Privatización Furtiva:  Caso de la Educación Superior en Honduras

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Por: Alexis Ordóñez

Según datos presentados en el Plan Estratégico del Sector Educación (PESE2018-2030) (P. 17), en el lapso de 12 años (del 2005 al 2017) el porcentaje de estudiantes matriculados en centros públicos de educación superior subió en un 18%. Por el otro lado, el porcentaje de estudiantes matriculados en centros privados de educación superior subió en 292%.  En esos 12 años se aumentó la matrícula en la educación superior en el país (entre el sector público y privado) en 68,119 estudiantes del cual el 72% (48,903) ingresaron a las universidades privadas y el 28% a las públicas.

Presentado desde otro ángulo, en el año 2005 la matrícula en centros públicos era el 78% y el 2017 fue de 61%. Es decir que hubo una migración a las universidades privadas en un 17%. Pasaron las universidades privadas de tener matriculados el año 2005 el 22% de la población universitaria a un 39% en el 2017.

Si esa tendencia continúa, seguramente el año 2025 el 50% de las estudiantes y los estudiantes del nivel superior se matricularán en las universidades privadas. Y el año 2030 -que concluye la planificación estratégica educativa del país-, las universidades públicas porcentualmente bajaran aproximadamente a un 44% su cobertura.

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La privatización implica bajo diversas modalidades (venta, concesiones, contratos, repartición de acciones, entre otras) traspasar las empresas y las responsabilidades del Estado al sector privado. Y normalmente esto se hace bajo mecanismos establecidos que van desde la reestructuración del “bien” a vender hasta la selección del comprador en base a precios y planes de inversión.

Ese esquema no se aplica formalmente a la educación, es decir que no podrá existir una privatización formal de la educación superior (hacerlo formalmente constituiría un conflicto demasiado evidente), pero sin duda alguna que se da un nuevo estilo de “privatización furtiva”, es decir, disimulada, cautelosa o clandestina. Quizá no se declare el traspaso oficial de la educación superior al sector privado, pero las prácticas disonantes del Estado lo permitirán y probablemente lo estimularán.

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Si la educación es un derecho universal y no una mercancía manejada imperceptiblemente por la relación libertina entre demanda y oferta, un Estado democrático, está obligado a cambiar la tendencia arriba planteada. Únicamente como ejemplo, los diálogos actuales deben plantear, que al 2030 (o antes) toda la educación en Honduras debe tener al menos una relación de 95% de educación pública gratuita y de calidad contra un 5% de educación privada.  Y esa tendencia debe ser estática, nunca debería pasar de esa ecuación, a menos que sea para llegar al 100% de educación pública.

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