Tegucigalpa, Honduras. – Saltándose la norma parlamentaria el Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), aprobada en 2013, con la cual se escinde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en sociedades mercantiles unipersonales, bajo el argumento de recuperar las finanzas de la estatal eléctrica.
La aprobación ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche con 78 votos atribuidos a 49 diputados del Partido Nacional, 26 del Partido Liberal, dos del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y uno de la Democracia Cristiana (DC). Sin embargo, la ausencia de un sistema de votación electrónico impide conocer con certeza la identidad de todos los legisladores que respaldaron o rechazaron la propuesta.
La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) mantuvo su oposición a la reforma, que dejó sin efecto la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como Bien Público (Decreto 46-2022), mediante el cual se declaró el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y un bien público y de seguridad nacional.
Es importante mencionar, que en su momento la normativa, aprobada durante la administración de Xiomara Castro, provocó un quiebre en las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. La entonces embajadora de Estados Unidos en el país centroamericano, Laura Dogu, afirmó a medios de comunicación que les preocupaba el efecto que tendría sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora.
A mediados de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional una propuesta para reformar el subsector eléctrico, que en el fondo era la privatización de la estatal eléctrica al escindirse en tres partes: ENEE Generación, ENEE Transmisión y ENEE Distribución de energía.
Asimismo, contempla la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y fortalece las facultades regulatorias de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). Esta misma propuesta se mantuvo en la reforma aprobada por el Congreso Nacional la noche del lunes 31 de agosto.
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APROBACIÓN AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO
Uno de los principales cuestionamientos a la aprobación de la reforma al subsector eléctrico está relacionado con el procedimiento legislativo utilizado por el Congreso Nacional para introducir y aprobar la iniciativa durante la sesión del 31 de agosto.
Durante la discusión se aprobó la sustitución del documento, es decir, el proyecto presentado inicialmente por el Poder Ejecutivo que fue dictaminado por la Comisión de Energía y posteriormente se aprobó en primer y segundo debate, fue cambiado por la propuesta de Ley de Justicia Energética del Partido Liberal, que no fue sometida al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que los proyectos de decreto o mociones urgentes deben debatirse junto con los dictámenes de comisión y que deben contar con la firma de al menos la mayoría de sus miembros. A la vez que permite que, por razones de urgencia, estos sean dictaminados durante la sesión o el receso y presentados en esa misma sesión.
Este último punto es precisamente uno de los elementos que genera debate entre quienes cuestionan la forma en que fue aprobada la Ley de Justicia Energética.
Analistas consultados por Criterio.hn sostienen que la iniciativa finalmente aprobada no era la misma que se encontraba en discusión y que, por tratarse de un nuevo proyecto de reforma al subsector eléctrico, debió ser remitida nuevamente a una comisión para su dictamen antes de continuar con el proceso legislativo.
El abogado y analista político, Alex Navas, explicó que, aunque la legislación contempla mecanismos para agilizar el trámite de iniciativas consideradas urgentes, estos no deberían utilizarse para sustituir el procedimiento correspondiente a un proyecto totalmente diferente.
A criterio de Navas, el problema radica en que el Congreso Nacional habría tratado como parte del mismo proceso una iniciativa que introducía modificaciones sustanciales al marco jurídico del subsector eléctrico.
En la misma línea se expresó el abogado y exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, quien coincidió en que al tratarse de un proyecto distinto al que inicialmente se encontraba en discusión, este debió ser turnado a una Comisión de Dictamen y posteriormente someterlo a debate y aprobación.
De igual manera, cuestionó que se le dispensaron dos debates bajo el argumento de que los diputados ya habían conocido previamente otra propuesta relacionada con la ENEE.
La controversia se centra, por tanto, en determinar si el Congreso Nacional podía aplicar las disposiciones de urgencia y dispensa de debates contempladas en el artículo 63 a una iniciativa que, según los opositores, había sufrido modificaciones sustanciales respecto del proyecto previamente dictaminado.
Durante la sesión, la diputada del Partido Libre, Luz Angélica Smith, al leer la posición de su bancada, también cuestionó que no se aplicó la normativa parlamentaria en el proceso de aprobación de la reforma.
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LA PRIVATIZACIÓN MAQUILLADA DE LA ENEE
Más allá del procedimiento legislativo, la principal preocupación de sectores críticos se concentra en el contenido de la reforma. El proyecto aprobado establece la transformación y escisión de la ENEE en sociedades mercantiles anónimas unipersonales, con el Estado como único socio.
La normativa ordena que la estatal eléctrica se reorganice en sociedades dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mientras que la ENEE funcionará como empresa matriz.
El artículo 3 establece que la escisión implica separar jurídica, operativa, administrativa, financiera y contablemente las actividades de generación, transmisión y distribución.
Aunque el decreto señala que los activos continuarán siendo propiedad de la ENEE matriz y que no habrá transferencia de dominio, las nuevas subsidiarias tendrán derechos exclusivos para utilizar, operar, mantener, mejorar y ampliar los bienes que les sean asignados.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que, en ese mismo artículo 3, estos derechos podrán ser establecidos mediante convenios de administración con una vigencia no menor de 30 años.
Al respecto, el ingeniero eléctrico y pasante de Economía, Juan José Arita afirmó a Criterio.hn que este modelo representa una transformación profunda de la estatal eléctrica, que a su vez se considera como una privatización maquillada de la ENEE.
El profesional de la ingeniería explicó que “la ENEE como tal dejará de operar como una sola empresa integrada y se transformará en una ENEE matriz con tres subsidiarias especializadas”.
Arita cuestionó que las nuevas empresas adopten la figura de sociedades mercantiles unipersonales bajo el Código de Comercio, en lugar de mantener una estructura regida exclusivamente por las normas aplicables al sector público.
Aunque la ley establece que el Estado conservará el 100% de las acciones y que estas no podrán transferirse a terceros, el especialista considera que el esquema podría reducir el control estatal efectivo sobre la empresa lo que para el ingeniero “es prácticamente un modelo de privatización”.
Asimismo, expresó preocupación por el nuevo papel que tendrían organismos privados –como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)— en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). De igual manera, cuestionó el papel que jugará el Operador del Sistema y Mercado (OSM), figura que será implementada con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Justicia Energética.
De acuerdo con el nuevo esquema, la CREE será una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, con independencia funcional, presupuestaria y financiera.
Que será electa a través de una junta nominadora que estaría integrada por representantes de la Secretaría de Energía, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y una persona designada por las facultades de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El cuestionamiento se suma a la preocupación de que las sociedades subsidiarias operen bajo un régimen mercantil y cuenten con amplios derechos sobre los activos que les sean asignados, aunque estos continúen siendo propiedad de la ENEE matriz
DENUNCIAN PRESIÓN DESDE EMBAJADA ESTADOUNIDENSE
La aprobación de la reforma también estuvo rodeada de denuncias sobre presiones de la Embajada de Estados Unidos hacia diputados –especialmente a los del Partido Liberal— para respaldar el proyecto.
La diputada liberal y vicepresidenta de la Comisión de Energía, Alia Kafati, afirmó ante medios de comunicación que funcionarios de la representación diplomática estadounidense mantuvieron conversaciones con legisladores y les manifestaron su respaldo a la reforma.
Kafati aseguró que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras les indicaron que consideraban positiva la ley y que estaban preparados para invertir en el sector energético hondureño.
La legisladora también denunció que diputados habrían recibido advertencias sobre posibles represalias si se oponían a la iniciativa. “Están levantando lista de diputados que están obstruyendo el paso a que esta reforma pueda pasar en el pleno”, afirmó Kafati.
Incluso, relacionó esas presuntas medidas de presión con la reciente retirada de la visa estadounidense al diputado suplente del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Julio Meléndez. No es la primera vez que Estados Unidos retira visas a funcionarios que se oponen a sus intereses, en 2025 la magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sonia Marlina Dubón, afirmó que se le retiró la autorización de ingreso a Estados Unidos por su participación en la declaración de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en septiembre de 2024.
Las declaraciones de la legisladora colocan otro elemento de controversia alrededor de una reforma que, además de modificar la estructura de la ENEE, redefine el funcionamiento del subsector eléctrico y abre un nuevo debate sobre el papel del Estado y del sector privado en uno de los servicios estratégicos del país.
Mientras el oficialismo sostiene que la propiedad de los activos y las acciones continuará en manos del Estado, los sectores opositores advierten que la utilización de sociedades mercantiles, los derechos de administración sobre activos por períodos prolongados y la participación privada en órganos estratégicos podrían constituir, en la práctica, una privatización de la empresa estatal.