Tegucigalpa, Honduras. – En octubre de 2014, durante el primer mandato de Juan Orlando Hernández (2014-2018), trascendió con bombos y platillos la donación del avión jet Embraer Legacy 600, supuestamente un “regalo” de Taiwán, relato que sigue siendo sostenido actualmente por algunos personajes afines al Partido Nacional.
Taiwán fue el eterno aliado clave de Honduras por más de ocho décadas. Ambas naciones mantuvieron lazos diplomáticos desde 1941 hasta marzo de 2023, fecha en la que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro rompió relaciones con Taipéi para establecerlas con la República Popular China.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
Por medio de esta verificación, abordamos la desinformación y el encubrimiento del acto de corrupción detrás de la adquisición del que fue el avión presidencial durante el gobierno del expresidente y ahora indultado por el presidente estadounidense Donald Trump, Juan Orlando Hernández (2014-2022).
El jet Embraer Legacy 600 no solo fue adquirido de manera mañosa pasando de largo e ignorando los procesos que establece la Ley de Contratación del Estado, sino que fue vendido recientemente de manera irregular y a un precio un tanto cuestionable.
El Congreso Nacional ordenó vía Decreto No. 3-2026, la venta de la aeronave (matrícula FAH-001). El decreto legislativo fue aprobado en el Congreso el 26 de enero de 2026 y oficializado mediante su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en febrero de 2026.
Finalmente, el avión se subastó y se vendió a la empresa mexicana THEBE Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V., por poco más de L137 millones. Para exaltar aún más su venta, el gobierno de Nasry Asfura (2026-2030) señaló que los fondos serían destinados a inversión en salud y educación. Según el decreto, debía realizarse un avalúo técnico previo para definir su precio base, que fue de USD 5 millones.
No faltaron los propagandistas del oficialismo para dar inicio a celebrar la venta y realizar todo tipo de publicaciones para pretender justificar lo injustificable, al dejar de lado todo cuestionamiento al respecto.
De esa forma, funcionarios, diputados y algunos activistas nacionalistas compartieron diferentes argumentos, entre ellos, el actual secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules (2026-2030), quien admitió que una parte del dinero salió del Tasón de Seguridad. Además, el funcionario señaló que no hay nada que esconder y que se siguieron todos los mecanismos y reglamentos establecidos para realizar la venta.
Otro de los que festejó, a través de las redes sociales, fue el diputado suplente del Partido Nacional, Jack Uriarte, quién celebró la venta del avión presidencial, pese a arrastrar una serie de irregularidades y representar grandes pérdidas para el Estado de Honduras.
Por otro lado el activista nacionalista, Mario Díaz, fue más allá y repitió la campaña que se manejó en 2014, al señalar a través de su red social X: “El avión fue una donación del gobierno de Taiwán”.
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¿CÓMO SE COMPRÓ EL AVIÓN PRESIDENCIAL?
Ante la nebulosa que cubrió al jet Embraer Legacy 600, El Mirón de Criterio.hn [la sección verificación], se adentró en la investigación que expuso el engaño detrás del “regalo” del avión presidencial a Honduras de parte del solidario gobierno de Taiwán, por lo que conversamos con el periodista Brayan Flores, quien hace 11 años develó la verdad tras navegar por las turbulencias de este caso de corrupción.
Brayan contó que la información estaba en los registros públicos del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y, que, aunque había un cerco enorme para llegar a cierta información debido a la Ley de Secretos, lo que no repararon los funcionarios de la Tasa de Seguridad Poblacional, es que el monto estaba entre los estados financieros.
En el cuadro de resumen del proceso de adquisición y mantenimiento de la aeronave militar publicado en el portal de Transparencia, en la parte de “compras”, se desglosó que el 10 de octubre de 2014, se realizó una solicitud de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) para pago de la aeronave y una solicitud de Tasa al Banco Central de Honduras (BCH) para el desembolso para pago de USD 13 millones.
De esa forma, se encontró que el jet Embraer Legacy 600, había costado en ese entonces L300,476,918.17 y, con ajustes, el precio subiría unas cifras más, dinero que como se especificó en la tabla salió del bolsillo del pueblo de Honduras.
Sin embargo, en ese tiempo, la información que trascendió desde el gobierno de Hernández en sintonía con el gobierno de Taiwán, fue otra, para evitar un escándalo. Durante una conferencia de prensa desde Casa Presidencial, el jefe del Estado Mayor, Fredy Santiago Díaz Zelaya, afirmó que el avión presidencial era un donativo que también incluyó cuatro helicópteros UH1H para la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y que serían utilizados para el transporte de dignatarios y otros funcionarios de los tres poderes del Estado en “misiones oficiales”.
Después de reunirse con Juan Orlando Hernández, el embajador de Taiwán, Joseph Kuo, también confirmó la supuesta donación desde la Casa Presidencial. En la conferencia estuvo el ministro coordinador de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro y funcionarios del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
A partir del dato, que pasó desapercibido, Brayan encontró que el avión había sido comprado. Además, contó que revisó los registros públicos y otros portales externos al Tasón de Seguridad.
“Si hubieran sido inteligentes, el dato no debería ir allí, en los estados financieros. Taiwán se jactó y golpeó el pecho con que habían donado el avión, cuando el periódico de Liberty Times de Taipéi, denunció que la legislación taiwanesa prohíbe donar equipo y tecnología militar, entre esto incluye el avión presidencial”, explicó el periodista Brayan Flores.
La Ley de Contratación del Estado, en su Artículo 84, establece los parámetros de procesos de licitación y subraya que no se puede comprar equipo, maquinaria o tecnologías usadas.
Además, no se realizó una licitación pública internacional previa a la adquisición dirigida a todas las empresas que venden aviones, ya sea: Boeing, Airbus, Embraer, Comac, Jetstream, BAE Systems, entre otras, que debieron seguir todos los pasos que señala la Ley de Contratación del Estado. Se debió realizar el proceso de precalificación, inscribirse a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), ir a la etapa de ofertas y subastas públicas, en la que cada oferente presenta su propuesta comercial de ese mismo avión o uno distinto conforme a las especificaciones, no obstante, la aeronave se compró de manera directa, sin realizar ninguno de estos pasos.
En mayo de 2024, el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), dirigida, en ese entonces, por Luis Javier Santos, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron una inspección, decomiso y solicitud de información en las instalaciones de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH), en relación a una línea investigativa sobre la compra del avión presidencial que se adquirió en la administración de Juan Orlando Hernández.
El propósito de los fiscales e investigadores fue obtener documentos soportes del proceso de adquisición del aeroplano, gestión que se consumó con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, luego de la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del Estado (CNDS) en el año 2014.
Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción concluyó que la compra, el uso y el mantenimiento del avión terminaron costando al Estado más de 1,077 millones de lempiras, documentando irregularidades como pagos sin respaldo, duplicidad de facturas, pagos en exceso, conflictos de interés y registros contables que, según la organización, terminaron ocultando el rastro financiero del proyecto.
El documento del CNA, en la página 6, explica que el 6 de junio de 2014, se pagó la reserva de compra de la aeronave con el anticipo de un millón de dólares (USD 1,000,000.00), lo cual equivale a veinte millones, novecientos a siete mil, trescientos lempiras (L 20,907,300.00).
El 1 de octubre de 2014, el Congreso Nacional reformó el artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado, incorporando la excepción de compra de bienes usados cuando sean autorizadas por el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, para la compra de maquinaria y equipo debidamente calificado y con las debidas garantías y cumplimiento de las normas técnicas que regulan la materia del bien a adquirir.
Luego, el 6 de octubre de 2014, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad emitió la Resolución CNDS-101/2014, para autorizar al coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la adquisición de una aeronave tipo Embraer Legacy 600, con número de serie del fabricante Embraer 14501041, matrícula N401EC.
En esa misma fecha, el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Samuel Armando Reyes Rendón, en conjunto con el representante legal del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, Juan Ramón Molina Rodríguez y os representantes legales de la empresa ECC Leasing Company Limited subsidiaria de propiedad total de Embraer S.A. (ECC) suscribieron el contrato de suministro N.º 025-2014, para adquirir una aeronave tipo Embraer Legacy 600.
Posteriormente, el 10 de octubre de 2014, se hizo efectivo el pago del saldo pendiente de trece millones de dólares (USD 13,000,000.00), equivalente a doscientos setenta y seis millones, novecientos treinta y nueve mil lempiras (L 276,939,000.00), los cuales se pagarían luego de que el bien fuera inspeccionado y se suscribiera el acta de entrega y recepción, erogando un total de doscientos noventa y siete millones, ochocientos cuarenta y seis mil, trescientos lempiras (L 297,846,300.00).
El informe, concluyó que los desembolsos mencionados fueron realizados con fondos de Tasa de Seguridad Poblacional. Posteriormente, se creó, el 31 de diciembre de 2014, la cuenta por cobrar “gasto anticipado”, que estuvo activa hasta el 30 de diciembre de 2021. En esa cuenta, se registraron las donaciones de la Embajada de Taiwán y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), al igual que se registró todos los gastos incurridos en la adquisición, uso y mantenimiento de la aeronave presidencial.
Aunque los registros oficiales y las investigaciones revelan que Taiwán realizó donaciones millonarias, se usaron en gran parte para el mantenimiento y la operación de la aeronave, quizá el convenio original incluía donar una aeronave militar, helicópteros y ambulancias, pero finalmente los fondos se utilizaron de manera irregular y se desviaron para la compra y el funcionamiento del avión presidencial.
La compra del avión presidencial no se registró como activo o bien del Estado, al contrario, fue registrado en la cuenta por cobrar: “Amigos de Honduras”.
Como parte de otras irregularidades se encontró ajustes a los asientos contables, lo que ocasionó que el saldo de la cuenta quedara en cero y, como resultado, toda mejora, mantenimiento o requerimiento del avión presidencial desapareciera de los registros contables y de los estados financieros de la Tasa de Seguridad Poblacional al final del año 2021.
Lo anterior, reveló la clara intención de los funcionarios que administraban los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional de ocultar los rastros financieros para tratar de eludir responsabilidades.
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USADO Y SOBREVALORADO
El avión presidencial fue fabricado en 2008 por la empresa brasileña Embraer. En 2014, los hondureños pagaron USD14 millones para adquirir el jet, un precio que, de acuerdo a varios analistas, fue sobrevalorado por las condiciones en que se encontraba en su interior y porque pasaba mucho tiempo en mantenimiento.
El jet Embraer Legacy 600 (matrícula FAH-001), ya tenía seis años de recorrido por el mundo desde que empezó a volar, en 2008, y tuvo otros propietarios antes de llegar a Honduras en 2014.
Cuando las investigaciones salieron a la luz en 2014, Reinaldo Sánchez, actual ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco)se desempeñaba como ministro de la Presidencia y fungió como presidente y representante del gobierno en el Comité Técnico del Fideicomiso de la “Tasa de Seguridad”.Mientras que Juan Ramón Molina, fue coordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), quien se volvió conocido por ser mencionado en actos de defraudación y sobornos.
En diciembre de 2025, Juan Ramón Molina, fue condenado en Miami a 30 meses de prisión, por el delito de lavado de dinero en Estados Unidos,derivado del manejo de los fondos de la “Tasa de Seguridad”.
Dentro de los registros públicos de la Tasa de Seguridad también se encontraron autorizaciones que hizo el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Marlon Tábora, directamente a ECC Leasing Company Ltd., para ejecutar el proceso de compra del jet.
Con el dinero proveniente del fideicomiso del Tasade Seguridad, a través del BCH, se giró la orden de compra internacional y se realizó la transacción y, luego, el avión llegó a Honduras, a la pista de la FAH.
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¿DONADO POR TAIWÁN?
El escándalo que envuelve al jet no es solo la forma mañosa en que se compró, sino el engaño en que incurrió el gobierno de Hernández y el de Taiwán con el propósito de intentar convencer a la población de que el avión fue una donación.
Por ejemplo, cuando se elaboran informes de auditorías se deben desglosar los hallazgos encontrados, entonces en los reportes financieros, en todo caso, se debió enlistar a detalle de dónde provenían los fondos para comprar el avión, no sólo admitir de dónde provenía una parte del dinero.
De esa forma, se tendría que detallar cuanto salió entonces de la Tasa de Seguridad y cuánto de otros fondos o, en todo caso, cuál fue la parte donada, y eso no ocurrió. “300 millones 476 mil 900 lempiras salieron exactamente de los fondos de la Tasa de Seguridad”, apuntó Brayan Flores al recordar su extenuante investigación.
En cuanto a la venta del jet, la calificó como un acto de mero “populismo barato, otra farsa y un delito”, porque no se puede vender un bien del Estado sin contar con la documentación que acredite que es propiedad del Estado de Honduras.
En otras palabras, existe mucha suspicacia en que la empresa mexicana THEBE Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V., que se dedica al taxi aéreo chárter haya gastado L137,776,390 en adquirir un el jet Embraer Legacy 600 (matrícula FAH-001) que pasó más en mantenimiento que en servicio.
En conversación con El Mirón, Luis Sosa, exdirector Ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, señaló que la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026), durante su mandato, ordenó a través del ministerio de Defensa que se procediera a incorporar al avión presidencial como un patrimonio del Estado.
En ese sentido, se envió un expediente a la Dirección de Bienes del Estado, se realizó un análisis exhaustivo y se encontraron fuertes irregularidades, como el procedimiento de la compra directa. Asimismo, que la aeronave ya tenía 3,500 horas de vuelo, además de que la Ley de Contratación del Estado prohíbe la compra de artículos de segunda mano para incorporarlo como un activo del país.
Otra de las irregularidades encontradas es que había 10 personas particulares que utilizaban el avión. Según una bitácora de vuelo, en la Fuerza Aérea Hondureña, el avión presidencial, en el período de Juan Orlando Hernández, superó las 4 mil horas de vuelo, con viajes a Sudamérica, Asia y México, entre los puntos de circulación.
Sosa compartió que solicitaron a la empresa Embraer los documentos originales o las copias de las facturas y se opusieron. En su lugar, mandaron un documento llamado proforma, que incluía algunas indicaciones, pero también observaron irregularidades como firmas sin nombre y parecían fotocopias con partes borrosas.
“No me quise involucrar personalmente o dar la autorización de incorporarlo como bien del Estado bajo esas características, porque en el futuro podría ser requerido por abuso de autoridad. Remití la documentación al ministerio de Defensa informando por qué no se podía subastar el avión”, señaló Sosa.
Además, se le hizo una inspección al avión entre mayo y junio del 2022, y oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña se negaron a permitir que el avión fuera fotografiado. Durante la inspección, al ingresar al jet, se encontraron con mucho deterioro interno. Sosa señaló que sintió que la FAH quería quedarse con el avión o ponerlo a su servicio.
Sosa apuntó que la orden del Congreso Nacional de vender la aeronave fue una incongruencia, porque este bien no pertenece al Poder Legislativo, sino al Poder Ejecutivo, con los fondos del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, a través del Banco Central de Honduras.
En conclusión, El Mirón encontró que la afirmación de que el avión presidencial fue un “regalo o una donación” del gobierno de Taiwán es Falsa. Si bien es cierto el gobierno de Taiwán se prestó para respaldar el mensaje del gobierno de Juan Orlando Hernández en un intento por tapar el despilfarro del dinero de la Tasa de Seguridad, pero no se logró, pues toda la información estaba fácilmente plasmada en los estados financieros de la misma Tasa de Seguridad. Finalmente, las buenas intenciones se convirtieron en un acto de corrupción más, que terminó en la adquisición de un avión presidencial de segunda mano, usado para generar gastos millonarios e irregulares durante la compra y su mantenimiento.
