** Advierte limpieza al interior del CPH
Romero no podía ser electo en el cargo por haber incumplido el Artículo 2 del Código de Ética del Colegio de Periodistas, que establece entre las obligaciones de los periodistas colegiados cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica del CPH y sus Reglamentos, la Ley de Emisión del Pensamiento y demás leyes de la República.
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Un periodista sancionado meses atrás por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por ocultar información, es el nuevo presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas. (CPH).
Eduin Natividad Romero, pasó del cargo de presidente del Colegio de Periodistas a presidente del Tribunal de Honduras, por decisión de la Asamblea gremial realizada el sábado 28 de enero, que para tal designación hizo caso omiso de que se estaba nombrando a un periodista transgresor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Junto a Romero, fueron electos por aclamación también como miembros del Tribunal de Honor, el ex por varias veces presidente, José Elán Reyes Pineda, Blanca Moreno, Gladys Patricia Sánchez, Carlos Landa, Jesús Velez Banegas y Santos Gálvez.
Amenazante
El nuevo presidente del Tribunal de Honor, al presentar un informe de actividades ante la asamblea lo hizo con un discurso en tono amenazante al revelar que él, personalmente, ha investigado a colegas periodistas que han reclamado rendición de cuentas en el IPP.
“Hemos, y yo particularmente lo he hecho, verificado todos los expedientes, se los digo de manera transparente, de colegas que hacen daño a la Institución. Yo particularmente me he encargado de verificar expedientes de cada uno de estos colegas”, dijo Romero.
Y agregó : “y no sólo el expediente en el Colegio, sino que expedientes fuera, en todas las instituciones del Estado, con organismos de investigación del Estado”. “Y lo hice como un reto personal, porque no me parecía justo el ataque que se estaba haciendo de manera abusiva e incorrecta. Aquí tienen que pasar procesos para cuidar la institución”.
“Se está limpiando la policía, se le exige a la policía que limpie, pues vamos a exigir aquí adentro que se limpie”, dijo Romero.
El IAP impuso una sanción al periodista Romero, quien tuvo que pagar una multa de 8,000 lempiras, porque se negó, de manera sistemática, a entregar información sobre las operaciones administrativas y financieras del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), ente que recibe aportaciones estatales y, por tanto, está sujeto a la Ley de Transparencia.
Romero no podía ser electo en el cargo por haber incumplido el Artículo 2 del Código de Ética del Colegio de Periodistas, que establece entre las obligaciones de los periodistas colegiados cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica del CPH y sus Reglamentos, la Ley de Emisión del Pensamiento y demás leyes de la República.
Al negarse a entregar información de carácter público, Romero quebrantó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e igualmente la Ley de Emisión del Pensamiento, ley secundaria que regula el derecho a la libre expresión, que comprende también el derecho a recibir información.
