El Gobierno de Honduras cerró la puerta a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), pero 8 de cada 10 hondureños mantienen viva la exigencia.
El sondeo del ERIC-SJ revela que el 79.3% de la población considera que la instalación de una comisión internacional contra la corrupción debe seguir siendo una demanda ciudadana, mientras aumenta la desconfianza hacia las instituciones nacionales encargadas de impartir justicia.
Tegucigalpa, Honduras. –El respaldo ciudadano a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) continúa siendo mayoritario, incluso después de que el Gobierno descartara impulsar ese mecanismo y optara por una Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, bajo control del Poder Ejecutivo.
El martes 28 de junio de 2026, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) presentó el Sondeo de Opinión Pública en el cual el 79.3% de la población considera que la CICIH debe seguir siendo una demanda de la sociedad hondureña, mientras que solo el 16.5% opina que ya no debe impulsarse.
Los resultados del estudio también evidencian que la corrupción continúa siendo una de las principales preocupaciones del país. El 4.9% de las personas consultadas la identificó como uno de los problemas más graves que enfrenta Honduras, ubicándola como el cuarto desafío nacional.
Además, el 50.9 % de las personas consultadas considera que la corrupción se mantiene en los mismos niveles del último año, mientras que el 39.5% cree que ha aumentado y apenas un 8.7 % percibe una disminución.
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HONDUREÑOS DESCONFÍA DEL ACTUAR DE LA INSTITUCIONALIDAD
Los resultados del sondeo reflejan una profunda desconfianza de la población hondureña hacia las principales instituciones del sistema de justicia y seguridad del país, entre ellas la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Este escenario fortalece el respaldo ciudadano a mecanismos internacionales como la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y a la extradición de hondureños para que sean juzgados en el extranjero.
El desencanto es especialmente marcado hacia el Poder Judicial. Los datos reflejan que el 86% de la población considera que jueces y magistrados protegen los intereses de los sectores más poderosos, incluidos los ricos, corruptos y figuras vinculadas al narcotráfico, lo que evidencia una severa crisis de credibilidad en el máximo órgano de justicia del país.
La desconfianza también alcanza a las instituciones encargadas de la seguridad. El 77.1% de las personas consultadas afirmó no confiar en la Policía Nacional; el 67.8% manifestó desconfianza hacia la Policía Militar del Orden Público (PMOP), mientras que el 66.9 % expresó no confiar en las Fuerzas Armadas.
Para el director del ERIC-SJ, Germán Rosa, el amplio respaldo a la exigencia de instalar un mecanismo internacional anticorrupción refleja una profunda crisis de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el entrevistado indicó que la población exige la CICIH porque considera que las instituciones nacionales no están respondiendo a la exigencia de imparcialidad a la hora de impartir justicia.
Asimismo, destacó que el estudio identifica a la extradición como el único mecanismo que actualmente genera confianza entre la población para combatir el crimen organizado y la corrupción, ya que el 72.9% respalda que continúe la entrega de narcotraficantes hacia Estados Unidos.
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LA CICIH: UNA DEMANDA QUE SUPERA LOS GOBIERNOS
El abogado penalista y analista en temas anticorrupción, Henry Salinas, sostuvo que la exigencia de una comisión internacional no responde a la voluntad de partidos políticos, sino a un reclamo ciudadano que se mantiene desde hace más de una década.
Recordó que la demanda surgió tras el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que dio paso a las movilizaciones de las «Antorchas» y posteriormente a la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según Salinas, aunque la MACCIH logró impulsar investigaciones de alto impacto mediante la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que tras la salida de la Misión de Apoyo se convirtió en una debilitada Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), la falta de respaldo político provocó el fin de la misión.
«Si más del 70% de la población no confía en la institucionalidad del país, eso debería traducirse en la instalación de un mecanismo internacional. No debería depender de la voluntad de un presidente, sino de la voluntad del pueblo hondureño», dijo a Criterio.hn el jurista.
LA ESTRATEGIA QUE SUSTITUYÓ A LA COMISIÓN INTERNACIONAL
Desde febrero de 2026, el presidente Nasry Asfura Zablah confirmó que la instalación de la CICIH dejó de ser una alternativa para Honduras. En su lugar, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (ENTA) y el Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI).
La normativa crea la figura del Comisionado Presidencial para la Transparencia, quien será nombrado por el Poder Ejecutivo y deberá presentar ante la Presidencia una propuesta sobre sus atribuciones, funcionamiento y necesidades operativas.
Sin embargo, el decreto establece expresamente que ese comisionado no tendrá facultades para investigar delitos ni representar judicialmente al Estado. La persecución penal de los actos de corrupción seguirá siendo responsabilidad exclusiva del Ministerio Público.
Para los analistas consultados, esta decisión contrasta con el sentir de la ciudadanía reflejado en el sondeo del ERIC-SJ, que mantiene vigente la demanda de un mecanismo internacional independiente para investigar redes de corrupción e impunidad en el país.
