y ejerciendo su derecho Constitucional a la protesta, frente a una narrativa que presenta como invasores a los beneficiarios de la Reforma Agraria. A su juicio, son los agroindustriales quienes han llegado a despojar el Valle del Aguán. 

“Vamos a seguir y no nos van a callar, ni con el gas ni con lo que quiera. Ya puede justificarlo el señor de la racha [presidente Nasry Asfura] y decir que estábamos en una calle”, la cual, señaló, tenía vías alternas para el paso de vehículos. “Esa no es justificación, la justificación es la defensa de los agroindustriales”, concluyó Banegas. 

Las organizaciones campesinas e indígenas han presentado al menos 16 recursos de inconstitucionalidad contra la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, además de recursos de amparo y habeas corpus preventivos para 217 territorios y recursos de excepcionalidad a favor de las cooperativas Remolino y Trinidad.