Tegucigalpa, Honduras. – El panorama precario por la falta de disposición de alimentos para la población que sufre producto de la falta de prevención ante las sequías, sobre todo quienes están establecidos en la zona del corredor seco, se encrudece cada día. Alrededor de 1.8 millones de personas sufren por inseguridad alimentaria actualmente en Honduras, pero la situación podría empeorar al finalizar el 2026, con 2.2 millones de personas gravemente afectadas.
Esa es la cifra que advierte el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), según un informe presentado recientemente.
Este crudo escenario es producto de múltiples factores como las fuertes sequías que golpean la producción de cultivos en el país producto del fenómeno de El Niño, así como el aumento de los productos de la canasta básica y el alto costo de los carburantes y fertilizantes.
Desde marzo de 2026, esos 1.8 millones de personas, de 10 de los 18 departamentos del país, han estado sumergidos en la inseguridad alimentaria prolongada y actualmente entraron en emergencia alimentaria, registró el estudio del observatorio de seguridad alimentaria.
En conversación con Criterio.hn, la coordinadora del Obsan de la UNAH, María Luisa Matamoros, señaló que el gobierno local y las municipalidades están enfocando una estrategia nada más para atender la emergencia en seguridad alimentaria de la población afectada.
Las políticas públicas que están dentro de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional son muy amplias para poder actuar, por lo que recomendó revisar las estrategias que contiene, ya que hubiesen prevenido llegar en estos momentos a la cifra de la inseguridad alimentaria nutricional.
La emergencia abarca a 75 municipios ubicados a lo largo del corredor seco, los que actualmente se encuentran en alerta amarilla establecida por el Comité Permanente del Contingencias (Copeco). Sin embargo, las acciones solo están activas e inmediatas durante la emergencia, porque son proyectos, por ejemplo, para llevar alimentos no perecederos a las personas de las áreas afectadas.
Para lograr resultados se necesitan decisiones que se mantengan con el tiempo, desde implementar sistemas de riego para las poblaciones de pequeños y medianos agricultores. También fortalecer el agro con préstamos de bajos intereses o accesibles y otras estrategias estructuradas. Asimismo, involucrar a la academia y los entes que trabajan el tema de inseguridad alimentaria.
A las mujeres que muchas veces son quienes dirigen el hogar, se les debe fortalecer para el dinamismo de los mercados locales, para generar mayor fuente de empleo, debido a que el mayor problema que lleva a la población a la inseguridad alimentaria es la falta de acceso a los alimentos y los ingresos económicos de los que carecen los hogares.
“Con esto de que ya se declaro la emergencia para ellos (1.8 millones de personas), así como lo decimos, ellos ya están en una emergencia alimentaria, en donde no pudieron salir de esa inseguridad alimentaria, sino que se acrecentó su problema. Por ende, esa población difícilmente va a salir, con llevarles alimentos en estos momentos, con mejorarles la infraestructura vial tampoco van a salir de esa situación de inseguridad alimentaria, porque esas acciones solo son paliativas”, lamentó Matamoros.
Por tal razón, es que los efectos de las sequías y de los factores antes mencionados tomaron mayor fuerza, porque las acciones que se están realizando por parte del gobierno solo son para combatir la emergencia, pero no para prevenirla o contrarrestarla con tiempo anticipado. Las estrategias a nivel gubernamental y estructural deben ser bien pensadas y construidas.
Además, el informe revela algunos datos muy interesantes, como que el ingreso de un trabajador agrícola es de L6,865 al mes y solo cubre la canasta básica alimentaria rural de apenas tres personas. Por otro lado, nueve de cada diez hectáreas de terreno dependen exclusivamente de agua de lluvia, es decir, la política agrícola no compite con el mercado, sino con el régimen de precipitaciones.
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HAMBRE Y FALTA DE RESPUESTA
Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), el 18% de la población ya se encuentra en crisis alimentaria aguda o de fase tres desde marzo de 2026. Además, revela que, según sus proyecciones, para el período de agosto a octubre de 2026, si la situación empeora y se alcanzan los 2.2 millones de personas, se alcanzaría un agravamiento severo y una profundización de la crisis actual, lo que expandiría el porcentaje de damnificados del 18% al 22% de la población total del país.
Los cultivos permanentes ocupan 762,801 hectáreas, casi el doble que los granos básicos (396,575 ha) que se ocupan para alimentar a las familias, pero el 80.1 % de ese volumen es caña de azúcar. También resaltar que cinco departamentos del país (El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira, Choluteca e Intibucá), concentran el 44.6 % de las explotaciones de granos básicos y coinciden con las zonas de mayor severidad CIF, lo que revela que producir no equivale a comer.
La crisis actual no se puede esconder, entre las autoridades municipales que han denunciado y exigido respuesta está el alcalde de San Antonio de Flores, El Paraíso, Pedro Cáceres Funes, quien ante medios de comunicación locales dijo que unos tres mil pobladores están pasando hambre en esa zona a falta de accesibilidad a los alimentos, el alto costo de la canasta básica y la carencia de oportunidades de empleo.
“Tres mil personas en mi municipio tienen hambre. Por tradición los hondureños actuamos cuando tenemos la soga al cuello. Para mí esta es una pandemia de hambre y por tradición también las ayudas llegan cuando la gente no las necesita o cuando la gente ya se murió”, reprochó Cáceres.
Por su parte, César Núñez Lagos, alcalde de San Antonio de Flores, Choluteca, ha manifestado que de no haber lluvias en agosto y los meses que restan del año, la crisis alimentaria se agudizará y muchas personas deberán forzosamente dejar esa zona.
A esa denuncia se suma el productor agrícola y ganadero de esa zona, Teófilo Oyuela, quien informó con preocupación que el 80% de la población de San Antonio de Flores vive de la ganadería y la agricultura, pero la falta de agua impide el desarrollo de los negocios y la generación de productos para venderlos en el mercado, lo que ha provocado que las fincas ya no puedan sostenerse ni ayudar a otras familias de los pueblos y las aldeas.
“Hay días que no se come, en mi caso soy proveedor de la merienda fresca, le doy merienda a 14 centros educativos y me han dicho que no les lleve producto para hacer refrescos porque no hay agua y no hay dinero para azúcar tampoco. Al no haber trabajo el índice de criminalidad se va a elevar. Le pedimos al gobierno que nos ayude, que nos faciliten cómo poder generar empleos, necesitamos sistemas de riegos para quienes tienen parcelas a la orilla del río, porque al poder cultivarlas vamos a volver a generar empleo”, expresó Oyuela.
Mientras tanto, Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de Copeco, anunció que hay 75 municipios que se mantienen en alerta amarilla y han medido el impacto de la sequía en los medios de vida. Señaló que al analizar sabrán qué línea de ruta les permitirá llevar a cabo acciones para minimizar el impacto de la sequía, en especial en la seguridad alimentaria.
“De momento la inseguridad alimentaria la hemos sabido controlar, hubo una producción del año pasado (2025) que esa es la que se está consumiendo, no descartamos un impacto en la seguridad alimentaria, pero debemos hacer las valoraciones a través de la Secretaría de Salud. No solamente porque haya una situación vamos a determinar que hay inseguridad alimentaria”, dijo Juan José Reyes, pese a la condición precaria de las poblaciones en mención
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