Entre incertidumbre y la amenaza de la impunidad, guatemaltecos eligen hoy a sus autoridades

Por: Alejandro Pérez/especial para Criterio.hn

En un proceso atípico, los guatemaltecos elegirán hoy a sus alcaldes y concejos municipales, a sus diputados nacionales y al Parlamento Centroamericano y a su presidente, o al menos a los dos candidatos que disputarán la presidencia.

El proceso es diferente a los vistos en años anteriores. El usual bombardeo propagandístico de la televisión y radio sido sustituido por publicaciones en redes y entrevistas en noticieros. Las vallas gigantes también cambiaron a pequeños carteles en puntos estratégicos.

El fenómeno tiene su origen en algunas disposiciones aprobadas en 2016 dentro de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El decreto 26-2016 faculta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para contratar los espacios de propaganda en los medios de comunicación y distribuirlos equitativamente entre los partidos participantes.

Las reformas también asignan las tarifas de los espacios en un 20% del valor comercial y les prohíbe a los partidos políticos y a los medios pactar por espacios publicitarios fuera de la autorización del TSE.

El objetivo de estas reformas es combatir el financiamiento electoral ilícito, la tendencia que durante décadas ha dado lugar a que los políticos lleguen a cargos públicos con el apoyo de financiamientos poco transparentes, en ocasiones con recursos obtenidos de la ilegalidad y que representan compromisos de los candidatos y de sus partidos.

No obstante, estas disposiciones generaron inconformidad en varias empresas representadas en la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala, quienes impugnaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) siete artículos de la normativa, todos relacionados con la temática, y finalmente 169 medios de comunicación decidieron en enero de 2019 no inscribirse ante el TSE para la difusión de propaganda.

Marco Antonio Barahona, analista independiente considera que estas condiciones limitaron el debate necesario dentro de la democracia. El analista también concluye que el tiempo de duración de la campaña fue demasiado corto para el extenso número de partidos en contienda (27) y que hay propuestas de varios candidatos que ni siquiera se conocen.

Sin embargo, Catalina Soberanis, Coordinadora de la Unidad de Análisis Estratégico en Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) y expresidenta del Congreso de Guatemala manifiesta que las disposiciones establecidas en la Ley Electoral son el resultado de la voluntad de los partidos políticos para hacer un proceso más legal.

Según Soberanis, la causa del inusual silencio electoral es la nueva regulación, pero que el verdadero motivo es la negativa de los medios de comunicación de inscribirse ante el TSE para la divulgación de los mensajes propagandísticos.

A la sombra de la impunidad

Más allá de las condiciones en que se está desarrollando el proceso electoral, existen elementos de fondo que están en juego y que se decidirán con el resultado de los comicios. Uno de ellos es el futuro de la lucha contra la corrupción.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una entidad de Naciones Unidas (ONU) establecida en Guatemala en 2008 como respuesta a una petición del Estado, cesará sus funciones en septiembre de este año.

La razón: en septiembre de 2018, el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Comisión. Esto después de que su hermano y su hijo fueran vinculados en un caso de corrupción y que miembros y financistas de su partido fueran señalados por las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público (MP).

El trabajo de la Comisión era bien visto por la mayoría de la población, según se revelaba en abril de este año.

Ello significaba también una oportunidad para Thelma Aldana, quien tras dejar su puesto como fiscal general y jefa del MP decidió incorporarse al Movimiento Semilla y ser la candidata presidencial en el primer proceso electoral de este partido político. En febrero de este año se perfilaba entre las tres personas –tres mujeres – que lideraban la intención de voto.

Sin embargo, en marzo el juez décimo de primera instancia penal, Víctor Cruz, emitió orden de captura contra ella por peculado, sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria

El 15 de mayo, mientras Aldana se encontraba fuera del país, la CC decidió en manera definitiva que, dada su situación, no podría participar como candidata presidencial. Dos días había denegado también la inscripción a la hija del golpista Efraín Ríos Montt, Zury Ríos.

La propuesta electoral quedó dividida: por un lado quienes quisieran solicitar una nueva Cicig (ocho de los 27 partidos) y quienes apuestan por una alternativa similar pero reformada. Por el otro quienes no quieren saber nada de la Cicig o una entidad similar.

Una de las encuestas más recientes muestra en el primer lugar a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) –partido de gobierno entre 2008 y 2012–, señalada por la Cicig por un caso de financiamiento electoral ilícito quien no define su postura con respecto a la Comisión.

En tercer lugar se ubica Edmond Mulet, exjefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), quien se muestra a favor de una Cicig reformada.

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En el segundo y cuarto puesto se encuentran dos abiertos detractores de la Cicig: Alejandro Giammattei señalado en 2010 por una investigación de la Comisión sobre ejecuciones extrajudiciales (caso sobreseído) y Roberto Arzú, hijo del fallecido alcalde capitalino Álvaro Arzú, involucrado en una investigación de la Cicig por corrupción en la municipalidad de la Ciudad de Guatemala. 

¿Significa esto que la lucha contra la corrupción llegó a su fin en Guatemala? Según Soberanis, no es así. «No veo en el horizonte que se cierre la posibilidad a seguir luchando contra la corrupción con alguna forma de apoyo internacional”, expresa le excongresista.

A criterio de Barahona, la continuidad en el combate a la corrupción dependerá en gran medida de la sociedad civil y de los esfuerzos que logre concretar para evitar que la impunidad se vuelva a normalizar dentro de la política guatemalteca.

Pero de momento todavía falta esperar los resultados de las votaciones de hoy y ver cuál de los 21 candidatos de los 27 partidos portará la banda que lo identifique como presidente de Guatemala de 2020 a 2024.

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