Tegucigalpa.- El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, manifestó que no hay una concesión extractiva que hayan investigado en Honduras que no tenga vicios de inconstitucionalidad y de nulidad.
La declaración fue realizada durante el lanzamiento del cómic y cortometraje “Prisioneros por el Agua” realizado por Criterio.hn durante la XII edición del Foro Centroamericano de Donantes (CADF, por sus siglas en inglés), en el que compartió junto a la abogada Kenia Oliva el proceso de criminalización y detención arbitraria que vivieron los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro durante 914 días.
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Estas concesiones extractivas se basan en la creación de normativas jurídicas que no fueron consultadas con las comunidades afectadas, y cuya imposición del modelo extractivo se basa en la corrupción y la violencia, la cual no está únicamente limitada al proceso que vivieron las comunidades aledañas al municipio de Tocoa, señaló Tábora.
“Nos enfrentamos, no solo en Guapinol, sino en muchas partes de este país a la imposición de un modelo extractivo que se basa principalmente en la corrupción y en la violencia.
Todas las concesiones que nosotros hemos investigado, todas, todas, no hay una concesión en este país que no tenga vicios de inconstitucionalidad y de nulidad”, afirmó el profesional del derecho.
ORGANISMOS INTERNACIONALES IMPONEN NORMATIVAS JURÍDICAS A FAVOR DEL EXTRACTIVISMO
Sobre este mismo punto, remarcó que la creación de estas normativas jurídicas inconsultas e impuestas a las comunidades, tienen su origen en las exigencias de organismos internacionales junto con empresas extractivas del mundo.
“Llega a tal la desfachatez de los organismos internacionales que dentro de las propuestas de las leyes está incluida la necesidad de que adapten los marcos normativos a las necesidades de la extracción de los recursos”, señaló.
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Tábora explicó que dentro de estas normativas extractivas jurídicas, que llaman leyes de estabilidad jurídica, los organismos internacionales llegan al nivel de incluir que en caso de protestas, el Estado de Honduras debe pagarles e indemnizarles.
“Hay una gran responsabilidad de los países de donde viene este dinero. La historia de estos compañeros [de Guapinol] es una historia que relata una de las cientos de agresiones que viven las comunidades en Honduras”, puntualizó Tábora.
DESTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL A FAVOR DE UN DESARROLLO FICTICIO
Tábora explicó que no existe ningún mecanismo de consulta a las comunidades, en cambio las empresas llegan a destruirlas y a expulsar a su población, creando el fenómeno de la migración forzada de quienes viven en los alrededores del proyecto y que no están de acuerdo con el mismo, destruyendo de esta forma el tejido social de la comunidad.
“No hay una tan sola comunidad en este país donde ha llegado una empresa extractiva que la gente tenga mejores condiciones de vida, pero no solo eso, sino que la gente, todos los grupos tienen desconfianza en si mismos. ¿Por qué? Porque la propuesta de las empresas es romper el tejido social”, compartió Tábora.
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Además, señaló que es mucho más fácil imponer los proyectos extractivos a la sombra de la corrupción. Esto debido a que la opacidad crea dificultades para documentar todos los actos ilegales cometidos por las empresas.
Este es el caso de Guapinol y más de una docena de comunidades aledañas al proyecto minero de oxido de hierro a cielo abierto de Inversiones Los Pinares y la planta peletizadora de Inversiones Ecotek, ambas filiales del Grupo Emco Holding, cuyos propietarios son Lenir Pérez y Ana Facussé.
“Lo que hemos visto en todas las comunidades, en todos los proyectos extractivos es que crean empresas de maletín y luego van creando estructura, tras estructura, tras estructura y luego hay holdings -que también hay que pagar por esa información en Panamá-, en paraísos fiscales y ahí desaparecen quiénes son los verdaderos dueños del dinero”, apuntó Tábora.
CORRUPCIÓN Y DEPREDACIÓN DE LOS RECURSOS
El abogado declaró que el modelo de negocio de Pérez y Facussé es un modelo “totalmente depredador”, en el cual se irrespetó el área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras. Con este objetivo se redujo la zona núcleo del parque y se impuso el proyecto, lo que implica a juicio del abogado que hubo tráfico de influencias en el Congreso Nacional.
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A partir de esta acción se adaptó la Ley de Minería en 2012, cuando ya tenían montado toda una estructura previa, para luego obtener licencias e implementar un modelo basado no solamente en la explotación minera del oxido de hierro, sino también una planta peletizadora para el procesamiento del material y una contrata de agua para imponer un proyecto energético, el negocio total, señaló Tábora.
Posteriormente, menciona Tábora, que se pidió al Estado de Honduras que se declare el proyecto de interés público, una figura en la Ley de Inversiones que autoriza el pago de cero por ciento de impuesto, el modelo perfecto para la depredación que deja nada a las comunidades.
