Tegucigalpa, Honduras. –Desde 2018, las aportaciones privadas a las campañas electorales de las y los candidatos a cargos de elección popular permanecen bajo reserva en Honduras, una medida que impide a la ciudadanía, organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación conocer quiénes son las personas naturales o jurídicas que financian a los políticos.
La restricción se estableció mediante el Acuerdo número 001-2018 de Clasificación de Información Reservada, emitido el 16 de enero de 2018 por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), a solicitud de su pleno y con la aprobación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El acuerdo clasificó como reservados los datos personales de los aportantes privados, así como imágenes de cheques y facturas, estados financieros, auditorías y bases de datos de la Unidad de Política Limpia, bajo el argumento de proteger la información personal de quienes realizan contribuciones a las campañas políticas.
Sin embargo, esta disposición es cuestionada por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), que plantea su eliminación como parte de un paquete de reformas electorales presentadas ante el Congreso Nacional, al considerar que la reserva contradice disposiciones legales que establecen el carácter público de la información sobre el financiamiento político.
El 22 de septiembre de 2026, Cespad junto a otras organizaciones de sociedad civil como la Unión Nacional de Ciegos de Honduras (UNCIH), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras. Además, contaron con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El acuerdo se fundamentó en el artículo 3, numeral 7, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, según el análisis de la organización, dejó sin aplicación disposiciones de la Ley Electoral y de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que garantizan el acceso a información relacionada con las aportaciones a las campañas.
En particular, los artículos 35 y 36 de la Ley de Política Limpia contemplan el derecho de la ciudadanía a acceder a información de los partidos políticos en materia electoral, incluidos los montos de financiamiento, estados financieros, registros de aportaciones, contratos, convenios, así como la identidad de los donantes y las cantidades aportadas.
DESCONOCER A LOS FINANCISTAS IMPIDE IDENTIFICAR INTERESES DETRÁS DE LA POLÍTICA
Para el director del Cespad y analista, Gustavo Irías, la reserva de las aportaciones privadas limita la vigilancia ciudadana sobre los recursos que financian las campañas electorales, en un contexto en el que el crimen organizado, el uso fraudulento de fondos públicos y los intereses empresariales representan riesgos para la transparencia del sistema político.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn, Irías explicó que las propuestas de reforma incluyen un artículo transitorio a la Ley de Financiamiento Electoral y a la Ley Electoral para anular el acuerdo administrativo aprobado en 2018.
El objetivo, detalló, es restablecer el carácter público de la información sobre los donantes privados y garantizar que la población y las organizaciones interesadas puedan ejercer labores de vigilancia y veeduría sobre el financiamiento de las campañas.
Advirtió que el financiamiento electoral es un asunto sensible debido a la participación que, según señaló, ha tenido el crimen organizado, además del uso irregular de recursos públicos y los intereses de grandes empresas que buscan asegurar beneficios o influencia una vez que se constituye un nuevo gobierno.
En ese sentido, la organización sostiene que conocer el origen del dinero utilizado en las campañas es indispensable para identificar posibles conflictos de interés y evitar que sectores particulares condicionen las decisiones de quienes llegan al poder.
Bajo ese planteamiento, el Cespad solicita al Congreso Nacional aprobar reformas que permitan publicar la identidad de los donantes privados y establecer auditorías e investigaciones rigurosas sobre los recursos que reciben los partidos y candidatos.
DECLARACIONES DE NASRALLA PONEN NUEVAMENTE EL TEMA EN DISCUSIÓN
La exigencia de transparentar las aportaciones privadas coincide con las declaraciones del excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien durante su participación en un podcast manifestó que varios empresarios afines al Partido Nacional realizaron contribuciones a su campaña electoral durante 2025, con el propósito de sacar del poder al Partido Libertad y Refundación (Libre), que gobernó Honduras entre 2022 y 2026.
Las declaraciones de Nasralla evidencian la importancia del debate sobre el origen de los recursos que reciben los candidatos y los intereses políticos que podrían estar vinculados a esas aportaciones. Sin embargo, debido a la reserva vigente, la ciudadanía tiene limitaciones para verificar de manera independiente quiénes realizaron las contribuciones y cuáles fueron sus montos.
Para el Cespad, la transparencia del financiamiento no debe limitarse a la presentación de informes por parte de los partidos políticos, sino que debe permitir el acceso público a los nombres de los aportantes y a los montos entregados, de manera que puedan realizarse investigaciones y auditorías sobre el origen y destino de los recursos.
La organización advierte que, si se desconoce quién financia las campañas, también se dificulta identificar quiénes podrían ejercer influencia sobre las decisiones gubernamentales. Por ello, plantea que las reformas electorales deben contemplar mecanismos efectivos de fiscalización para prevenir la infiltración de dinero ilícito y la captura de las instituciones públicas por intereses particulares.
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