Desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y el Bufete Justicia para los Pueblos cuestionan la sustitución de la prisión preventiva y sostienen que la resolución carece de garantías para las víctimas.
Tegucigalpa, Honduras. — A casi dos meses de que un juzgado determinara que la prisión preventiva era la única medida cautelar idónea por la gravedad del caso y los riesgos procesales, Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa, Colón, obtuvo la sustitución de esa medida por arresto domiciliario, luego que su defensa argumentó su avanzada edad y deterioro de salud.
Fúnez fue capturado, al igual que Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Gallegos, el 12 de mayo, por su presunta participación en los delitos de asociación para delinquir y asesinato en perjuicio de Juan López, líder y defensor ambiental que, al momento de su asesinato, también se desempeñaba como regidor de la Corporación Municipal de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Durante más de una década, López integró el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, desde donde denunció la corrupción vinculada a la instalación de un megaproyecto minero en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía, impulsado por años con el respaldo de la administración municipal encabezada por Fúnez.
Adilia Castro, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, afirmó a Criterio.hn que la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario no tomó por sorpresa a la organización. En cambio sí consideraron inesperado que tras su captura se le impusiera inicialmente la medida de prisión preventiva.
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Castro sostuvo que la modificación de la medida cautelar envía un mensaje preocupante para las víctimas y para el sistema de justicia, al recordar que la prisión preventiva fue decretada después de que el Ministerió Público presentó medios probatorios y testimonios que, según la acusación, sustentan la presunta participación de Fúnez y de otros dos imputados como autores intelectuales del asesinato de López.
La integrante del Comité también planteó que el crimen de Juan López no puede desvincularse del conflicto generado por el proyecto minero Pinares Ecotek, propiedad del empresario Lenir Pérez, que enfrenta un proceso por daños ambientales agravados, junto a otros cuatro ejecutivos de sus empresas.
A juicio de Castro, el Estado creó las condiciones para ese conflicto al otorgar la concesión minera, la licencia ambiental y los permisos de operación a través de distintas instituciones, entre ellas el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ihgeomin), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y la Corporación Municipal de Tocoa. En ese sentido, sostuvo que existe una responsabilidad estatal en el esclarecimiento del asesinato del defensor ambiental.
Para Castro, esas actuaciones evidencian “una red de corrupción” dentro de la institucionalidad que habría favorecido los intereses detrás del proyecto minero, por lo que insistió en que las investigaciones deben llegar a todos los responsables y no solamente a los gatilleros, sino también a quienes tomaron la decisión, planificaron y financiaron el crimen.
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Kimberly Andino, una de las abogadas del Bufete Justicia para los Pueblos que representa a las víctimas en el caso, advirtió que la decisión de sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario a favor de Adán Fúnez no ofrece garantías suficientes para proteger a la familia de Juan López ni a las y los integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Adán Fúnez fungió como alcalde de Tocoa, Colón, durante 12 años consecutivos bajo la bandera de Libre. Pese a militar en ese partido mantuvo su respaldo al proyecto Pinares Ecotek, promovido e instalado dentro del parque nacional durante las administraciones del Partido Nacional. Las denuncias por su actuación llevaron al Tribunal de Honor de Libre a recomendar su expulsión, una medida que no fue ejecutada.
En mayo, durante la audiencia de declaración de imputado y de acuerdo con una alerta emitida por el Comité, que retoma la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, Adán Fúnez fue señalado como la persona que habría coordinado el asesinato junto a Héctor Eduardo Méndez. Según esa hipótesis, Méndez habría contactado a Juan Ángel Ramos Gallegos, quien, a su vez, recurrió a Óscar Alexis Guardado Alvarenga, identificado como el gatillero del crimen.
