Juan Orlando Hernández (una vez más) contra Honduras

Por: Javier San Vicente

Honduras vive nuevamente una profunda crisis política y social, que ha degenerado en disturbios generalizados en el país y que tiene contra las cuerdas al actual mandatario del país, Juan Orlando Hernández Alvarado. El conflicto sociopolítico en Honduras, que tras las cuestionadas elecciones de 2017 tiene un carácter permanente, se vio intensificado a finales del pasado mes de abril, tras la introducción en el Congreso Nacional de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación y varios decretos complementarios, elaborada por presiones del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de garantizar el pago puntual de la deuda a los acreedores internacionales de Honduras. La aprobación de esta normativa fue interpretada por sindicatos y asociaciones médicas y docentes como una amenaza, y fue calificada como una “masacre laboral”, al generar temores de que conllevase importantes recortes en el gasto público y que desembocara en despidos masivos de personal.

La movilización de los sectores implicados fue inmediata. Los últimos días de abril se vivieron fuertes protestas en todo el país, en las que los gremios afectados por la reforma se vieron arropados por amplios sectores opositores. Las protestas degeneraron rápidamente en violentos choques con las fuerzas represivas hondureñas. Durante las mismas, se produjeron cortes de carretera, quema de edificios y se pudo observar a civiles armados junto a la policía abriendo fuego contra los manifestantes. Antes de finalizar el mes de abril, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y suspender la tramitación de esta normativa. Esta victoria de los movimientos sociales evidenció la debilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández, acosado por escándalos de corrupción, nexos con el crimen organizado, la percepción de ilegitimidad por la mayor parte de la población y debilitado por los malos resultados económicos de su gobierno y el aumento de la pobreza.

Como consecuencia de la suspensión del trámite parlamentario de los decretos en cuestión, las protestas se detuvieron en el país. Sin embargo, el 20 de mayo las principales organizaciones y sindicatos de los sectores de salud y educación, aglutinados en la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, volvieron a realizar acciones de protestas. Desde ese momento, el conflicto ha ido escalando hasta llegar a la situación actual, en la que las protestas son masivas en todo el territorio. De nada sirvió que el gobierno derogase de forma definitiva los decretos, al mismo tiempo que compraba a parte de la dirigencia sindical. La absoluta falta de credibilidad del mandatario ante los gremios médico y docente, y ante la sociedad hondureña, han generado el actual escenario, en el que la única salida viable pasa por la renuncia de Juan Orlando Hernández y la creación de un gobierno de transición. Y es que está muy vivo en la memoria colectiva las consecuencias del fraudulento proceso electoral de 2017 y posterior crisis, que supuso la culminación del ilegal proyecto reeleccionista de Hernández, la destrucción del estado de derecho y la institucionalización de la corrupción política al más alto nivel. Por lo demás, el rotundo fracaso del diálogo para resolver la crisis poselectoral, promovido por Naciones Unidas, evidenció la mala fe del gobierno y su falta de disposición a encontrar soluciones negociadas a los problemas del país.

En los últimos días, la situación de seguridad se ha deteriorado todavía más, derivando a un escenario de caos social. El país está paralizado por las protestas, en las que diariamente se producen cientos de tomas de carreteras y vías públicas, donde manifestantes cortan la circulación mediante la colocación de barricadas. Las escenas de insurrección incluyen algunas tan impactantes como la quema de la puerta principal de la Embajada de Estados Unidos durante una manifestación; imágenes de decenas de camiones ardiendo, propiedad de una importante compañía bananera; y quemas y saqueos de negocios en los centros urbanos. Aunque no hay reportes claros al respecto, a la fecha en la que se escribe este articulo diferentes fuentes afirman que se habrían producido al menos 2 muertos y 20 heridos en el contexto de las protestas, solo en Tegucigalpa. En otras regiones del país como Colón, Atlántida o La Paz se reportaban enfrentamientos entre militares y población que habrían provocado un número indeterminado de muertos y heridos. Adicionalmente a estos hechos de violencia se han producido varias situaciones que han aumentado la tensión , como el paro parcial de transportistas que se produjo el 19 de junio y que dejó sin combustible a varias regiones del país; o la huelga de brazos caídos de varios cuerpos represivos del país, que culminaron en enfrentamientos entre las fuerzas del orden, en los que fue gaseada la cúpula policial por sus propios subalternos. Estos hechos generaron escasez de efectivos policiales, lo que facilitó un aumento de la intensidad de las protestas.

Lo cierto es que la continuidad del gobierno de Juan Orlando Hernández parece cada vez más insostenible. Su falta de legitimidad es tan grande, que ha llegado a pronunciarse en su contra el exembajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens. Él, que fue embajador durante el golpe de Estado de 2009, afirmó que la calamitosa situación actual se produce como consecuencia del socavamiento de la constitución por parte de Hernández para aprobar su reelección y la torpeza política de Donald Trump de crear alianzas con un gobierno de esta naturaleza. Y es que el de Juan Orlando fue un gobierno polémico desde el primer día.

Su primer mandato se inauguró con la revelación de uno de los mayores escándalos de corrupción que ha vivido el país en las últimas décadas: el desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social. Este escándalo, que supuso la sustracción de más de 300 millones de dólares, salpicó directamente al mandatario, que tuvo que reconocer que su campaña electoral se benefició de fondos de la trama corrupta. Desde entonces, la corrupción se ha convertido en toda una seña de identidad del gobierno. En estos años se han revelado tramas que involucran a una gran cantidad de diputados del Congreso Nacional, altos cargos del gobierno y sus familiares. En concreto, Juan Orlando Hernández y su familia son acusados de dirigir una trama que drenó 4,500 millones de lempiras (186 millones de dólares). Adicionalmente, durante los últimos años se ha visto un fuerte repunte de las violaciones a los derechos humanos y la persecución de activistas y opositores. El asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres en 2016 es un crimen emblemático de esta oscura etapa.

Otro de los fenómenos que ha caracterizado a este gobierno ha sido la penetración del narcotráfico en las instituciones. En los últimos años la justicia estadounidense ha procesado a varias decenas de hondureños por el delito de narcotráfico, entre los que destaca el propio hermano del presidente de Juan Orlando, Tony Hernández, acusado de controlar laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras. En su declaración a las autoridades, el hermano del presidente afirmó que desde antes de que Juan Orlando llegase a la presidencia, el restaurante que su familia posee en su ciudad natal era un punto de encuentro habitual de las principales cabezas del narcotráfico hondureño. Adicionalmente, algunos capos del narcotraficante como Devís Leonel Rivera Maradiaga, han realizado declaraciones a la justicia estadounidense vinculando a altos cargos del gobierno como el actual Secretario de Seguridad, Julián Pacheco, el anterior presidente Porfirio Lobo y otros políticos de alto nivel que han seguido en su cargo sin mayor consecuencia.

Pero el rasgo más característico del periodo presidencial de Juan Orlando Hernández ha sido el de la cooptación de los poderes públicos por parte de la Presidencia en un proceso dirigido a permitir al mandatario continuar en el poder más de los 4 años que permite la constitución. En el camino, se llevó por delante la división de poderes, logrando niveles de injerencia históricos en el poder legislativo, que una vez puesto a su servicio empleó para controlar el poder judicial. Como resultado de este proceso, en los últimos años las tramas de corrupción que involucran a congresistas oficialistas y opositores se han multiplicado. En este sentido y en el marco de una investigación de una de estas tramas, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público argumenta que “muchas iniciativas legislativas y proyectos de gobierno, (que) para su aprobación no alcanzan el consenso o la cantidad de votos requerida por mayoría simple o calificada o bien no gozan del respaldo popular, terminan siendo aprobadas, gracias a acciones de chantaje, canonjías, prebendas o favores políticos o personales”. Fue a través de este tipo de acciones que en 2016 el Congreso Nacional escogió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que generó una oleada inédita de transfuguismo en el legislativo, renovando un organismo como la Corte Suprema, sobre el que ya tenía un control absoluto. Prueba de ello es el papel que la Corte tuvo para dar vía libre a las ambiciones reeleccionistas de Juan Orlando Hernández a través de un polémico fallo judicial de 2015.

Tras lograr esa resolución judicial, Juan Orlando lanzó una carrera de fondo para lograr su reelección. Sin embargo, los resultados iniciales del conteo de los comicios presidenciales de 2017 no fueron favorables a sus ambiciones. Tras conocerse los datos de conteo real durante la noche de las elecciones, el sistema se “cayó”, iniciando una crisis postelectoral que genero fuertes protestas y decenas de muertos. Tras un polémico proceso de auditoria realizado por unas autoridades electorales controladas por el presidente, Juan Orlando Hernández fue declarado vencedor, a pesar de las abundantes evidencias de fraude y la recomendación de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos de repetir las elecciones. De forma incomprensible, la Misión Electoral enviada por la Unión Europea se limitó a hacer pequeñas recomendaciones de carácter técnico, dando un balón de oxígeno a un gobierno que sufría su mayor crisis de legitimidad a la fecha.

Tras esta situación, la legitimidad de Hernández se ha visto fuertemente socavada. Desde noviembre de 2017 el país vive sumido en una crisis política permanente, con focos de alta conflictividad en varias regiones del país como los departamentos de Choluteca (región sur) o Colón (región norte). Una característica común de todos estos conflictos es que, a pesar de estar originados en crisis sectoriales, han sido arropadas por amplias capas sociales cuya movilización supera las lógicas gremiales y partidistas, y van dirigidas a lograr la salida de Hernández, cuyo régimen es calificado de “narcodictadura”.

Con todos estos antecedentes, resulta sorprendente que el gobierno de Juan Orlando Hernández se mantenga en el poder y sea aceptado como un socio legitimo por la mayor parte de la comunidad internacional, ya que hasta la fecha mantiene solidos vínculos con sus principales socios, que no cuestionan su actuación. De entre todos ellos, los principales son el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista estadounidense, hasta le fecha se considera a Hernandez un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las múltiples evidencias que vinculan al mandatario y a su entorno con la criminalidad organizada. Los contradictorios antecedentes de Estados Unidos, y sus alianzas inconfesables en el marco de la guerra contra las drogas y su política contrainsurgente (Noriega en Panamá, Juan Ramón Matta en Honduras, el uribismo paramilitar en Colombia) ilustran la falta de interés real del gigante norteamericano en terminar su absurda guerra a las drogas, cuya continuidad le permite seguir interviniendo en los asuntos de otros estados, incluyendo Honduras. El único asunto que amenaza la estabilidad de las relaciones con Estados Unidos es el fenómeno migratorio, masivo y en crecimiento y que podría llevar a un impredecible Trump a tomar medidas contra Honduras.

Para el Fondo Monetario Internacional la administración Hernández constituye un sólido aliado. En su evaluación no se valora el hecho de que durante su gobierno haya aumentado la pobreza (del 64% en 2009 al 27% en 2018 según Foro Social de la Deuda Externa de Honduras – FOSDEH). Lo único que parece importar a la institución multilateral es que el gobierno hondureño garantice el pago estable de la deuda con sus acreedores internacionales. Alejandro Kaffati de FOSDEH, afirma que “un evento clave para fortalecer las relaciones entre el fondo y el gobierno fue la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2016, en la que se estableció un marco fiscal restrictivo, que en los hechos ha supuesto fuertes limitaciones de la inversión pública en salud y educación”. El objetivo de esta ley, y de la actual tramitación de los decretos de reestructuración de los sectores de salud y educación siempre ha sido el mismo: ofrecer las máximas garantías de pago a los acreedores internacionales de Honduras. Paradójicamente, el FMI ha precipitado la presente crisis, al forzar al Estado hondureño a realizar recortes de gasto en sectores sensibles. Llama la atención que el fondo no solicite recortes en los dos sectores cuyo gasto ha crecido más en los últimos años: Seguridad y Defensa.

Mas allá de sus dos socios principales, el gobierno de Juan Orlando recibe un trato benévolo y complaciente de la mayor parte de la comunidad internacional. Sin ir más lejos, el gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha colaborado estrechamente en distintos proyectos con el gobierno, entre los que destaca el de aprobación de un nuevo código penal para Honduras. Dicho código, escrito con la asesoría de un juez español, ha servido al gobierno para subir penas de los delitos relacionados con la protesta social, bajar las penas de delitos de corrupción y dificultar los procesos de extradición por casos relacionados con el tráfico de drogas. En otros casos, el juego de intereses es más evidente, como en el caso de Israel, que a cambio de su apoyo militar y de inteligencia a Honduras logró que se trasladase la Embajada de Honduras en Israel a Jerusalén. En cuanto a la Unión Europea, no solo sorprende la tibieza de su análisis electoral, también resulta desconcertante que en sus relaciones de cooperación con el gobierno hondureño privilegie la figura del apoyo presupuestario, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente de corrupción generalizada existente en el país (bajo esta modalidad, los fondos son ejecutados por el gobierno sin seguimiento del donante).

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Como se ha analizado el contexto interno en Honduras está altamente convulsionado, mientras que no existen condiciones a nivel internacional para presionar al gobierno y lograr una salida satisfactoria de este conflicto. El día 21 de junio, el gobierno decidió desplegar al ejército en todo el país para reprimir las protestas, recibiendo las críticas de organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional o el OACNUDH. A pesar de esta acción intimidatoria, las protestas han seguido en marcha y en los próximos días la situación podría tomar tintes todavía más dramáticos. Ante la brutalidad gubernamental y la apatía o incluso la colaboración de la mayor parte de la comunidad internacional, se hace patente el origen de una de las principales características de la idiosincrasia política hondureña: la total falta de confianza entre la población hacia cualquier iniciativa internacional para “solucionar” los problemas del país. ¿Sigue el mundo viendo a Honduras como una república bananera?

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