El proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano propone declarar una emergencia fiscal por hasta 24 meses, habilitando al Ejecutivo a reestructurar instituciones y reorganizar el gasto público en medio de cuestionamientos de la oposición. El proyecto también ordena revisar contratos y actos administrativos previos para determinar posibles responsabilidades ante el Tribunal Superior de Cuentas. Mientras el Gobierno sostiene que la declaratoria no suspende derechos fundamentales, economistas y