Directivos de periodistas que ocultan información, quieren ser vigilantes de la libertad de expresión

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) pretenden erigirse en vigilantes y garantes de la libertad de expresión, no obstante ser enemigos declarados del derecho a la información, como lo demuestra su sistemática negativa a dar información sobre las operaciones del ente de pensiones de los comunicadores.

Los directivos gremiales de los periodistas proponen ahora, la creación de un observatorio de libertad de expresión, que ellos gestionarían, pese a que han sido sancionados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el pago de multas por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

También, el Colegio de Periodistas busca que uno de los comisionados del IAIP –en proceso de elección en el Congreso Nacional– sea un periodista avalado por la directiva del CPH, como lo consignan en una carta dirigida al diputado Mario Segura, presidente de la bancada del Partido Liberal.

Los dirigentes del CPH, encabezados por Dagoberto Rodríguez, que a su vez es presidente de la directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), se reunieron con la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva, en busca de apoyo para su proyecto de creación de un Observatorio de la Libertad de Expresión.

Directivos de periodistas
Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras dialogan con la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva.

Rodríguez, impulsa la creación del Observatorio en el CPH, pese a que de manera sistemática viola la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y niega a sus colegas periodistas el acceso a información del ente de pensiones, a los que acusa de impulsar una “campaña de desprestigio” contra la dirigencia gremial.

El dirigente y también jefe de Redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, fue sancionado por el IAIP con una multa de 26,732.13 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al negarse a publicar la información financiera del IPP en el Portal Único de Transparencia, operado por el ente encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación.

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Rodríguez, se sumó así al ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, al que previamente se le impuso una multa de 8.000 lempiras, también por violar la ley de Transparencia al negarse a cumplir con la entrega de información financiera y administrativa del ente de pensiones.

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Tras la reunión, el 6 de febrero, en la Secretaría de Derechos Humanos, Dagoberto Rodríguez, dijo a reporteros que “el observatorio de Libertad de Expresión monitoreará permanentemente el ejercicio de este derecho en Honduras con registros diarios de amenazas, intimidaciones y atentados que sufren los trabajadores de la comunicación en su actividad de recoger y divulgar información”.

La Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 lo siguiente:  “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

A su vez, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, dice que  “toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla”.

Es decir, el derecho a la libre expresión abarca también el derecho a recibir información, que es precisamente el talón de Aquiles de los directivos gremiales del periodismo en Honduras, que no reconocen el derecho de los colegas, y de la sociedad en general, a ser informados sobre la forma en que administran el instituto de pensiones, el que, por ley recibe una aportación del Estado.

Los directivos del CPH han configurado su perfil, en materia de libertad de expresión, con una serie de prácticas anti transparencia y de irrespeto del derecho a la información, entre ellas su oposición en el año 2006 a la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la opacidad con la que han administrado durante más de tres décadas el instituto de pensiones y su negativa a dar información, además de las amenazas contra periodistas que les demandan información.

La oposición del CPH a la Ley de Transparencia está recogida en publicaciones del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) — organización que lideró el proceso de incidencia para la aprobación de ese marco jurídico– y en ediciones impresas de periódicos de circulación nacional.

El irrespeto y violación del CPH de la Ley de Transparencia se recoge en más de una veintena de resoluciones del IAIP, que en el año 2015 dictaminó que el ente de pensiones de los periodistas es sujeto obligado de la ley de Transparencia, y que impuso sanciones a los directivos del IPP por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

También, en cuatro evaluaciones consecutivas realizadas por el IAIP, los periodistas directivos del IPP fueron aplazados con (0%), por incumplir la obligación de publicar en el Portal Único de Transparencia, la información financiera y administrativa del instituto de pensiones, que nunca ha sido auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por esa violación, a Dagoberto Rodríguez le impusieron en el 2017 una multa de 26,732.13 lempiras.

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El ente de pensiones de los periodistas, es el peor calificado entre casi 200 instituciones sujetas a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La política anti transparencia del Colegio de Periodistas está documentada en ocho Recursos de Amparo, presentados por Rodríguez, como representante legal del IPP – que tutela por ser el presidente del CPH–, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, que les ordenó entregar información del ente a afiliados que la han solicitado.

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El rechazo a la transparencia de los directivos de los periodistas se evidencia, también, con el lobby que hicieron en el año 2000, en el gobierno de Carlos Flores, para que el Congreso Nacional les otorgara, vía interpretación de la ley de creación del IPP, un fuero especial, al estilo de los regímenes militares, en el que se han escudado para impedir que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)  les audite el ente de pensiones.

El Decreto 59-2000 (inconstitucional, según opinan profesionales del derecho) literalmente dice que “el Instituto de Previsión Social del Periodista es un organismo de derecho público no estatal gremial, sin fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales de conformidad a su ley, no le son aplicables las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas.

Los directivos del CPH que administran el IPP, han demostrado también su irrespeto a la libre expresión, con las amenazas e intimidaciones que han lanzado, incluso en asambleas del Colegio de Periodistas contra los afiliados que, en ejercicio de su derecho a la información, han realizado peticiones de información, y, también, contra periodistas de Criterio.hn por publicar reportajes sobre las negativas de información, y, en general, la falta de rendición de cuentas en el instituto de pensiones.

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Rodríguez ha amenazado con demandar a su colega Gustavo Palencia, que desde 2015 solicita información con poco éxito del IPP, y al periódico digital Criterio.hn por ejercer el derecho a obtener información del ente de pensiones y a publicarla.

ENEMIGOS DE LA TRANSPARENCIA

El directivo, en una asamblea del Colegio de Periodistas el 26 de enero de 2019, en la que fue reelecto por unas 150 personas, de los más de 1.600 afiliados, atacó a Palencia y a otras dos periodistas jubiladas acusándolos de impulsar “una campaña de desprestigio” contra el IPP y sus dirigentes, por recurrir al IAIP a solicitar información, a los tribunales y al Ministerio Público en demanda de justicia.

Periodistas
Los periodistas Gustavo Palencia y Juan Antonio Moncada, realizan una acción de protesta el 26 de enero de 2019, durante la Asamblea del CPH sobre la elección de su Junta Directiva.

Rodríguez en la asamblea olvidó decir que viola el derecho de sus colegas a recibir información y a divulgarla, al negarse a entregar informaciones sobre las operaciones financieras del IPP y rechazar publicarla en el Portal Único de Transparencia. Además, que fue sancionado con el pago de una multa.

Rodríguez y Romero García, se han constituido en una suerte de luchadores contra la transparencia en el IPP, junto al ex presidente del CPH y el IPP, Juan Ramón Mairena, incluso conspirando contra las finanzas del ente al haber desistido desde 2014 a requerir casi 5 millones de lempiras de transferencias estatales, en su afán de no ser sujetos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y evitar ser auditados por la CNBS.

“Son cara dura estos directivos, después de presentar ocho Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar información ordenada por el IAIP y ser multados por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora pretenden ser observadores de la libertad de expresión”, dijo Palencia a Criterio.hn.

Los directivos del IPP, se han gastado más de 400.000 lempiras en pagar abogados y consultores jurídicos, para tratar de eludir el cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un sistema en el que han administrado libremente, y sin ser auditados, más de 380 millones de lempiras.

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En anteriores publicaciones de Criterio.hn se ha documentado que en la gestión del instituto de pensiones de los periodistas, ha habido derroche y despilfarro en gastos administrativos, casi en su totalidad en salarios y beneficios a los ejecutivos y empleados, mientras los jubilados reciben pensiones de hambre.

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No son nuevos los ataques intimidatorios por parte de los directivos del IPP, contra periodistas que acuden a las instancias legales y públicas para solicitar información sobre la administración del ente de pensiones.

AMENAZAS

Eduin Natividad Romero, en una asamblea gremial, el 29 de enero de 2017, al rendir un informe sobre sus dos años en la presidencia de la organización, reveló que investigó en los expedientes de los cuerpos de investigación del Estado, a los periodistas que “hacen daño” a la organización gremial y a su ente de pensiones.

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“Hemos, y yo personalmente lo he hecho, verificado todos los expedientes, se los digo de manera transparente, de colegas que hacen daño a la institución. Y no sólo expedientes en el Colegio, expedientes de instituciones fuera, con instituciones del Estado, los organismos de investigación del Estado”, dijo Romero en la asamblea.

Luego agregó: “Yo lo hice como un reto personal, porque me parecía injusto el ataque que se estaba haciendo de manera abusiva e incorrecta”.  Romero abogó por una limpieza de la membresía de periodistas afiliados al CPH, pero sin  precisar de qué tipo.

“Aquí tienen que pasar procesos para cuidar la institución. Si está limpiando la policía, se le exige a la policía que limpie, pues vamos a exigir, aquí dentro, que se limpie también. Es oportuno, y es urgente, el país se está limpiando y nosotros también necesitamos limpiezas”, dijo Romero García en tono amenazante.

El directivo, que también es funcionario de gobierno, con esta amenaza estaba aludiendo a Palencia y a otros afiliados, lo mismo que a los periodistas de Criterio.hn, que han solicitado al IPP información, y, al no dárselas, presentado recursos de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública.

En la directiva del CPH que preside Dagoberto Rodríguez, fue reelecto también Eduin Romero como presidente del Tribunal de Honor, lo que le permite continuar por un cuarto período en la junta directiva del Instituto de Pensiones.

Romero García se encuentra en condición de desobediencia, porque  no entregó, en tiempo y forma, la información que le fue solicitada en el año 2015 cuando presidía el IPP.

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