El 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una fecha dedicada a destacar la importancia de que las personas puedan acceder a información de manera libre y efectiva. La jornada tiene como propósito recordar que el acceso a la información es un elemento fundamental para que la ciudadanía conozca, participe y tome decisiones sobre los asuntos que afectan a la sociedad.
La fecha fue proclamada por la UNESCO en 2015 y comenzó a celebrarse oficialmente en 2016. Posteriormente, en octubre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información a nivel de la ONU. El reconocimiento internacional consolidó una fecha que ya era promovida por organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el derecho a saber.
El fundamento de esta conmemoración se relaciona con el derecho a la libertad de opinión y expresión, que incluye la posibilidad de investigar, recibir y difundir información y opiniones sin fronteras. En ese sentido, el acceso a la información no se limita a consultar datos: también permite a las personas comprender su entorno, participar en la vida pública y ejercer otros derechos fundamentales.
En la actualidad, este derecho adquiere especial relevancia en un entorno marcado por la transformación digital y la enorme cantidad de información disponible. Para la UNESCO, promover el acceso universal implica generar condiciones que permitan a las personas encontrar y utilizar información, al mismo tiempo que se fomenta la inclusión, la diversidad, la participación ciudadana y el desarrollo social.
Un derecho vinculado con la democracia
El acceso a la información está estrechamente relacionado con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Cuando las personas pueden conocer información de interés público, cuentan con mayores elementos para comprender las decisiones de las instituciones y participar de manera informada en los asuntos de su comunidad.
Por esta razón, el derecho a saber también mantiene una relación directa con la libertad de prensa y la libertad de expresión. El acceso a información pública y confiable proporciona elementos para el debate social y permite que periodistas, organizaciones, investigadores y ciudadanos puedan desarrollar su trabajo.
La proclamación internacional de esta fecha busca precisamente resaltar el acceso a la información como un derecho fundamental y como una herramienta que permite a las personas participar activamente en la vida pública.
El acceso a la información en la era digital
Internet modificó la manera en que las personas buscan, reciben y comparten información. Las tecnologías digitales han ampliado las posibilidades de acceso, pero también plantean nuevos desafíos relacionados con la disponibilidad, accesibilidad y diversidad de los contenidos.
En este contexto, la UNESCO plantea la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el acceso a la información, el multilingüismo, la diversidad cultural en el entorno digital y la inclusión de personas con discapacidad. El objetivo es que los avances tecnológicos no profundicen las brechas existentes, sino que contribuyan a reducirlas.
La celebración del 28 de septiembre también sirve como espacio para discutir estos desafíos mediante conferencias, debates, talleres y campañas de sensibilización. Entre los temas asociados a la jornada se encuentran el derecho a la información, la libertad de prensa y la transparencia gubernamental.
Información para una ciudadanía más informada
El acceso a la información tiene efectos que van más allá del ámbito institucional. Para una persona, disponer de información clara y accesible puede ser determinante al momento de tomar decisiones sobre distintos aspectos de su vida y ejercer otros derechos.
A nivel colectivo, el derecho a saber puede contribuir a reducir las brechas de conocimiento y favorecer una mayor participación ciudadana. También se relaciona con los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y promover sociedades más democráticas.
La importancia de esta jornada también está vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente con el Objetivo 16, que incluye la meta de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Así, cada 28 de septiembre sirve como recordatorio de que tener acceso a información no solo significa poder consultar datos, sino contar con una herramienta para comprender la realidad, participar en la sociedad y ejercer otros derechos. La conmemoración busca mantener este tema dentro del debate internacional y llamar la atención sobre la necesidad de que la información sea accesible para todas las personas.
Honduras: entre el derecho reconocido y las dificultades para ejercerlo
En Honduras, el acceso a la información pública está reconocido como un derecho y cuenta con instituciones y plataformas creadas para garantizarlo. Sin embargo, en la práctica persisten obstáculos que dificultan que este derecho pueda ejercerse de manera plena. El incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de instituciones estatales, las fallas en las plataformas digitales y las limitaciones presupuestarias del área de transparencia evidencian una brecha entre lo que establece la normativa y lo que ocurre en la práctica.
Un informe del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) citado en el contexto de estas dificultades señala que 111 de las 449 instituciones evaluadas no cumplen con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A esto se suma que alrededor del 33 % de las entidades evaluadas presentan fallas importantes en la actualización de información relacionada con el manejo de recursos públicos. Estas deficiencias hacen que, aunque existan mecanismos para solicitar o consultar información, el ciudadano no siempre encuentre datos completos, actualizados y disponibles cuando los necesita.
El problema también alcanza a las herramientas destinadas a facilitar ese acceso. El Portal Único de Transparencia presenta limitaciones técnicas y problemas relacionados con la capacidad y antigüedad de los sistemas que lo sostienen. Al mismo tiempo, el área encargada de garantizar este derecho enfrenta una reducción de recursos. Para 2026, el presupuesto del IAIP disminuyó respecto al año anterior, una decisión que se suma a las dificultades técnicas e institucionales que enfrenta el sistema de transparencia.
Todo esto plantea una contradicción: mientras el acceso a la información forma parte de los compromisos que los Estados promueven en el ámbito internacional, en Honduras todavía existen dificultades para convertir ese principio en una práctica cotidiana. El derecho a saber no se garantiza únicamente con leyes, portales o discursos institucionales; requiere instituciones con capacidad para funcionar, recursos suficientes y entidades públicas dispuestas a entregar y actualizar la información que corresponda. En un país donde todavía existen instituciones señaladas por incumplimientos y donde incluso las herramientas destinadas a facilitar el acceso enfrentan limitaciones, el desafío sigue siendo que la transparencia deje de ser solamente un compromiso reconocido y se convierta en una realidad para la ciudadanía.
Apoya el periodismo independiente
Para seguir leyendo noticias y coberturas que importan, añade a Criterio.hn a tus preferencias de contenido y recibe nuestras actualizaciones directamente en tu feed.
Añadir Criterio.hn a mis preferencias