Tegucigalpa, Honduras. –Aunque en un primer momento la administración de Nasry Asfura Zablah descartó la implementación de un estado de excepción, la Secretaría de Seguridad confirmó que planteará ante el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNDS) la adopción de medidas extraordinarias para combatir la criminalidad, con al menos 30 municipios del país como zonas priorizadas.
El titular de la Secretaría de Seguridad, Gerzon Vásquez, informó que la propuesta será presentada durante la próxima reunión del CNDS, en un contexto marcado, según las autoridades, por el avance de estructuras criminales que estarían provocando desplazamientos de familias y personas de sus propias viviendas.
Sin embargo, el funcionario aclaró que la medida no necesariamente se aplicaría en los 30 municipios identificados como prioritarios, por lo que aún no existe una lista definitiva de territorios donde entraría en vigor el estado de excepción.
Según han informado medios de comunicación la medida se extendería en municipios de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, El Paraíso, Atlántida y Yoro.
Durante su intervención en un noticiero capitalino, Vásquez explicó que la Secretaría de Seguridad ha analizado la evolución de las estructuras criminales y la necesidad de modificar las estrategias utilizadas para combatirlas.
El funcionario señaló que una de las propuestas consiste en que el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNDS) declare como asociaciones terroristas a determinados grupos criminales que, de acuerdo con su planteamiento, estarían causando terror en la población y en territorios específicos.
A partir de esa declaratoria, la Secretaría de Seguridad busca que se le otorguen herramientas adicionales de intervención para facilitar la operatividad policial y militar, así como la búsqueda de personas vinculadas a estas estructuras.
Vásquez argumentó que, durante los operativos en zonas de influencia criminal, los integrantes de estas organizaciones suelen esconderse o evadir la acción de las autoridades, incluso utilizando los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico.
“Sí le puedo confirmar que hemos solicitado al señor presidente y al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que se adopten medidas un poco más extremas para poder combatir esta ola de criminalidad”, declaró.
Al respecto el presidente Nasry Asfura Zablah confirmó a medios de comunicación que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad prepara una reunión para definir el listado de organizaciones criminales que serán consideradas como terroristas.
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DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONAN QUE ESTADO DE EXCEPCIÓN REDUZCA VIOLENCIA
La posibilidad de la aprobación del estado de excepción también genera preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que cuestionan la eficacia de esta medida para enfrentar la violencia, criminalidad y los crímenes contra las mujeres, que en las últimas semanas han ido en aumento.
Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, manifestó su desacuerdo con la propuesta y recordó que Honduras permaneció durante cuatro años bajo un estado de excepción sin que, a su juicio, se produjeran resultados favorables en materia de reducción de la violencia y femicidios.
García advirtió que la suspensión de garantías constitucionales puede incrementar la vulnerabilidad y las violaciones a derechos humanos de la población frente a posibles abusos de autoridad.
La defensora cuestionó que Honduras continúe enfrentando altos niveles de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y consideró que la respuesta estatal debe centrarse en la investigación criminal, la judicialización y la sanción de los responsables.
Según los datos expuestos por García, la impunidad en materia de femicidios habría pasado del 95 % al 97 %, mientras que apenas el 3% de los casos habría sido juzgado y judicializado.
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CIPRODEH ALERRTA POR IMPACTO EN LIBBERTTADES UNDAMENTALES
Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, expresó su preocupación por la posibilidad que Honduras retorne a un estado de excepción, combinado con reformas penales y otras disposiciones legales –como la Ley de la Agroindustria– tenga un impacto negativo sobre las libertades fundamentales.
Acevedo advirtió que la aplicación de estas medidas en zonas donde existen conflictos agrarios o disputas territoriales podría utilizarse para responder al descontento social, en lugar de atender las causas estructurales de esas problemáticas.
“No estamos viendo una estrategia integral de seguridad. Lo que existe es una repetición de las tradicionales estrategias policiales y una mayor disposición a actuar frente a las tomas de tierra, sin atender los conflictos sociales que las originan”, dijo el defensor a este medio digital semanas atrás.
Asimismo, señaló que la combinación de un estado de excepción con reformas penales más severas y la declaratoria de organizaciones terroristas, podría afectar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la protesta pacífica y la defensa del territorio.
Sus declaraciones ponen el foco en el riesgo de que herramientas diseñadas para enfrentar estructuras criminales terminan aplicándose en contextos de conflictividad social, sin distinguir entre actividades delictivas y expresiones legítimas de protesta o defensa de derechos.
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LA PROPUESTA DEBE PASAR POR EL CNDS
La administración de Nasry Asfura deberá definir si las medidas planteadas por la Secretaría de Seguridad serán aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNDS), organismo que ha sido cuestionado por la concentración de poder en la figura del Presidente de la República, así como su alcance territorial y las condiciones para su aplicación.
La propuesta contempla, según Vásquez, la declaratoria de asociaciones terroristas, herramientas adicionales de intervención y la posibilidad de crear fiscalías y juzgados especializados.
Mientras el Gobierno sostiene que la criminalidad exige medidas más contundentes, las organizaciones de derechos humanos advierten que la ampliación del estado de excepción no garantiza por sí misma una reducción de la violencia y podría profundizar las restricciones a derechos fundamentales.
El debate se centra, por tanto, en si la respuesta estatal debe continuar apoyándose en medidas excepcionales y una mayor intervención policial y militar, o si debe incorporar una estrategia integral que atienda tanto la criminalidad como la impunidad, la violencia contra las mujeres y los conflictos sociales que afectan a distintos territorios del país.
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