Tegucigalpa, Honduras. – El asesinato del abogado y testigo protegido del caso de la desaparición de Angie Peña, Dereck Isaac McNeil, el lunes 17 de agosto de 2026 en Roatán, Islas de la Bahía, reconfirma que el sistema de justicia de Honduras no es confiable y que cuenta con personas coludidas con las élites que sostienen la red de trata de personas en Roatán, en Islas de la Bahía.
Este panorama, opaca más el caso de Angie Peña, en el sentido de que hay personas con poder que dominan los entes de justicia, para que no salga a la luz quienes están vinculados y sostienen las redes de trata de personas, en el paraíso del crimen, en que han convertido a Roatán.
Diversos sectores señalan que McNeil está siendo criminalizado, pues este lunes 24 de agosto, ocho días después del asesinato de McNeil, el director de la Dirección Policial de Investigación (DPI), Rolando Ponce, brindó declaraciones ante los medios de comunicación, en las que señaló que, según el expediente investigativo, el joven abogado contaba con varias denuncias en su contra por estafa y tráfico de influencias “por venta de información”.
El 22 de agosto, la Secretaría de Seguridad, informó a través de sus redes sociales que, La Policía Nacional a través a través de la DPI y en coordinación con el Ministerio Público, se logró la captura en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, de Jeremías TJ Ávila Dilbert, uno de los supuestos responsables del asesinato de Dereck McNeil.
Y, luego, este lunes 24 de agosto, Jeremías Ávila fue enviado bajo detención judicial al Centro de El Porvenir, en El Porvenir, Atlántida. El portavoz del Poder Judicial de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, amplió que se celebró la audiencia de declaración de imputado y que la orden de detención preventiva y los cuatro allanamientos ordenados por la Fiscalía, fueron convalidados por la jueza de letras penal con jurisdicción nacional, quien a la vez ha impuesto la medida cautelar contra Ávila.
Además, informó que la audiencia inicial se estableció para el miércoles 26 de agosto a las 9:00 de la mañana.
De acuerdo con los reportes policiales, McNeil fue asesinado mientras se conducía en su vehículo, minutos después de dejar a su hijo en su centro educativo.
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MCNEIL NO CONTABA CON SEGURIDAD ESTATAL
El secretario de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez Aguilera, reveló este lunes 24 de agosto que, Dereck McNeil, en modalidad de prueba anticipada, ya había declarado en el caso Angie Peña y que su testimonio mantiene validez. Sin embargo, señaló este no contaba con la protección ni esquemas de seguridad de parte de la Policía ni ninguna entidad del gobierno.
El titular de Seguridad argumentó que las medidas de protección que se otorgan no son siempre esquemas de seguridad, guardias de seguridad o patrullas policiales como escoltas. Apuntó que algunas medidas consisten en únicamente ocultar el nombre y la identidad para que este no apareciera en el expediente, para evitar que quien revise los documentos sepa quien está declarando en contra de otra persona.
Sobre la posibilidad de que la identidad de McNeil pudo haber sido revelada o filtrada, Gerzon Onán Velásquez, expresó que es muy probable. Además, sostuvo que no puede confirmar la veracidad de un audio que ha sido publicado en redes sociales y algunas páginas de noticias emergentes, en el que supuestamente McNeil asegura haber visto a Angie Peña, debido a que este todavía no ha sido analizado.
Hasta el momento, solo hay un capturado y, según, Velásquez, existen dos órdenes de captura contra autores materiales e intelectuales del asesinato de McNeil.
Lo cierto es que luego del asesinato de McNeil ha quedado en entredicho la efectividad y seguridad del Programa de Protección a Testigos administrado por el Ministerio Público de Honduras.
En ese sentido, organizaciones de derechos humanos, juristas y otros sectores, han denunciado que, pese al alto riesgo que implicaba que McNeil rindiera testimonio sobre las redes de trata de personas y el caso de Angie Peña, este no contaba con medidas de protección material efectivas.
El abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, comentó que el 80% de la población cree que la exigencia de una Comisión Internacional Contra la Corrupción es necesaria, porque algunos de los que forman parte del poder político y económico en el país, y manejan el Estado y las instituciones, forman no solo parte de estructuras de corrupción, sino con redes de tráfico y venta de personas, particularmente de niñas y mujeres.
Roatán se ha convertido en un paraíso del crimen al más alto nivel. Este caso revela que las instituciones hondureñas están tan penetradas por la criminalidad organizada que no es posible creer que van a poder reformarse y desmantelar las estructuras de las que forman parte, expresó Mejía.
Además, señaló que el poder de la criminalidad organizada, es tal que, incluso un testigo protegido que entra a formar parte de un programa del Estado de Honduras a través del Ministerio Público, a quien debían blindarle toda la seguridad, pero cuya identidad fue revelada, lo que demostró es deficiencia.
El caso de Angie Peña y la revelación de la desaparición de otras niñas, jóvenes y mujeres, sigue claramente siendo obstaculizado, por lo que Mejía planteó la necesidad urgente de una comisión de búsqueda, con asistencia técnica de Naciones Unidas, con el objetivo de abordar de manera integral el fenómeno de las desapariciones forzadas en el país.
En referencia a una serie de audios que trascendieron públicamente y fueron adjudicados a Dereck McNeil, en los que menciona que, hay ministros y políticos que forman parte de la red de trata de personas “Team Delta”, Mejía reiteró que el caso de Angie ha sido conocido por el Comité de Desapariciones Forzadas de Nacionales Unidas y que le Estado de Honduras no ha cumplido con las recomendaciones que la entidad dictó, ya que no existe una estrategia integral de búsqueda y las líneas de investigaciones del Ministerio Público continúan fragmentadas sin coordinación ni unificación.
Cristina Alvarado, coordinadora de Visitación Padilla, quien ha dado acompañamiento permanente al caso de Angie Peña, señaló a Criterio.hn que, existe toda una articulación y una red de corrupción, no solo dentro del Poder Judicial, sino a nivel de la Fiscalía, los juzgados y de la Policía Nacional.
Organizaciones de Derechos Humanos y de Derechos de la Mujer que acompañan el caso, han elevado la denuncia ante el Comité de Trata y Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, dadas las condiciones y el asesinato del abogado McNeil. En el pronunciamiento presentado al comité, señalan las falencias históricas, la falta de respuesta del Estado hondureño que, perecieran estar blindando y protegiendo a los delincuentes, más no a las víctimas, como ser, la familia de Angie Peña.
Alvarado, reafirmó que la demanda que hacen es contra el Estado de Honduras y denuncian que todavía hay cuatro líneas de investigación en el Ministerio Público que, al estar dispersas entre sí, no se permite hacer un análisis que dirija al con el paradero de Angie Peña.
Desde el día de la desaparición de Angie Peña, el 1 de enero de 2022, en Roatán, Islas de la Bahía, su caso ha sido obstaculizado, abordado de manera negligente e, incluso, motivo de amenazas para los familiares que solicitan justicia, quienes han tenido que abandonar el país.
Walter Peña, padre de Angie Peña, denunció recientemente que recibió una carta con amenazas a muerte para que deje de brindar entrevistas y guarde silencio por la desaparición de su hija. Expresó preocupación por otras personas víctimas de las redes de trata y personas vinculadas con la investigación.