La audiencia temática del 5 de agosto, permitirá que tanto el Estado como la sociedad civil expongan sus posiciones ante la CIDH, pero no representará una sentencia ni una condena internacional contra Honduras. Su resultado será la incorporación de información al análisis que realiza el organismo regional sobre la situación de derechos humanos en el país.
Tegucigalpa, Honduras. – La audiencia temática que celebrará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo 5 de agosto sobre la independencia judicial en Honduras ha generado una serie de interpretaciones erróneas y mensajes que presentan el encuentro como un juicio internacional contra el Estado hondureño.
No obstante, esta audiencia se trata de un espacio de carácter informativo y de diálogo entre organizaciones de sociedad civil, autoridades estatales y el organismo regional.
La audiencia fue solicitada por organizaciones hondureñas e internacionales que buscan exponer ante la CIDH la situación del sistema de justicia del país, particularmente los obstáculos que, según sus planteamientos, afectan la independencia judicial, la carrera judicial, la separación de poderes y las garantías para jueces y juezas.
Entre las organizaciones solicitantes se encuentran Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Sin embargo, en los últimos días algunos sectores políticos, abogados y el oficialismo han presentado la audiencia como un proceso de condena internacional contra Honduras o como una revisión exclusiva del juicio político aprobado por el Congreso Nacional contra el exfiscal general, Johel Zelaya Álvarez, quien fue destituido de su cargo, cuando el objetivo del encuentro es más amplio: analizar las condiciones estructurales de la justicia hondureña.
Lea: Independencia judicial de Honduras vuelve al banquillo internacional ante la CIDH
UNA AUDIENCIA TEMÁTICA NO ES UN JUICIO INTERNACIONAL
El abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, explicó que una audiencia temática ante la CIDH no tiene como finalidad establecer responsabilidades internacionales ni emitir condenas contra un Estado de Honduras.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista detalló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reúne periódicamente todos los años y, como parte de aprovechar esas reuniones, convoca a los Estados y a las organizaciones de sociedad civil para que soliciten audiencias sobre temas nacionales, regionales o cualquier otra cuestión que pueda ser de interés para la Comisión.
Según Mejía, las organizaciones presentan una solicitud con argumentos que justifican por qué la CIDH debe conocer determinada problemática. En este caso, la petición está relacionada con la independencia judicial en Honduras.
“Se va a abordar el tema de la carrera judicial, de la ausencia de una carrera judicial, el tema de remociones y despidos de jueces y juezas que viene ocurriendo desde la presidencia anterior, el tema de los juicios políticos y el decreto a través del cual el Congreso Nacional intervino el Poder Judicial”, indicó el entrevistado.
Mejía hace referencia a la aprobación del artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010, con el cual se trasladó temporalmente al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las facultades administrativas que anteriormente ejercía la Presidencia de ese poder del Estado, que en ese momento era ejercida por la magistrada, Rebeca Ráquel Obando.
“Han agarrado el tema de los juicios políticos, que solo es una parte, y se ha planteado como si fuera ya una audiencia de un juicio y no tiene nada que ver. Es una audiencia informativa donde la Comisión quiere conocer qué es lo que está pasando”, indicó el jurista.
De igual manera, expuso que la admisión de la solicitud por parte de la CIDH significa que el organismo consideró relevante conocer información sobre la situación planteada por las organizaciones peticionarias.
Para Mejía, este paso no implica una decisión anticipada contra Honduras, pero sí evidencia que existe interés internacional sobre las condiciones del sistema de justicia hondureño.
La información que se presente durante la audiencia puede servir como contexto para futuros procesos ante el sistema interamericano, especialmente si posteriormente se presentan casos individuales relacionados con vulneraciones de derechos humanos.
Vea: Con reforma constitucional disfrazada, Congreso busca reconfigurar facultades en la CSJ
LAS ORGANIZACIONES NO BUSCAN LITIGAR UN CASO ESPECÍFICO
De acuerdo con la nota difundida por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), las organizaciones peticionarias no pretenden utilizar este espacio para resolver un caso particular ni para llevar un juicio político ante la CIDH.
El objetivo, según el escrito, es brindar información técnica sobre el deterioro institucional del sistema de justicia hondureño y exponer problemas históricos como la ausencia de una Ley de Carrera Judicial y la concentración de funciones administrativas en la Corte Suprema de Justicia.
A diferencia de procesos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las audiencias temáticas no buscan determinar si un Estado incumplió obligaciones internacionales en un caso concreto.
EMBAJADORA ALTERNA DE HONDURAS ANTE LA OEA COMPARECERÁ ANTE LA CIDH
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería) confirmó que Honduras participará en la audiencia temática convocada para el 5 de agosto, y su representación estará a cargo de la misión permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la embajadora alterna hondureña, quien presentará la posición institucional.
El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, quien integró la comisión especial que conoció el juicio político en el Congreso Nacional, aseguró que el Estado hondureño está preparado para responder ante la CIDH.
Rivera Callejas sostuvo que desde ese poder del Estado se enviará documentación para justificar sus actuaciones y demostrar, según su versión, que el procedimiento cumplió con la Ley de Juicio Político.
El legislador también cuestionó la postura que podría adoptar la CIDH y expresó que espera que el organismo internacional valore los argumentos presentados por el Estado.
También lea: Honduras sigue sin adoptar medidas de la CIDH para defensores del ambiente de Tocoa
Estas audiencias funcionan como espacios públicos de intercambio en los que participan representantes estatales, organizaciones de sociedad civil y comisionados de la CIDH para analizar situaciones relacionadas con derechos humanos.
La discusión alrededor de la audiencia ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia en Honduras y sobre la relación entre los poderes del Estado.
Las organizaciones solicitantes consideran que las debilidades del sistema judicial afectan la democracia porque limitan la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso frente al poder político y garantizar la protección de derechos fundamentales.
