Aprobación de ley de masacre laboral prendió con fuerza la indignación en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La maliciosa aprobación de una ley orientada a privatizar los servicios de salud y educación y al despido masivo del personal de estas áreas del sector público, reactivó con intensidad el viernes las marchas de las antorchas en la capital hondureña, con la participación de al menos 7.000 personas.

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La movilización inició a eso de las 5:30 de la tarde en el bulevar Morazán y llegó hasta el centro de Tegucigalpa, con el propósito de protestar en los bajos del Congreso Nacional donde el jueves se aprobó, violentando el proceso legislativo, la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación.

“Esa acta no puede ser ratificada y nosotros nos vamos a encargar, el pueblo se va a encargar para que esa acta no sea ratificada, porque es una afrenta contra el pueblo hondureño”, dijo la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa.

Con su gabacha de médico, Figueroa, salió nuevamente a las calles siempre con su discurso crítico contra corrupción del gobierno y la pretensión de privatizar la salud. Después de leer lo aprobado, apuntó que lo que buscan tanto los decretos de emergencia, aprobados en salud, como la nueva ley, es evitar los pocos mecanismos de control que tiene el Estado.

La presidenta de los galenos aclaró que la lucha emprendida no es para preservar un estatus de un gremio, sino para evitar que se contrate a los prestadores privados de los servidores de salud que “ya están listos para iniciar el negocio”.

Según Figueroa, los interesados en prestar los servicios de salud son parte de los grupos de poder económico que financiaron campañas políticas y ahora serán financiados con compras de emergencia sin la veeduría correspondiente.

Las bases de los docentes y del sector salud, han sido abandonadas por sus dirigentes que, en su mayoría, se han plegado al gobierno y respaldan la nueva ley que catapulta los derechos de los trabajadores. Varios dirigentes obreros han sido beneficiados con medidas distintas a la prisión luego de haber sido acusados de participar en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Al llegar a los bajos del edificio del Poder Legislativo, los agentes policiales que custodiaban la zona para impedir la protesta, procedieron a lanzar gas lacrimógeno y balas de goma, logrando dispersar la movilización y afectando físicamente a varias personas que resultaron con daños en las vías respiratorias y algunas con lesiones, producto de los tropiezos.

“Asesinos, asesinos”, “dictadores, dictadores”, “cárcel para JOH”, “Fuera JOH”, era parte de las consignas que los hondureños gritaban mientras recorrían las estrechas calles del centro de Tegucigalpa.

En la protesta participaron médicos, personal de salud, docentes y ciudadanía en general y que de costumbre sale todos los viernes a protestar en el marco de las marchas de las antorchas, que desde el año 2015 viene exigiendo la salida de Hernández por su participación en el saqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social para financiar su campaña política de 2013.

El gobernante, es hermano de Juan Antonio Hernández, alias “Tony” Hernández, preso en una cárcel de nueva York por cargos de narcotráfico. Los hondureños que protestan vinculan a Hernández con el narcotráfico porque consideran inconcebible que siendo el jefe del Estado, no haya estado enterado de las actividades ilícitas de su hermano, ya que según la fiscalía estadounidense venía participando en el tráfico de drogas desde el año 2004.

En las últimas semanas, el periodista David Romero, que está preso por delitos contra el honor, denunció antes de ir a prisión que la familia presidencial había creado una estructura de oenegés para saquear varias instituciones del Estado.

Medios internacionales como el New York Times han informado mediante reportajes de investigación, que Hernández está salpicado en actos de corrupción y que testimonios de miembros de cárteles de la droga, extraditados y presos en Estados Unidos, han confesado ante jueces que entregaron fondos para la campaña política del gobernante hondureño.

Hernández, resultó electo mediante unas cuestionadas elecciones en noviembre de 2017 las que fueron rechazadas por la ciudadanía hondureña por fuertes indicios de un fraude electoral, constatado por la Organización de Estados Americanos (OEA) —que en virtud que los resultados no eran creíbles—recomendó la repetición de los comicios. Juan Hernández, logró reelegirse en dichas condiciones pese a que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial.

Las protestas continúan este lunes a nivel nacional, por la población en general y estudiantes universitarios que se han sumado a la lucha emprendida por los docentes, médicos y personal de salud, que exigen en la calles al Congreso Nacional el retiro de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación.

El Congreso Nacional ha convocado hoy a las 3:00 de la tarde a los diputados para que en sesión se proceda a la ratificación de las actas. Aunque por otro lado, el Poder Ejecutivo, hábilmente ha garantizado que, para evitar cualquier conflicto, modificará el artículo uno y cinco de los dictámenes de ley.

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