Directivos de periodistas sostienen gerente pese a despilfarro en ente de pensiones

Publicidad

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Los directivos del ente de pensiones de los periodistas, sostienen en el cargo de gerente de la institución a Omar Calderón, pese al despilfarro de fondos dirigidos en su mayoría a gastos administrativos de los que el alto ejecutivo es el más beneficiado, mientras los comunicadores se jubilan con míseras pensiones.

Calderón está vinculado íntimamente a la oscura historia del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), desde 1987, cuando inició operaciones, hasta la fecha, período en el que los directivos se han empeñado en otorgar beneficios y privilegios a ejecutivos y empleados del ente, en detrimento de los afiliados.

Los directivos del IPP, también del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), obsequiosamente han aprobado el pago de al menos 17 salarios por año otorgando bonos, y financiando una costosa e ilegal afiliación del personal del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) aunque los empleados no son servidores públicos.

Publicidad

Noticia Relacionada: Desangran recursos del Instituto de Pensiones de periodistas

Los periodistas directivos del IPP, no han respetado las más elementales normas de control del gasto aconsejadas por la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS), que si las cumplen los otros entes de pensiones en Honduras, y han derrochado millonarias cantidades en salarios, beneficios   y privilegios a la empleomanía que encabeza Calderón.

Noticia Relacionada: Directivos de periodistas hacen piñata con los fondos de pensiones

Sólo entre el año 2007 y 2017, el IPP destinó 51.7 millones de lempiras a gastos administrativos y beneficios laborales a empleados y ejecutivos, lo que representó un sobregiro en ese período de 44.3 millones, pues debieron destinar a ese rubro únicamente 7.3 millones de lempiras, según normas aconsejadas por la CNBS.

El abultado gasto excedió en más del 600 por ciento, la cantidad aconsejada por la CNBS para asegurar una administración sana y eficiente. La normativa establecida en el año 2009, advierte que los gastos administrativos deben limitarse a un 10 por ciento del total de las aportaciones patronales y cotizaciones de los afiliados.

El IPP captó entre el año 2007 y el 2017, 73 millones de lempiras en concepto de aportaciones patronales y cotizaciones de los periodistas afiliados. El abultado gasto administrativo es una constante en el IPP, desde que inició sus operaciones, en detrimento de los periodistas que se han jubilado con pensiones, en su mayoría, entre 2,000 y un poco más de 4.000 lempiras.

Calderón, que devenga un salario que ronda los 90.000 lempiras, le ofreció al veterano periodista Mario Valladares Fonseca, una pensión de 1.000 lempiras, cuando al cumplir 60 años éste se presentó a solicitar su jubilación tras más de 20 años de cotizar al sistema. A Valladares Fonseca, le correspondía una pensión superior a 6.400 lempiras, de acuerdo a la ley vigente.

Publicidad

En el año 2017, la institución pagó a unos 12 empleados 3,576,977.31 lempiras en salarios, vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes, de los que  más de 1.3 millones de lempiras le correspondieron a Calderón, o sea casi un 40 por ciento del total.

El IPP entre 1987 y 2017, destinó a gastos administrativos 82.8 millones de lempiras, lo que representa más del 24 por ciento de los 343.6 millones de lempiras que captó el instituto como ingresos corrientes, según informes publicados por el ente.

La desviación de los fondos del IPP para favorecer a la empleomanía, encabezada por Calderón, continúa vigorosa pese a que el presidente de la junta directiva del IPP y del CPH, reelecto en enero para un segundo periodo de dos años, Dagoberto Rodríguez Coello, aseguró que prefería renunciar si descubría que se despilfarraban los fondos del ente de pensiones.

Ese millonario gasto administrativo, se torna escandaloso, pues el IPP tiene únicamente unos 33 jubilados y unos 150 afiliados activos y Rodríguez Coello, asegura que “nosotros no manejamos dinero, el dinero está depositado en el banco”.

Noticia Relacionada: Embaucan a periodistas de Honduras en Instituto de Pensiones

DESPILFARRO Y RENUNCIA

Publicidad

“Yo no voy a permitir (…) antes que se cometa un acto de corrupción, un despilfarro, una situación anómala en el Instituto de Previsión Social, prefiero renunciar de eso y pedir que sean los entes correspondientes que intervengan”, dijo también Rodríguez Coello en un foro en la emisora Radio América el 26 de mayo de 2017.

Pero, evidentemente, Rodríguez Coello, también jefe de redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, ni ha renunciado y tampoco ha ido a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o al Ministerio Público para que se investigue el despilfarro de fondos en el instituto de pensiones de los periodistas.

Ni tampoco que auditen una ilegal resolución de la junta directiva, que modifica la fórmula de cálculo de la pensión, contraria a lo que dice la ley de creación del IPP, y que cercena sustancialmente las pensiones de los periodistas que se acogen a la jubilación, además de la promoción por parte de los directivos de un contrato de adhesión de los afiliados a un fondo privado de pensiones para que se jubilen únicamente con el producto de sus cotizaciones personales.

Rodríguez Coello, que ocupa el cargo de presidente de la junta directiva desde enero de 2017, asegura que los fondos en el IPP se manejan con “transparencia” y “manos limpias”, pero se opone tenazmente a entregar información de las operaciones financieras y administrativas, y someter a la institución a una auditoría por parte de la CNBS.

El ente de pensiones de los periodistas, es el único instituto de Previsión que nunca ha sido auditado por la CNBS, y los directivos se escudan para evitarlo en una inconstitucional interpretación de la ley del ente, aprobada en el Congreso Nacional, que excluye al IPP de la supervisión, control y vigilancia por parte de organismos contralores especializados.

Rodríguez Coello, también empleado del conglomerado de medios Grupo Organización Publicitaria S.A. (OPSA), se ha esmerado en ocultar la información administrativa y financiera presentando ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia tratando de que el Poder Judicial excluya al IPP como sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El IPP es sujeto de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que su decreto de creación establece como una de las fuentes de recursos del ente, una transferencia estatal anual y, hasta el año 2013, captó 53.2 millones de lempiras por este concepto.

El presidente de la junta directiva del IPP, por su reiterada práctica de ocultar información violando la ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, incluso fue sancionado por el IAIP con una multa de 26.723.13 lempiras. En cinco ocasiones el ente fue calificado con cero por ciento por no cumplir con la publicación de su información financiera y administrativa en el Portal Único de Transparencia.

Noticia Relacionada: Aplazan periodistas por ocultar información de ente de pensiones

A su colega y ex presidente de la junta directiva del CPH y el IPP, Eduin Natividad Romero García, el IAIP le impuso también una multa de 8.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al negarse a entregar información administrativa y financiera solicitada por el periodista, Gustavo Palencia.

HISTORIA DE CALDERÓN

Calderón, de 71 años, que defraudó a los periodistas en su aspiración de recibir una pensión digna en el IPP al coronar sus sueños de poder y prosperidad, con un muy buen salario que ronda casi 90.000 lempiras actualmente como gerente, recibe además y de manera simultánea una buena pensión en el INJUPEMP.

Omar Calderón, gerente del IPP.

El gerente, considerado el “cerebro” de las operaciones, respaldado por todos los periodistas directivos que han pasado en el IPP, y otros que se han envejecido en la dirigencia, llegó al ente de pensiones de los comunicadores en mayo de 1987, procedente de la secretaría de Trabajo donde desempeñaba el cargo de Director General de Salarios, gozando de una licencia sin goce de salario hasta octubre del mismo año.

Calderón, tras su estadía experimental de seis meses en la gerencia del IPP, regresó a la secretaría de Trabajo sólo a renunciar para continuar administrando el ente de pensiones de los periodistas, donde alcanzó una vida próspera, pero a costa de las miserables pensiones que reciben los jubilados.

El eterno gerente del IPP, un hombre adusto, alto, grueso, de ojos pequeños y de mirar astuto, no llegó sólo al ente de pensiones, pues con él llevó al menos a otros dos empleados de la secretaría de Trabajo, que también ya están jubilados por el INJUPEMP, pero siguen laborando en la institución.

Calderón se preocupó por jubilarse con una buena pensión en el INJUPEMP y también con el apoyo de los directivos obtener privilegios y buenos ingresos en su estadía en el IPP, golpeando fuertemente las finanzas del ente de los periodistas y la posibilidad de que obtuvieran una pensión digna.

El imprescindible gerente, al igual que los restantes empleados del IPP, estaban afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como correspondía legalmente, pero él quería retirarse con una jugosa pensión, y gestionó la afiliación al INJUPEMP, aunque el ente de los periodistas no era ni es una institución gubernamental.

La petición de incorporación hecha por Calderón al INJUPEMP, es aprobada por la junta directiva del ente estatal el 25 de marzo de 1991, pero es hasta el 25 de enero de 1994, que se firma el convenio entre él y el director ejecutivo del ente de pensiones de los empleados públicos, César Augusto Rivera Medina.

El convenio se suscribió tres días antes de que el presidente Rafael Leonardo Callejas dejó el poder, en medio de cuestionamientos por la corrupción en su administración y sus relaciones comprometidas con grupos del periodismo.

La incorporación del IPP como patrono y sus empleados como afiliados al INJUPEMP, se amparó en el artículo 4 de la ley de ente de pensiones de los empleados públicos, vigente en ese entonces, que dice: “Los telegrafistas, los empleados del Poder Legislativo, Poder Judicial, entidades autónomas y semi-autónomas podrán afiliarse al Sistema bajo las mismas regulaciones que los empleados del Poder Ejecutivo”.

Publicidad

Evidentemente, los empleados del IPP no eran telegrafistas, empleados del poder Legislativo o Judicial, tampoco de una entidad autónoma o semi-autónoma, pero Calderón apoyado por los directivos del ente de pensiones de los periodistas había logrado obtener una mejor jubilación y no la mísera pensión del IHSS.

Este ilegal convenio de incorporación, ya que el personal del IPP no está en la categoría de empleados públicos, golpeó fuertemente las finanzas del ente de pensiones de los periodistas, pues con la adhesión pagó de 209,803.83 lempiras para cubrir de manera retroactiva a 1987, los costos actuariales.

La cantidad pagada ese año, representa a valor presente 712,799.05 lempiras, según la estimación de un actuario. El IPP pagaba en el IHSS como patrono sobre salarios mínimos un 5 por ciento mensual, pero al afiliarse al INJUPEMP, la presión del gasto se incrementó fuertemente.

En el INJUPEMP, el patrono pagaba un 11 por ciento sobre el salario nominal, de manera que si una persona devengaba 20.000 lempiras mensuales, el IPP pagaba 26.400 lempiras anuales, y si el salario era de 10.000 se pagaba 13.200 lempiras por año y si es de 50.000 lempiras, 66.000 lempiras anuales.

Mientras, esta presión sobre los gastos administrativos se mantiene y se incrementa debido a que a partir de 2015, el IPP paga un 12.5 sobre 14 salarios nominales. Esta demanda de gastos contrasta con el sistemático recorte o supresión de beneficios a los periodistas afiliados.

Para el caso, la junta directiva aprobó una ilegal norma en la que la pensión por invalidez se convierte en el pago de un seguro de hasta 500.000 lempiras, violentando la ley del IPP, que establece que este beneficio lo constituye un pago mensual de por vida.

Los directivos del IPP también aprobaron en 1997, el pago retroactivo y adelantado de las prestaciones laborales a sus ejecutivos y empleados, un beneficio que conspira contra las finanzas del ente, al estar teniendo que estar desembolsando anualmente esos recursos, que debieron ser colocados en inversiones.

Esta es una práctica que no aplica ninguno de los otros entes de pensiones del país, que pagan estos beneficios cuando despide a sus empleados o cuando se retiran.

Publicidad
Compartir

Este sitio web utiliza cookies.