Tegucigalpa, Honduras. – Un escenario lúgubre y violento prevalece con fuerza en Honduras, en medio de la aplicación de la sonada Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, presentada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), conducida por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional el 22 de septiembre de 2022.
Tan solo cuatro días después de su aprobación, el sábado 26 de septiembre, el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Wilfredo Maldonado, anunció que, en las últimas 48 horas habían sido detenidas 112 personas. Según anunció, se ejecutaron 78 órdenes de captura emitidas por distintos tribunales de justicia, por diversos actos ilícitos, el 20% serían integrantes de estructuras criminales, maras y pandillas y del Cartel del Diablo, 12 han sido señalados por asociación terrorista.
En paralelo, también durante el fin de semana, hubo, según los reportes de medios de comunicación, todo tipo de muertes violentas sin investigación, lo que contrasta y no concuerda con la supuesta eficacia que reportan los entes policiales, luego de la recién aprobada ley antiterrorista, cuestionada por amplios sectores de derechos humanos y otras organizaciones por las motivaciones que la impulsarían en el fondo.
Entre el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, se reportó la muerte violenta de dos hombres en el barrio El 50, en Agua Blanca Sur, en El progreso, Yoro, lugar donde hace una semana, en el sector de La Golondrina, se reportó el hallazgo de la cabeza de un hombre y de otro que fue asesinado a pedradas. Asimismo, el hallazgo de un guardia de seguridad que habría sido lanzado al río Ulúa y luego apareció degollado en el sector de Las Flores, El Progreso, Yoro.
De igual forma, se reportó la muerte de un joven de 19 años en Guaimaca, Francisco Morazán y de un joven con signos de tortura en los bordos de La Primavera en Choloma, Cortés. También, el asesinato de un subinspector de la Policía junto a su hijo, acribillados en su automóvil en Gracias, Lempira. Asimismo, se encontraron dos cuerpos en descomposición El Porvenir, San José de Copán y un joven de 14 años que fue acribillado con 15 disparos en el barrio San Antonio, Choloma, Cortés. El reporte continuó con una persona muerta y envuelta en sábanas, encontrada en un solar baldío en El Trapiche, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
A su vez, se llevaba a cabo una protesta en Roatán, Islas de la Bahía, para pedir justicia por el asesinato de Dione Solórzano, Nikendra Mccoy y María Antonia Cruz, femicidios reportados el 7 de enero de 2024 por los que en mayo de 2026, el Tribunal de Sentencia de Roatán, declaró culpable al ciudadano estadounidense Gilbert Reyes Bermúdez, quien permanece en prisión a la espera de que el tribunal emita una condena oficial definitiva.
Sobre este escenario contradictorio y de evidente criminalidad e impunidad que golpea a la población hondureña, el criminólogo Reynaldo Rubio, dijo en conversación con Criterio.hn que, lo que sucede en el país, relativo a minimizar los índices de violencia, se está haciendo de manera equivocada por parte de las autoridades, porque no se combate la raíz que produce precisamente estos hechos delictivos.
Considera que la ley antiterrorista, la cual declara terrorista a miembros de la Mara MS-13, Pandilla 18 y del Cartel del Diablo, causa suspicacia al poder criminalizar también a otro tipo de organizaciones, como ser, las que queriendo actuar en defensa de derechos formen algún un tipo de organización.
Entonces, ese marco legal termina mezclando una acción delictiva directa con otras actividades cómo la protesta, lo cual es un derecho ciudadano, por ejemplo, una toma de carreteras para poder manifestarse en contra del alza estrepitoso de cada lunes a los combustibles, tal como aconteció en la protesta del lunes 28 de septiembre, cuyos manifestantes fueron reprimidos por la Policía Nacional con bombas lacrimógenas.
“Usted ve por un lado como quieren combatir hechos delictivos y, por otro, también quieren coartar los derechos de personas que están legítimamente empoderadas por la actuación en defensa de sus derechos”, destacó Rubio, al tiempo que observa que hay una especie de debilidad legal y jurídica, porque mezclan lo político con un problema de seguridad. Es decir: el terrorismo y las pandillas, versus movimientos sociales y acciones de protesta, lo cual debilita y quita credibilidad en la intención, que aseguran tiene, la ley antiterrorista.
A su vez, cuestionó que, a través de la ley antiterrorista, otorgan una herramienta jurídica, legal, a miembros de la Policía Nacional y a los operadores de justicia, quienes no tienen la capacidad y no están empoderados, ni profesionalizados de manera técnica, jurídica y científica para poder demostrar ante los tribunales de justicia que una persona pertenezca a un grupo de maras y pandillas.
“Cuando estamos hablando de esa capacidad técnica, jurídica, científica, también estamos hablando de la de la capacidad ética de los miembros de los diferentes organismos de persecución penal del Estado”, razonó el criminólogo, quien advirtió que al no estar éticamente profesionalizados, se abre la posibilidad de que se actúe con base a estadísticas o simplemente por el grado de intención de llevar un caso a los tribunales y terminar por criminalizar a personas inocentes.
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EL CRIMEN SIGUE: “INOCENTES POR PECADORES”
Rubio, mencionó el intercambio de disparos en la colonia Villas Kitur y Villa Esquitour del sector Planeta, en San Pedro Sula, Cortés, que causó la muerte del agente de la Policía Nacional Preventiva, Erlin Marín Izaguirre Sánchez, el 20 de septiembre de 2026, durante el operativo “Escudo Honduras”. La Policía detuvo a nueve presuntos pandilleros: seis de la Pandilla 18, de los cuales cuatro estarían vinculados directamente al crimen del agente policial, y otros tres integrantes de la MS-13. En el operativo se logró incautar armas de fuego, municiones, drogas, libretas con contenido de extorsión, un vehículo y una motocicleta con reporte de robo.
Sin embargo, aún con esos acontecimientos, mencionó que de solicitarse tecnicismos, el trabajo de la Policía puede debilitarse. La ley antiterrorista, “es un paliativo únicamente, como quien dice, para calmar la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad. Por eso vemos que, aunque esté vigente, los hechos delictivos en diferentes partes del país allí siguen”, expresó Rubio. Además, mencionó que, en contraste, la ley contraviene los derechos fundamentales que la Constitución de la República exige proteger, al ir en contra de la libertad y los derechos de los ciudadanos.
Entre las críticas técnicas y de derechos humanos que se realizan a la ley, Rubio compartió que, en primera instancia, los conceptos son muy ambiguos y se incorporan al Código Penal las figuras de “dominio social”, “presencia territorial”, “sometimiento colectivo” y “obtención de recursos económicos”. También dice que puede ser considerada “terrorista”, una organización con fines lícitos, si esta realiza parcial o totalmente conductas contempladas en el artículo reformado, por lo que organizaciones sociales advierten que eso podría alcanzar a la protesta social, la defensa del territorio, el periodismo y la incidencia ciudadana.
La ley antiterrorista está distribuida en el Código Penal, en leyes especiales de financiamiento y en las reformas aprobadas en septiembre de 2026.
De igual forma, Rubio comparte que hay riesgo de aplicación “a justos por pecadores”, haciendo eco a lo que dijo el mismo Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) y otros analistas sociales y de derechos humanos, al mencionar que, a falta de investigación sólida y de la cuestionada capacidad de cárceles y juzgados, endurecer la ley sin más presupuesto para el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial, pueden convertir la ley en una medida difícil de ejecutar.
No obstante, una parte alineada del Congreso Nacional defiende la ley, como una herramienta para recuperar el control territorial y evitar que se siga delinquiendo desde las cárceles, pero la parte técnica que se crítica que debido a la amplitud del texto, si no se aplica con investigación precisa, puede afectar los derechos fundamentales y ser declarado inconstitucional.
Según el controversial Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), se contabilizan 1,869 homicidios, 212 muertes de mujeres (femicidios) y 25 masacres hasta el 21 de septiembre de 2027. El 50% de las víctimas de homicidios son jóvenes entre 22 y 39 años: 475 entre los 22 a 29 años y 473 de 30 a 39 años.
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