Tegucigalpa, Honduras. – Liderazgos de comunidades afectadas por el proyecto minero de Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa), en la cantera de Sapadril, Puerto Cortés exigieron a las autoridades la cancelación definitiva de la licencia ambiental de la empresa y declarar la nulidad del derecho minero, debido a los daños ambientales, que según denuncian, son irreversibles.
Celedonio Cantarero, uno de los liderazgos del Sector Medina, afirmó durante un foro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que, desde la llegada de la empresa en 2004, el otorgamiento del derecho minero, las licencias ambientales y permisos se manejaron bajo secretividad, con el propósito de mantener a la población desinformada. Recordó que en 2006 cuatro ciudadanos de Puerto Cortés presentaron la primera denuncia ante el Ministerio Público, sin que la institución actuara.
Cuando la mina inició operaciones en 2007, un sector de la ciudadanía se movilizó para oponerse. Sin embargo, Cantarero detalló, que el cerco mediático impidió que las denuncias llegara a más personas, incluidos la ciudadanía que integraba patronatos, juntas de agua y otras organizaciones. Para 2008, Roberto Valenzuela presentó una oposición a la renovación de la licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), que no fue tomada en cuenta. Cantarero contó que comenzó sus actividades de defensa en 2014, luego que en 2013, el profesor René Alemán permaneció durante un mes protestando y denunciando la actividad minera en la zona.
De interés:
Pablo Sánchez, otro de los liderazgos en oposición a la actividad minera en la cantera de Sapadril, afirmó que la defensa de las comunidades que busca proteger los derechos a la salud, al agua, a la vida y a una vivienda, que, según señaló fueron violentados cuando la institucionalidad estatal permitió que la empresa continuara operando pese a las denuncias ciudadanas.
“Localmente, las comunidades presentamos información, denuncias, hicimos caminatas en las calles y bulevares, luego se llevó la información al Departamento Municipal Ambiental, donde la ingeniera que estaba en ese momento […] hizo caso omiso a las denuncias que presentamos”, relató Sánchez.
SOLICITUDES DE CANCELACIÓN SIGUEN PENDIENTES
Lizbeth Rodríguez, integrante del MADJ y abogada del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), afirmó que Agrecasa opera en la zona desde hace más de 20 años, pese a que se han constatado las afectaciones a la salud, al medio ambiente y a los ecosistemas alrededor de la cantera, en informes técnicos y dictámenes en poder del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y Serna, encargadas de regular y realizar evaluaciones del impacto ambiental que tienen las empresas mineras.
La abogada señaló que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la Serna a través de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), Inhgeomin, la Secretaría de Salud, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) han documentado afectaciones al ambiente, incluidos los afluentes del río Medina, incluso infracciones a la Ley General de Minería, con la conclusión de que no puede continuar la actividad minera en la zona.
Informes y dictámenes legales emitidos por la Serna constatan, según Rodríguez, las infracciones a la ley, así como la contaminación al medio ambiente, al ecosistema y a la biodiversidad de la zona, declarando la insostenibilidad del proyecto. “Es de aquí que la misma Serna estableció que no iba a otorgar el licenciamiento ambiental y que el procedimiento que sigue es la clausura definitiva del proyecto”, declaró.
La profesional del derecho señaló que el pasado 16 de septiembre, junto a las comunidades afectadas presentaron una solicitud de cancelación del derecho minero a Inhgeomin, otorgado por tiempo indefinido en 2005. El año pasado, además solicitaron a la Serna la clausura definitiva del licenciamiento ambiental.
Víctor Fernández, integrante del MADJ y abogado coordinador del BED, denunció que se ha normalizado la destrucción de las comunidades, el corte desmedido de árboles, así como el uso de dinamita para la extracción de materiales, a través de un modelo de gestión del mundo que cree que los seres humanos son simples instrumentos conducidos en la lógica del mercado.
“No es una ocurrencia, un antojo, un capricho decir que esta empresa es nociva para esas comunidades”, puntualizó el profesional del derecho. Recordó que el representante legal de la compañía es Marshall Kent Zoll, un ciudadano estadounidense, quien, a su juicio, debería enfrentar la justicia penal y civil por lo ocurrido, reparar los daños y responder por lo extraído durante 20 años de operaciones.
Fernández exigió a Pablo Reyes Theodore, fiscal general del Ministerio Público (MP), y a Dagoberto Aspra, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), asumir sus responsabilidades e impulsar las acciones judiciales correspondientes. A Juan Carlos Ramos, secretario de la Serna, solicitó resolver la cancelación definitiva de la licencia ambiental presentada desde julio de 2025. Mientras que a Óscar Felipe García López, director del Inhgeomin, le instó a declarar la nulidad del derecho minero y de la concesión, solicitud que, según afirmó, está sustentada en argumentos técnicos, jurídicos, ambientales y mineros, además de la participación de las comunidades afectadas.
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