Tegucigalpa, Honduras. – Piñatas, pasteles, libros y cuadernos con el rostro del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, ponen bajo cuestionamiento el uso de recursos públicos disfrazado como ayudas sociales para promover la imagen de figuras políticas, reviviendo viejas prácticas proselitistas.
Analistas y abogados entrevistados por Criterio.hn cuestionan que estas ayudas sociales, subvenciones o subsidios están siendo utilizadas sin un control que transparente el uso de dinero público, que en el pasado a derivado en casos de corrupción como: Red de Diputados y Chequesol.
Las entregas, realizadas en distintos centros educativos y otros espacios, incluyen materiales escolares con la fotografía de Zambrano Molina y, en algunos casos, han sido difundidas en redes sociales. Algunas de estas ayudas también han sido entregadas por José Tomás Zambrano Lagos, hijo del presidente del Poder Legislativo, según registros y publicaciones en redes sociales.
Criterio.hn reportó que, durante mayo de 2026 el Congreso Nacional erogó 2,412,550.80 lempiras en ayudas sociales a personas, frente a los 583,188.26 lempiras registrados en abril. A esto se suma un desembolso de 20,658,577.18 lempiras para la compra de canastas destinadas a las celebraciones del Día de la Madre.
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PRESIDENTE DEL CONGRESO ESTAMPA SU IMAGEN EN AYUDAS SOCIALES
En agosto de 2026 comenzaron a circular imágenes de la entrega de libros y cuadernos con la fotografía de Tomás Zambrano Molina, presidente del Poder Legislativo. La presencia de la imagen del funcionario en materiales distribuidos con recursos del Congreso Nacional generó críticas por el posible uso de bienes públicos para posicionar su figura.
La práctica, según la información recopilada, no se habría limitado a los útiles escolares. Durante las celebraciones del Día del Niño también fueron distribuidos piñatas y pasteles con la fotografía de Zambrano y el nombre del Congreso Nacional.
A juicio del director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, este tipo de acciones responde a un patrón de prácticas clientelares que ha acompañado históricamente en la política hondureña.
“Utilizando recursos del Estado se promueven ya candidaturas prematuras”, sostuvo Irías, quien señaló que el uso de recursos públicos para este propósito ha atravesado a distintos partidos políticos.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el director de Cespad explicó que, una de las principales preocupaciones es que los recursos estatales terminen siendo utilizados para posicionar anticipadamente a figuras políticas frente al electorado.
Irías también consideró que la Unidad de Política Limpia debería dar seguimiento a este tipo de prácticas. Sin embargo, cuestionó las capacidades de esa institución para ejercer una vigilancia permanente fuera de los periodos electorales.
En esa misma línea se expresó el abogado y exintegrante de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), Alex Navas Álvarez, quien mencionó que sostuvo que la utilización de recursos públicos para posicionar figuras políticas ha sido una práctica recurrente en distintos periodos legislativos.
Navas señaló que los mecanismos de ayudas y subvenciones han sido cuestionados en anteriores administraciones y mencionó casos investigados por la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), hoy Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), entre ellos los relacionados con la denominada Red de Diputados y el caso Chequesol.
En pláticas con este medio digital el jurista externó que cuando los recursos públicos son administrados sin suficientes controles y terminan vinculados a la promoción de figuras políticas, existe un riesgo de que las ayudas sean utilizadas para fortalecer estructuras clientelares.
Según explicó, la preocupación radica en que fondos financiados por los contribuyentes puedan utilizarse para construir relaciones políticas con sectores específicos del electorado.
En tanto el abogado y exinvestigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Luis Urbina, cuestionó que se utilicen fondos públicos –bajo el concepto de ayudas sociales—, cuyo único fin es promover la imagen de políticos.
“No ha pasado ni un año desde este Congreso Nacional tomó posesión del cargo y ya vemos que siguen las mismas prácticas. Se siguen dando subvenciones, se siguen dando ayudas sociales, se siguen dando todo este tipo de acciones con tal de elevar el perfil político de una persona”, manifestó el jurista.
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FALTA DE CONTROLES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El debate también alcanza la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre las ayudas sociales gestionadas por las y los diputados del Congreso Nacional que son distribuidas en los 18 departamentos del país.
Criterio.hn ha solicitado, en reiteradas ocasiones, al Congreso Nacional los listados de diputados que gestionan ayudas, los montos asignados y los informes de rendición de cuentas, sin obtener la información requerida en los términos solicitados.
Luis Urbina, el abogado penalista, señaló que actualmente existe un vacío normativo en torno al manejo de este tipo de recursos, al recordar la derogación del Decreto 116-2019, relacionado con el Fondo Departamental, y la eliminación del artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
En conversación con este medio el exinvestigador del CNA precisó que, en este momento, no existe una normativa con rango de ley que regule de manera específica estas ayudas sociales o subvenciones.
Por otro lado, cuestionó que el Congreso no publique de manera suficiente información sobre quién solicita las ayudas, cuánto dinero recibe, en qué se utiliza y qué mecanismos de liquidación existen.
En términos similares opinó el exintegrante de la MACCIH, Alex Navas Álvarez, al insinuar que “estos fondos que deberían ser auditados” y contar con mecanismos de rendición de cuentas que pueden terminar siendo manejados discrecionalmente, según su valoración.
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EL PAPEL DE LOS FAMILIARES
Otro elemento que genera cuestionamientos es la participación de José Tomás Zambrano Lagos, hijo del presidente del Congreso Nacional, en la entrega de algunas de estas ayudas.
Para Urbina, la participación de familiares de funcionarios en actividades financiadas con recursos públicos puede contribuir al posicionamiento de nuevas figuras políticas y a la construcción de vínculos con potenciales electores.
El analista sostuvo que este tipo de prácticas se ha repetido durante años y que, en algunos casos, familiares de diputados han participado en actividades de entrega de ayudas, contribuyendo a generar reconocimiento político en sus comunidades.
Urbina consideró que estas acciones pueden servir para construir una base política de cara a futuros procesos electorales, especialmente cuando las personas beneficiarias terminan asociando la ayuda recibida con la figura del político que aparece en las actividades.
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