Honduras sigue sin ejecutar protección del Parque Carlos Escaleras

Tegucigalpa, Honduras. – Mientras en Estados Unidos, el empresario hondureño Lenir Pérez presume de reuniones con funcionarios del Departamento de Estado en el complejo hotelero del presidente Donald Trump en Doral, Florida; en Honduras el Decreto 18-2024 –que prohíbe la minería en áreas protegidas como el Parque Nacional Carlos Escaleras– sigue pendiente de implementación. 

Publicado el 6 de mayo de 2024 en el diario oficial La Gaceta, el Decreto 18-2024, además de vetar la minería en zonas protegidas, restituye la extensión original de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. La reforma revierte la reducción aprobada en 2013 por el Congreso Nacional, que abrió la puerta a la instalación de proyectos mineros dentro del área protegida, entre ellos el de Inversiones Los Pinares.

Asimismo, reforma parcialmente el artículo 48, inciso 1, de la Ley de Minería para prohibir la actividad minera en áreas protegidas y zonas productoras de agua, eliminando el requisito de que estas debían estar inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable y en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

La minera Inversiones Los Pinares y la siderúrgica Inversiones Ecotek –instalada en inmediaciones de los ríos Guapinol y San Pedro– forman parte del conglomerado del Grupo Emco, presidido por Lenir Pérez.

El empresario hondureño fue beneficiado con medidas cautelares distintas a la prisión –tras ofrecer una millonaria caución de arraigo– en el proceso judicial que enfrenta por la presunta comisión de los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales en el Parque Nacional Carlos Escaleras y en los ríos Guapinol y San Pedro. Los hechos están relacionados con las operaciones de ambas empresas en Tocoa, Colón. 

Además de Pérez, también fueron requeridos por los daños ocasionados al parque nacional, los ríos y el bosque primario del área, otros cuatro ejecutivos de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, así como funcionarios de la Alcaldía Municipal de Tocoa. Entre los ejecutivos de las empresas están Víctor Lorenzo Bernárdez Ramos, Fernando Manases Padilla Díaz, Douglas Alexis Alvarenga Mendoza y Domingo Pineda Puerto. 

Otras filiales son la concesionaria aeroportuaria Palmerola International Airport (PIA) y la comercializadora de techos y materiales de construcción, Alutech; el operador logístico Adimex S.A. de C.V. que tiene a su cargo la operatividad de las terminales de carga de los aeropuertos Toncontín, Ramón Villeda Morales y Palmerola en Honduras, y San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez en El Salvador. Asimismo se mencionan, los proyectos Puente Alto Energy y Tocoa Energy, a través de los cuales incursionaría en la generación de energía térmica. 

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UN DECRETO SIN EJECUCIÓN Y CON NUEVAS AMENAZAS

Desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, organización de base que impulsó y abanderó el decreto, Adilia Castro planteó que pese a que han pasado 27 meses desde la publicación de la normativa, esta no ha sido ejecutado ni tampoco se le ha asignado presupuesto ni recursos humanos para desmantelar la infraestructura minera construida en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras. Tampoco, mencionó, se han desmontado las fábricas que se instalaron a escasos metros del río Guapinol. 

Leonel George, exregidor de Tocoa e integrante del Comité, advirtió que la recién aprobada e implementada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, Decreto 107-2026, supone una nueva amenaza para el Decreto 18-2024. 

Según explicó, la ampliación de proyectos energéticos en la normativa coincide con los intereses de Ecotek y de Lenir Pérez de producir energía mediante una termoeléctrica que utilizaría agua del río Guapinol y la quebrada Ceibita. A su juicio, la ley podría debilitar las medidas de protección del parque y dejar en mayor vulnerabilidad a las comunidades, al considerar que los decretos pueden reformarse cuando prevalecen los intereses económicos sobre la defensa ambiental.

George manifestó que el riesgo no es únicamente que el decreto continúe sin ejecutarse, sino que los cambios legislativos recientes abran la puerta a una eventual reactivación de proyectos extractivos en la zona protegida. Recordó que el Decreto 18-2024 fue resultado de años de lucha de las comunidades organizadas en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa para revertir las reformas que permitieron reducir la zona núcleo del parque y dar paso a la actividad minera. 

Juan Lopez, líder socioambiental que al momento de su asesinato coordinaba el Comité, advirtió en una entrevista con Criterio.hn, del 8 de mayo de 2024, que la publicación del decreto era únicamente el primer paso. “Este decreto no es borrón y cuenta nueva, necesitamos escarbar todo ese pasado para que podamos caminar hacía un futuro lleno de integridad, justicia social y ambiental”, declaró. 

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En junio del año pasado, integrantes del Comité denunciaron que la zona núcleo, que contenía las ya caducadas concesiones mineras ASP y ASP2, se mantenía bajo control armado de la minera. 

“En la gira de inspección, [julio de 2024] se pudo constatar que la empresa tiene control, incluso en el parque, en la zona núcleo, por gente armada”, manifestó Leonel George a Criterio.hn. Al tiempo que lamentó que la situación actual del Decreto sea el de un “papel, simplemente escrito, más con el deseo de la protección de la ciudadanía, pero sí con una convicción en la lucha por la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía”

En ese sentido, Adilia Castro, del comité de los bienes comunes, sostuvo que la implementación del Decreto 18-2024 sigue siendo una deuda del Estado con las comunidades y con la memoria de quienes han sido asesinados por defender el medio ambiente, entre ellos Juan López.

“El Estado, con la muerte de Juan, tiene el compromiso de cancelar, de destruir toda esa infraestructura, porque ese proyecto en ningún momento puede volver a ser reactivado por la amenaza que significa para todas las comunidades de este municipio de Tocoa y del Valle del Aguán”, afirmó Adilia Castro.